La Libertad Avanza Rosario busca liberar Uber en una de las ciudades más atrasadas del país en el tema
El bloque de concejales de LLA propone un cambio de paradigma para terminar con el modelo de ‘servicio público’ y establecer la libertad tarifaria en Rosario
En un giro histórico hacia la modernización, los concejales de La Libertad Avanza (LLA) han presentado un proyecto de ordenanza (Expte N: 278513-P-2026) que busca terminar con años de estancamiento en el transporte rosarino. La iniciativa propone regular el Servicio Privado de Transporte a través de Plataformas Electrónicas (SPTPE) bajo principios estrictos de libre mercado y desregulación, reconociendo finalmente que el transporte es un contrato entre privados y no un «servicio público» que requiera la tutela asfixiante del Estado.
¿Por qué festejamos esta iniciativa?
Desde nuestra perspectiva, este proyecto es un avance fundamental por diversas razones:
- Adiós al precio político: Se establece la libertad tarifaria, prohibiendo que el municipio fije precios máximos o mínimos. La tarifa dinámica será la encargada de equilibrar la oferta y la demanda.
- Fin de los privilegios corporativos: Los taxistas y remiseros podrán sumarse a las plataformas sin perder sus habilitaciones, fomentando una competencia real.
- Inclusión de las dos ruedas: Por primera vez se formaliza el transporte de pasajeros y mensajería en motovehículos, ampliando las opciones de movilidad económica para los ciudadanos.
- Seguridad y Transparencia: El sistema garantiza la identificación del conductor y el seguimiento por GPS en tiempo real, algo que el sistema tradicional nunca pudo ofrecer con eficiencia.
El camino hacia un impacto económico real: Lo que falta
Si bien celebramos el avance, para que el impacto económico sea verdaderamente transformador y represente un libre mercado real, existen aristas que deben reconsiderarse. La libertad no puede ser a medias:
- El «Salario Mínimo» de los vehículos: Imponer una antigüedad máxima de 15 años para autos y 10 para motos es una restricción arbitraria sobre la propiedad privada. Al igual que el salario mínimo excluye a los trabajadores menos productivos, esta norma «corta por lo más bajo», dejando sin fuente de ingresos a quienes solo poseen un vehículo de mayor antigüedad (aunque esté en perfecto estado) y privando a los usuarios más pobres de acceder a servicios más económicos.
- Regulación de las Apps, no del Estado: Deberían ser las propias aplicaciones las que regulen el tipo de vehículo que desean utilizar en su flota según la demanda de sus clientes, no un burócrata en una oficina municipal.
- Barreras a la competencia y el «traje a medida» para los gigantes: Al presentar requisitos que coinciden exactamente con los estándares actuales de empresas como Uber (como la cilindrada mínima de 110 cc o los años de antigüedad), el Estado está cerrando el mercado. Esto quita la posibilidad de que nuevas empresas locales o startups puedan insertarse para competir con un «monstruo» ya instalado, ofreciendo quizás modelos de negocio alternativos o vehículos distintos.
- Burocracia persistente: La obligatoriedad de inscribirse ante el municipio y presentar constancias de ARCA (AFIP) sigue siendo un ancla estatista que frena la agilidad de la economía digital.
En conclusión, el proyecto de los concejales Aleart, Enriquez, Lencina, Volpe y Arias es un paso valiente para sacar a Rosario del atraso. Sin embargo, para que la libertad sea total, el Estado debe terminar de soltar las manos de los ciudadanos y permitir que sea el mercado —conductores y usuarios— quien decida cómo, en qué y a qué precio viajar.
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