Escándalo: Pullaro asignó $4.000 millones a nuevas ONGs evangelistas a días de ser creadas por ¡Aliados políticos!
Asignadas a dedo, creadas días antes y con domicilios en casas y departamentos particulares: las asociaciones civiles favorecidas por el gobierno de Santa Fe recibieron miles de millones sin estructura ni funciones reales en la lucha contra las adicciones.
Durante 2025, el gobierno de la provincia de Santa Fe, encabezado por Maximiliano Pullaro, quedó en el ojo de la tormenta tras una serie de denuncias legislativas y mediáticas que expusieron un presunto circuito de desvío o uso discrecional de fondos públicos destinados a la prevención del consumo de drogas y adicciones.
Las acusaciones apuntan directamente a la Agencia Provincial de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (APRECOD), a cargo de Luciano Sciarra (recuerden este nombre), evangélico hombre de confianza del diputado Walter Ghione dependiente del Ministerio de Gobierno, que gestiona el programa “Redes de Cuidado”. Este plan provincial canaliza recursos hacia asociaciones civiles y organizaciones sociales supuestamente comprometidas con proyectos de prevención y acompañamiento comunitario.
Sin embargo, en agosto de 2025, comenzaron a detectarse transferencias multimillonarias a entidades recién creadas, sin trayectoria, sin infraestructura y con estrechos vínculos políticos. Según documentación revelada por diversos medios, entre 2024 y 2025 APRECOD transfirió más de $4.000 millones a una red de asociaciones de dudosa trayectoria, varias de ellas conectadas con el partido Una Nueva Oportunidad (UNO), liderado por el pastor y diputado Walter Ghione, aliado del oficialismo. La única ONG que estaba creada desde hacía un tiempo (2015) es la Asociación Civil Sinergia Ciudadana, fundada por, qué casualidad, Luciano Sciarra, el hombre encargado de elegir a quién asignar estos multimillonarios recursos.
El mecanismo repetido
En la mayoría de los casos, se detectó un patrón común:
- Se constituían asociaciones civiles nuevas, muchas con vínculos religiosos o políticos.
- A las pocas semanas, firmaban convenios directos con APRECOD bajo el programa “Redes de Cuidado”.
- Recibían montos desproporcionadamente altos en relación con su nula capacidad operativa.
- No existían registros de ejecución, campañas o resultados verificables.
- Los domicilios son casas o departamentos particulares sin ninguna función social.
El mecanismo ha sido descripto como una “asignación acelerada y discrecional de fondos públicos”, donde la afinidad política pesó más que la idoneidad para abordar problemáticas tan sensibles como las adicciones.
Asociaciones en la mira
1. Asociación Civil Perseverar
- Constitución: 31 de enero de 2025.
- Domicilio: España 713, 8.º D, Rosario (departamento particular).
- Monto recibido: $1.033 millones
- Observaciones: Firmó convenio apenas dos meses después de ser creada. No registra antecedentes ni actividad pública comprobable.
2. Asociación Civil Rockas Vivas
- Constitución: Marzo de 2025, en Rafaela.
- Presidente: Laura Ruth Callejas, esposa del pastor Carlos Cruzado candidato en Rafaela por la coalición Unidos.
- Monto recibido: Aproximadamente $900 millones.
- Observaciones: Sin antecedentes verificables ni informes de ejecución. Una de las entidades más cuestionadas.
3. Cooperativa de Trabajo OLH (Carcarañá)
- Registro: Desde 2024.
- Monto recibido: $675 millones
- Observaciones: No se hallaron evidencias públicas de trabajos comunitarios. Su objeto social no guarda relación con adicciones.
4. Asociación Civil Sinergia Ciudadana
- Constitución: 2015 bajo la presidencia de Luciano Sciarra, actualmente secretario de APRECOD, agencia encargada de designar a quien subsidiar.
- Observaciones: Si bien tiene más antigüedad, no registra actividad reciente. Los fondos se asignaron sin licitación pública.
El nexo político-religioso: Pullaro, Ghione y los Sensini
Detrás de este esquema aparece una estrecha alianza político-religiosa en la provincia. El gobernador Pullaro mantiene vínculos cercanos con sectores del evangelismo de la mano del diputado Walter Ghione y del pastor David Sensini. Ghione, además de legislador, es un pastor pentecostal que lidera el partido UNO e integra la coalición de gobierno. Recién asumida la gestión de Pullaro a fines de 2023, Ghione colocó a un hombre de su confianza, Luciano Sciarra, al frente de APRECOD. Con esto, la conducción de los programas de adicciones quedó políticamente alineada con UNO. Asimismo, Ghione asumió la administración del sistema penitenciario juvenil provincial, consolidando la injerencia de líderes evangélicos en áreas sociales sensibles.
