Exfuncionario policial Antinori detalla las condiciones de trabajo en el norte santafesino y desata una controversia
El oficial Antinori volvió a apuntar contra el ministro de Seguridad Pablo Cococcioni y puso bajo la lupa el “bastión” de Maximiliano Pullaro: denunció comisarías del departamento 9 de Julio con carencias básicas, móviles sin comunicación y gastos de funcionamiento que terminarían siendo cubiertos por el propio personal policial.
La seguridad fue presentada como el proyecto emblemático del gobierno provincial. El gobernador Maximiliano Pullaro construyó buena parte de su relato político sobre un eje claro: orden, presencia, patrullaje, móviles nuevos. En cada anuncio, en cada acto, la misma postal: uniformes, sirenas, entrega de unidades, cámaras encendidas. Un mensaje directo hacia la ciudadanía: el Estado está.
Pero esa imagen —según denuncia el oficial Antinori, ex funcionario policial— tiene un reverso que no entra en la foto. Un reverso que, puertas adentro y especialmente en el departamento 9 de Julio, expone una cadena de falencias que van desde lo edilicio hasta lo operativo, pasando por un punto que, de confirmarse, resulta explosivo: la comisaría funciona con la “vaquita” del propio personal.
“¿Sabe la gente quién paga internet en una comisaría?”, lanza Antinori en una de sus declaraciones. Y responde sin vueltas: lo paga el personal. No como excepción, sino como regla. Porque para tramitar diligencias, imprimir actuaciones o sostener comunicaciones mínimas, se necesita conexión. Y en varias dependencias, esa conexión no la garantiza el Estado: la bancan los policías.
La seguridad como bastión y el sistema “blindado”
Antinori describe un clima de persecución institucional y temor a represalias. Según su testimonio, el personal no habla públicamente porque “si habla, listo: toman represalia”. En ese esquema, las carencias quedan encapsuladas, y el sistema se mantiene “blindado” para que no se vean las fallas.
La denuncia apunta a una contradicción de fondo: se refuerza lo visible (móviles, presencia, anuncios), mientras lo esencial —lo que hace funcionar a una comisaría todos los días— queda en condiciones precarias.
Gasto de funcionamiento… pero con plata del policía
El ejemplo que pone Antinori es simple y brutal: internet. Pero no es el único. En su relato, el “gasto de funcionamiento” termina siendo un eufemismo que se traduce en una transferencia silenciosa de costos hacia el efectivo operativo.
Si se pincha una rueda del móvil, explica, hay que ir a la gomería. ¿Quién paga el emparche? El chofer y el acompañante. Se pincha, se arregla, se paga y se vuelve a patrullar.
En ese punto, Antinori introduce una idea que deja en evidencia lo que considera la raíz del problema: si el Estado no cubre esos costos, al menos debería existir un plus salarial destinado a logística operativa. Un reconocimiento formal en el recibo de sueldo que cubra aquello que hoy se termina cubriendo de manera informal y forzada.
Comisarías que se llueven y oficinas sin insumos
La precariedad, según el testimonio, no se limita a lo económico. Antinori describe un deterioro edilicio que roza lo inaceptable: “entrás a una comisaría y se llueve; los días de lluvia te llueve más adentro que afuera”.
A eso se suman carencias básicas: impresoras, tóner, hojas, herramientas mínimas para el trabajo administrativo diario. Y cuando no hay, otra vez aparece el mismo mecanismo: la vaquita. “¿Cómo hace el personal para limpiar una comisaría?”, plantea. Y responde: compran entre todos una escoba, un trapo de piso, lavandina, productos de limpieza. Ponen de su bolsillo.
En su lógica, si el sistema funciona así, debería al menos quedar explicitado: un “plus para productos de limpieza” en el recibo, un reconocimiento que blanquee lo que hoy está oculto bajo la informalidad.
La denuncia que más impacto genera es la que refiere a los móviles policiales: Antinori sostiene que hoy no tienen equipos de comunicación. Ni en las comisarías, ni en los patrulleros, ni en las antenas de frecuencia. Y eso, en términos operativos, significa un retroceso peligroso.
La escena que describe explica por qué muchas veces se ve a un agente en un móvil usando el celular. No sería un “descuido” ni una cuestión de comodidad, sino una consecuencia directa: usan el celular para comunicarse con sus camaradas, porque el sistema oficial de comunicaciones no estaría funcionando.
Patrullar sin comunicación es patrullar a ciegas. Es no poder coordinar, no poder pedir refuerzos en tiempo real, no poder sostener operativos con eficacia, y exponer al personal a riesgos innecesarios.
La ayuda de la comunidad, prohibida por “imagen”
Otro punto que alimenta la polémica es el de las donaciones. Antinori afirma que hay comerciantes y vecinos dispuestos a colaborar: “tengo una impresora, no la uso, la dono”. Pero sostiene que está prohibido aceptar esas donaciones. ¿El motivo? “Porque queda mal”. Habría una bajada de línea para evitar que la imagen institucional muestre necesidad.
La consecuencia es doble: la comunidad ve el deterioro y quiere ayudar; el personal necesita herramientas para trabajar; pero desde la conducción se prioriza la imagen por sobre la solución práctica.
Y esa contradicción se vuelve visible incluso para quien va a denunciar: un sumariante “renegando con una computadora que no anda, con una impresora que no imprime”. Lo cotidiano termina delatando lo que el discurso intenta tapar.
El núcleo de esta discusión no es corporativo. Si una comisaría opera con internet pagado por sus policías, si un patrullero depende de un celular para comunicarse, si la limpieza básica se sostiene con aportes personales y si el edificio se llueve más adentro que afuera, el problema no es de “clima interno”: es de seguridad pública.
Impacta en la respuesta ante delitos, en la prevención, en la coordinación con el Ministerio Público Fiscal y en la capacidad real del Estado para sostener una política de seguridad que no sea solo puesta en escena.
La denuncia de Antinori pone el foco donde incomoda: en el contraste entre la seguridad “para la foto” y el funcionamiento real de la estructura policial, especialmente en el interior. Y deja una pregunta abierta, difícil de esquivar: si el proyecto emblemático es la seguridad, ¿cómo se explica que lo básico no esté garantizado y que el costo operativo termine en el bolsillo del policía?
Cuando el Estado no cubre lo mínimo y, además, se “blinda” el sistema para que no se vea, el problema deja de ser administrativo. Pasa a ser estructural.
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