Cococcioni intenta tapar el sol con la mano minimizando el gigante acuartelamiento policial y amenazando por medios de comunicación comprados
A las 8 de la mañana de este martes 10 de febrero, el ministro de Seguridad Pablo Cococcioni salió a hablar desde Rosario con un mensaje que buscó ordenar el caos a fuerza de “línea dura”: el reclamo es “legítimo”, sí… pero, según su versión, se “montaron” grupos, hubo “acciones violentas y antijurídicas”, abandono de servicio y patrulleros paralizados. La respuesta, anunció, será ejemplificadora: al menos 20 efectivos pasarán a disponibilidad y les retirarán el arma reglamentaria y el chaleco antibalas.
El problema es que el relato oficial nació viejo. Porque mientras Cococcioni hablaba de “no menos de veinte unidades” afectadas, en la puerta de Jefatura la escena era otra: la protesta seguía creciendo en vivo. El Liberador reportó más de 120 patrulleros frente a la Unidad Regional II y “más de 400” policías en la zona, incluso mientras se desarrollaba la conferencia. Medios de Buenos Aires describieron el “sirenazo”, los forcejeos y la tensión con una postal que no entra en ningún recuadro prolijo: decenas de móviles alineados, sirenas constantes y un conflicto que dejó de ser de familiares para pasar a ser de la propia fuerza.
Pero lo más delicado es que tampoco fue sólo Rosario. En las últimas horas el reclamo se replicó en la ciudad de Santa Fe frente a la Casa de Gobierno y se extendió por el mapa provincial: Rafaela, Reconquista, Venado Tuerto Tostado, Recreo y Vera, entre otras localidades, con protestas y acuartelamientos informados por distintos medios. En otras palabras: el ministro eligió contar “20 móviles” cuando la provincia estaba viendo —y filmando— otra cosa.
La decisión política, entonces, no parece apuntar a descomprimir sino a disciplinar. “Disponibilidad”, “retiro de armas”, advertencias penales, acusaciones de “desestabilización”: el manual completo. Y en esa lógica, el gobierno juega una carta peligrosa: si convertís un reclamo masivo en un expediente, ganás tiempo en el escritorio… pero podés perder la calle. Porque la seguridad pública no se sostiene con comunicados: se sostiene con una fuerza que no se sienta tratada como descartable.
En el medio aparece el otro actor que hoy queda expuesto: el sistema mediático. La mañana abrió, en buena parte, con titulares clavados en la conferencia y en la versión oficial —“pases a disponibilidad”, “acciones violentas”, “abandono de servicio”— como si lo único relevante fuera lo que el gobierno dice de sí mismo. El problema no es cubrir al ministro: el problema es cubrir sólo al ministro. Cuando la cobertura se vuelve ventanilla única, el periodismo deja de informar y pasa a administrar daño.
Por eso, a nivel nacional, se entiende el clima de época: el presidente Javier Milei viene escalando su confrontación con la prensa y hasta impulsó una “Oficina de Respuesta Oficial” con el argumento de “desmentir operaciones” y “mentiras de los medios”, una decisión que ya generó polémica por su impacto sobre el ecosistema informativo. No hace falta estar de acuerdo con todas las formas para reconocer el síntoma: se rompió el pacto de credibilidad, y cuando eso pasa, la sociedad busca la verdad en otro lado —en videos, en chats internos, en transmisiones en vivo— aunque sea un terreno más caótico.
Lo que hoy se está jugando en Santa Fe no es un bonus ni una planilla de adicionales: es quién doblega a quién. El gobierno apuesta a quebrar el reclamo con sanciones, miedo y escarmiento. La fuerza, si se planta unida, apuesta a dejar en evidencia a una conducción política que pide “orden” mientras empuja a su propia policía al límite. Y cuando esa pulseada se vuelve frontal, el costo no lo paga un ministro: lo paga la provincia entera.