Por su parte, los pastores David y Oscar Sensini son referentes importantes del movimiento evangélico en Rosario. Oscar Sensini tiene más de 30 años de labor pastoral y fue pionero en el ministerio carcelario en la provincia; en 2023 recibió un diploma de honor de la Legislatura por su trabajo de reinserción social con personas privadas de la libertad, en un acto encabezado por el propio Ghione. Su hijo, David Sensini, continúa ese legado desde la Iglesia Redil de Cristo –una de las congregaciones evangélicas más grandes de Rosario– y participa activamente en políticas públicas: es asesor ad honorem de la vicegobernadora Gisela Scaglia. Tanto Ghione como David Sensini han manifestado que la comunidad de fe debe involucrarse en la esfera pública para atender problemáticas sociales (adicciones, violencia, cárceles) donde el Estado por sí solo no da abasto. “Walter (Ghione) le abrió un camino a la iglesia evangélica. Hizo que nos animemos a estar en lugares donde la iglesia antes no quería involucrarse”, declaró David Sensini sobre el rol político de su colega. Claro, esta forma de pensar está vinculada a la asignación de recursos que obtenía del Estado para ayudas sociales que entregaba discrecionalmente y de las que hay muchas versiones respecto al modus operandi de estas «ayudas sociales» (profundizaremos).
Esta afinidad entre Pullaro, Ghione y los Sensini se puso de manifiesto en diversos eventos. Por ejemplo, en junio de 2023, antes del cambio de gobierno, Walter Ghione entregó personalmente la distinción legislativa al pastor Oscar Sensini, en presencia de autoridades provinciales de todos los signos. Ya con Pullaro en el poder, la vicegobernadora Scaglia (su compañera de fórmula) no dudó en mostrarse junto a líderes evangélicos en actividades multitudinarias de la feligresía. Claramente, la iglesia evangélica santafesina pasó a ser un actor protagonista dentro del esquema de poder: “No es sorpresa para nadie que este espacio político representa a la comunidad cristiana-evangélica, y tampoco que sus instituciones hoy trabajen junto con el Estado”, admitió el propio Ghione al responder las acusaciones en la Legislatura.
Palau: el festival evangelista de Rosario, posible punta del iceberg de los fondos públicos discrecionales
Este entramado también ayuda a explicar uno de los episodios más llamativos del año: el festival evangelista multimillonario realizado en el Monumento a la Bandera, en Rosario. El evento, encabezado por los pastores David y Oscar Sensini —referentes del espacio Una Nueva Oportunidad— y respaldado políticamente por el diputado Ghione, se llevó a cabo sin que se conocieran con claridad los mecanismos de financiación. Ahora, conociendo las transferencias directas de APRECOD a entidades sin control y con fuertes vínculos político-religiosos, el misterio del origen de los fondos empieza a disiparse. Todo parece formar parte de una red donde religión, política y dinero público se entrelazan sin transparencia, bajo el amparo del gobierno de Pullaro.
Un entramado opaco
El total de fondos bajo observación es casi de $4.000 millones, distribuidos entre menos de diez entidades. Todas fueron beneficiadas mediante resoluciones ejecutivas de APRECOD con aval del Poder Ejecutivo, sin convocatorias abiertas ni controles visibles.
Aunque el gobierno provincial insiste en que los convenios fueron legales y validados por la Contaduría General, los hechos exponen un sistema poco transparente, con serias sospechas de clientelismo y direccionamiento político.
No se han publicado auditorías ni informes técnicos. Tampoco se observan campañas, talleres, ni actividades públicas vinculadas al uso de los fondos. Varias de las asociaciones no cuentan siquiera con sedes físicas o personal identificado.
Una bomba política
Este esquema de financiamiento oscuro golpea de lleno al corazón de la gestión Pullaro, en un área tan sensible como la prevención de adicciones. La falta de control, la discrecionalidad y los vínculos político-religiosos detrás de las asignaciones han encendido las alarmas éticas e institucionales en la provincia. Y si no se clarifican las irregularidades, la polémica promete escalar en los estrados judiciales.
