Crisis en Avellaneda: la cooperativa de servicios en jaque por una decisión judicial
El concejal Osvaldo Fernández alertó sobre un posible colapso del sistema productivo local y llama a la unidad institucional para enfrentar lo que considera un grave error de la Justicia.
La reciente decisión del juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, que obliga a la Cooperativa de Luz y Fuerza de Avellaneda a continuar prestando servicios a la empresa Vicentín durante 60 días hábiles, ha encendido las alarmas en toda la comunidad. Según advirtió el concejal libertario Osvaldo Fernández, la medida no solo compromete a la cooperativa, sino que pone en riesgo la sustentabilidad del sistema productivo de la ciudad.
La resolución judicial fue dada a conocer en el marco de la asamblea general ordinaria de la cooperativa, celebrada la semana pasada. Allí se presentó el balance anual y se anunciaron cambios en la conducción institucional. Sin embargo, la atención giró rápidamente hacia la situación de Vicentín y el impacto del fallo que fuerza a la cooperativa a sostener el suministro eléctrico.
“Estamos profundamente preocupados. No solo por la viabilidad de la cooperativa, sino por toda la ciudad de Avellaneda”, manifestó en diálogo con El Liberador, el edil Osvaldo Fernández. “La cooperativa abastece de energía eléctrica y agua potable a toda la comunidad y a su entramado industrial. Esta medida judicial representa un misil directo al corazón productivo de la región”, detalló.
Fernández calificó la resolución de Lorenzini como “una locura” y llamó a todas las instituciones intermedias, al municipio y a los sectores empresariales a unirse en defensa de la cooperativa. “Hay que convocar con fuerza. Que todos sepan lo que está en juego. Esto no puede tratarse como un simple conflicto entre la justicia y una empresa: afecta directamente a miles de personas y a la economía local”, afirmó.
El concejal remarcó que la crisis actual es el resultado de una cadena de errores judiciales. Recordó que hace tres años se había alcanzado un acuerdo entre Vicentín y sus acreedores, con el compromiso de ingreso de capital por parte de las empresas Bunge, Viterra y ACA. El pacto contemplaba un aporte de 500 millones de dólares y el traspaso del 95% del paquete accionario, dejando a la familia Vicentín con una participación minoritaria.
“Ese acuerdo fue trabajado entre privados, como establece la ley de concursos. Solo faltaba que la justicia lo homologara. Pero no lo hizo. La dilación judicial quebró el proceso. Hoy estamos viendo las consecuencias de no haber resuelto a tiempo. La justicia no garantizó el debido proceso ni el cumplimiento de la ley”, denunció.
Además, cuestionó duramente la falta de acción del gremio aceitero. “¿Dónde estuvo el sindicato hace tres años, cuando había que presionar para que se homologue el acuerdo? Hoy los trabajadores de Vicentín están preocupados, pero el momento de actuar era entonces. Ahora estamos frente a un parche que nos vuelve a colocar al borde del abismo en dos meses”.
Según Fernández, la comunidad no puede seguir dividida. “Lo que necesitamos es unidad. Sin banderas políticas, sin diferencias. La onda expansiva ya alcanzó a la cooperativa. No estamos hablando solo de Vicentín. Hoy peligra el funcionamiento de un servicio esencial para miles de familias y para las industrias que dan empleo”, lamentó.
También apuntó a un presunto desgaste intencional generado por la justicia a lo largo del proceso. “Todo se fue deshilachando. Los sectores que defendían la propiedad privada se dividieron, se cansaron. Y mientras tanto, las decisiones judiciales fueron deteriorando el tejido social. La justicia debería haber sido garante de una salida ordenada. En cambio, permitió que llegáramos a este punto crítico”.
A pesar de la gravedad del escenario, Fernández insistió en la necesidad de articular una respuesta colectiva. “Esto se soluciona con fuerza institucional. Debemos visibilizar el problema en todos los medios, generar presión social, mostrar que hay una comunidad entera peleando para que se respeten los derechos, se garantice el servicio y se recupere la sustentabilidad de la cooperativa”.
Por ahora, no hay una convocatoria formal para coordinar acciones conjuntas, pero el mensaje fue claro:
“Esto no puede seguir así. Hay que abrir el juego, que la cooperativa cambie su postura y convoque. Hoy salgo yo a hablar, mañana otro. Así hasta que logremos torcer una decisión judicial que atenta contra el bienestar de toda Avellaneda”.
