Avanza la agenda comunista en Santa FePullaro y el ‘Defund the Police’ a la santafesina: reemplazo de comisarías por centros de denuncias
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, decidió cerrar comisarías en Rosario —entre ellas la 14, 17, 20 y Sub 22— argumentando que ya no tienen presos, dado que estos fueron trasladados a unidades penitenciarias. Sobre el papel, puede parecer una medida lógica para liberar móviles policiales y reforzar la presencia en las calles. Pero no todo es tan claro: varias lecturas se abren paso, y algunas dejan un sabor amargo.
Por un lado, hay quienes ven con buenos ojos que la policía deje de ser carcelera y vuelva a las calles, especialmente en una ciudad tan golpeada por la violencia como Rosario. Pero surge una pregunta clave: ¿cómo pretende Pullaro mejorar la eficacia de una fuerza que cobra sueldos de miseria, que tiene escasa capacitación y que muchas veces trabaja sin recursos? Si el objetivo es tener más presencia policial real, el primer paso debería ser mejorar los salarios y la formación de los agentes, no cerrar comisarías y llenar esos espacios con burócratas.
Aquí aparece la otra cara del asunto. Según fuentes locales, en la comisaría 14 (Marcos Paz y Unidas) se instalará un Centro Territorial de Denuncias. Y ya muchos vecinos sospechan que eso no es más que una excusa para acomodar militantes del oficialismo. Porque si el argumento es que “las comisarías no sirven sin presos”, ¿desde cuándo una comisaría solo sirve como calabozo? ¿Y desde cuándo un centro de denuncias requiere tanto personal político?
El peligro es doble: por un lado, se desmantela la estructura policial de cercanía, y por el otro, se refuerza la presencia de militantes que responden a un poder político con vínculos propios con el delito, aunque de guante blanco. El mismo que reparte cargos, controla licitaciones y maneja fondos públicos como si fueran propios. En otras palabras: se reemplaza una forma de delincuencia por otra, solo que esta última escribe las reglas.
Este tipo de maniobras recuerda inevitablemente al avance silencioso de los sistemas totalitarios. En lugar de mejorar las instituciones que sostienen el orden, se las vacía desde adentro y se las reemplaza por estructuras políticas funcionales al poder. Como en la novela 1984 de George Orwell, se redefine el rol de las instituciones, se manipula el lenguaje —“centro de denuncias” en lugar de comisaría— y se reemplaza la vigilancia del crimen por el control ideológico del territorio.
Lo que en el discurso se presenta como una mejora, en los hechos puede significar el retroceso institucional más peligroso: el reemplazo de una fuerza de seguridad (deficiente, sí, pero reformable) por una red de operadores políticos con acceso privilegiado al poder y a los recursos públicos.
Esto remite inevitablemente al concepto de Defund the Police que impulsó la izquierda norteamericana y el progresismo global: quitarle poder, presencia y presupuesto a las fuerzas del orden para transformarlas en entidades testimoniales. En Santa Fe no se le quitó presupuesto a la policía —todavía—, pero no se le subió el sueldo, no se la capacitó y se la sigue usando como chivo expiatorio mientras los verdaderos recursos van a parar a oficinas que funcionan como agencias de empleo político.
En definitiva, si Pullaro estuviera verdaderamente preocupado por la seguridad, no estaría cerrando comisarías para poner centros de denuncia con punteros, sino mejorando el salario, la formación y el equipamiento de los policías que patrullan el barro todos los días.
La inseguridad no se combate vaciando edificios y reubicando nombres en planillas. Se combate con profesionalismo, decisión y recursos bien asignados. Y, sobre todo, no entregando los barrios al control de la política partidaria que también tiene su historial de impunidad.
Porque una cosa es limpiar la comisaría. Otra muy distinta es darle la navaja al mono y esperar que cuide el barrio.
