Rosario: policías de Santa Fe y familiares se plantaron frente a Jefatura y denuncian sueldos de pobreza, abandono y aprietes

Policías y familiares se movilizaron frente a la Jefatura de Rosario y rechazaron la “solución” del gobierno provincial: pluses selectivos y adicionales que no integran el sueldo básico y funcionan como parche para el relato. Denuncian sueldos de pobreza, falta de contención psicológica, aprietes internos y una cobertura mediática que replica a Cococcioni pero silencia a los agentes y a las familias golpeadas por los suicidios.

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La postal frente a la Jefatura de Rosario fue imposible de disimular: policías, retirados y familiares concentrados en la puerta, acompañados por el respaldo de móviles que se sumaron en caravana como forma de protesta. La escena no nació de una “incomodidad pasajera”, sino de un hartazgo acumulado por condiciones laborales que describen como catastróficas: jornadas extenuantes, desgaste psicológico sin contención real y salarios básicos que, según denuncian, quedaron por debajo de lo necesario para vivir.

Frente al reclamo, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, presentó lo que el gobierno vendió como un “plan integral de bienestar”: suplementos para personal operativo en calle, medidas sobre salud mental, transporte, alojamiento y otros ítems, con el eje puesto en quienes trabajan en “zonas críticas”. El anuncio fue amplificado como si se tratara de una solución de fondo, pero dentro de la fuerza el clima fue otro: rechazo casi total. Para muchos agentes, lo anunciado no es una mejora real sino una burla útil para el relato, porque evita tocar el problema central: el sueldo básico.

El punto más cuestionado es el corazón de la maniobra: presentar como “aumento” un esquema de adicionales y pluses que no corrige el salario base, y que además es selectivo, discrecional y geográficamente limitado. La salida “fácil” —aumentar adicionales— es, para los manifestantes, una trampa semántica: no implica que la provincia ponga más plata al bolsillo como parte del salario. En el Servicio de Policía Adicional, el pago lo realiza el requirente (privado u organismo) y debe abonarse por anticipado, según la normativa provincial. Dicho simple: vender “adicionales” como aumento estructural es correr el foco, porque el costo no lo asume el Estado provincial como recomposición salarial genuina.

Con los “pluses” pasa algo peor: no son automáticos, no son para todos, no integran el básico y dependen de asignaciones y aprobaciones. Según lo anunciado, estarían concentrados en personal de calle y en zonas críticas (Rosario y Santa Fe capital), lo que deja afuera al interior y también a quienes trabajan en comisarías, guardias y tareas administrativas que sostienen el sistema. Dentro del propio reclamo se repite un dato explosivo: hay agentes con años en la calle que aseguran no haber cobrado jamás esos pluses pese a cumplir funciones operativas. Y ahí aparece la sospecha que enciende la bronca: un esquema que termina repartiendo “beneficios” a cuenta gotas, para pocos “elegidos”, mientras el básico sigue siendo una miseria para todos.

En el medio, los manifestantes agregan lo que muchos funcionarios nunca mencionan en conferencia: el costo de trabajar se traslada al propio policía. Denuncian que se les exige uniforme pero se los cobra, que deben afrontar gastos vinculados al servicio y que incluso ante choques o roturas de móviles, el agente queda expuesto a pagar arreglos. Todo eso, dicen, mientras el poder político ensaya anuncios “integrales” que suenan bien en TV, pero no cambian la cuenta del almacén ni el alquiler.

El medio más pautero de la provincia, el diario La Capital, pone como noticia central la palabra de los políticos y nada del reclamo de los agentes policiales

La tensión no quedó solo en lo salarial. Quienes estuvieron presentes sostienen que los agentes que se muestran en estos reclamos corren riesgos reales de sanciones o expulsión, y que ese temor es parte del mecanismo disciplinador: la amenaza como herramienta para apagar el descontento antes de que se vuelva masivo. En esa línea, también afirman que Cococcioni bajó a la puerta, exigió que no se obstaculice el ingreso, los trató de “delincuentes” por el bloqueo y dejó en claro que “no tenía nada que hablar” con ellos. Para familiares que fueron a pedir ayuda tras suicidios y episodios extremos dentro de la fuerza, esa actitud fue leída como un mensaje brutal: cero empatía, cero escucha y máxima línea dura hacia adentro.

Y cuando el gobierno necesita sostener ese relato —el de un plan “histórico”, de un “reconocimiento” y de mejoras en marcha— entra en juego el engranaje que los manifestantes señalan como clave: los grandes medios. La crítica no es solo por “cómo lo cuentan”, sino por lo que eligen no contar. Según denuncian policías y familiares, los medios más grandes (los que dominan agenda en Rosario y en la provincia) replican casi exclusivamente las declaraciones del gobierno y los comunicados oficiales, pero no le dan voz a los agentes afectados ni a los familiares que cargan con tragedias recientes. En ese esquema, dicen, no hay notas a madres, esposas o hermanos de policías que se suicidaron; hay micrófono y cámara, una y otra vez, para el ministro explicando su paquete de medidas —medidas que, puertas adentro, los mismos policías describen como una burla.

En el interior de la provincia (Rafaela en este caso) la intensidad de la noticia pro gobierno es idéntica al de los grandes medios. Toneladas de dinero arrojadas a los medios de comunicación para que abedezcan el relato del gobierno de Pullaro

El resultado es el corazón del escándalo: las fuerzas de seguridad —las mismas que el gobierno necesita para sostener su “modelo”— dicen públicamente lo contrario de lo que el poder político intenta instalar, pero el circuito mediático dominante se limita a “lavar la cara” con la versión oficial, sin confrontarla con testimonios, recibos de sueldo, condiciones reales de trabajo o la palabra de quienes están quebrados por dentro.

En Santa Fe, como tantas veces, radicales, socialistas y kirchneristas terminan actuando como lo mismo: el partido del Estado disfrazado de distintos colores, que prioriza el control del relato antes que hacerse cargo del costo humano de sus decisiones. Y cuando la policía —la primera línea— rompe el libreto y se planta, la respuesta vuelve a ser la de siempre: anuncios que no tocan lo de fondo, amenazas para disciplinar y un coro mediático que habla con políticos… pero no con los policías.

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