Sánchez saquea 286,7 millones del Fondo de Contingencia para mantener a inmigrantes ilegales

El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó destinar 286,7 millones de euros del Fondo de Contingencia —dinero reservado para emergencias de todos los españoles— a financiar vuelos charter, comida halal, alojamiento y asistencia integral para inmigrantes ilegales llegados a Canarias.

ChatGPT Image 19 mar 2026, 12_13_00 p.m.

El Consejo de Ministros autorizó la aplicación del Fondo de Contingencia por un importe de 286.715.807,32 euros, solicitados por la Secretaría de Estado de Migraciones para cubrir lo que el Ejecutivo denomina necesidades «ineludibles e inaplazables» dentro del programa 231H Acciones en favor de los inmigrantes.

Traducido al lenguaje que entienden los españoles de a pie: casi 300 millones de euros del erario público para costear un sistema de acogida que premia a quienes vulneran las fronteras y entran en el país de forma ilegal, mientras familias españolas no llegan a fin de mes, los ancianos esperan meses por una cita médica y los jóvenes no pueden acceder a una vivienda digna.

Fuentes de la Guardia Civil consultadas revelan lo que el Gobierno prefiere no detallar: una parte muy significativa de ese dinero se destinará a traslados aéreos masivos de inmigrantes ilegales desde Canarias a la Península y al «refuerzo logístico» de los centros de acogida en las islas. En lo que va de 2026, el Ejecutivo ya ha fletado al menos 11 vuelos para trasladar a casi 2.000 inmigrantes ilegales desde los aeropuertos de Tenerife Norte y Gran Canaria hasta Madrid-Barajas.

Mientras tanto, la inseguridad crece en las calles, los servicios públicos se deterioran y los ciudadanos que pagan impuestos contemplan atónitos cómo su dinero se evapora en una política migratoria descontrolada que está transformando España de forma irreconocible.

El negocio electoral detrás de la inmigración masiva

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Lo que el Gobierno de Sánchez presenta como «solidaridad» y «atención humanitaria» esconde una estrategia que cada vez más analistas y ciudadanos identifican con claridad: la importación masiva de futuros votantes.

El esquema es sencillo y despiadado:

  1. Se abren las fronteras de facto al no controlar la inmigración ilegal.
  2. Se destinan cientos de millones de euros públicos a mantener, trasladar y acoger a quienes entran sin permiso.
  3. Se impulsa una regularización masiva que convierte a inmigrantes ilegales en residentes legales con derechos electorales potenciales.
  4. Se teje una red de dependencia asistencial a través de ONG subvencionadas que canalizan a estos inmigrantes hacia el sistema.

¿El resultado? Una base social agradecida y dependiente que el PSOE espera convertir en base electoral. Todo ello a costa del contribuyente español, que ve cómo sus impuestos financian una transformación demográfica y social que nadie ha votado ni aprobado en las urnas.

Mientras tanto, España se deteriora

Mientras Sánchez destina casi 300 millones a comida halal, vuelos charter y ropa para inmigrantes ilegales, la realidad cotidiana de los españoles es otra muy distinta:

  • La delincuencia asociada a la inmigración ilegal no para de crecer, con robos, agresiones y ocupaciones que las fuerzas de seguridad apenas pueden contener por falta de medios y por una legislación permisiva.
  • La violencia se dispara en barrios que antes eran seguros y que hoy los vecinos describen como irreconocibles.
  • Los servicios públicos colapsan ante una demanda creciente que el sistema no estaba diseñado para absorber.
  • La convivencia se resquebraja en comunidades donde la integración es una quimera y la imposición cultural una realidad diaria.

Canarias, convertida en la principal puerta de entrada ilegal a Europa, soporta una presión migratoria insostenible. Y la respuesta del Gobierno no es reforzar las fronteras ni frenar la avalancha, sino fletar más aviones para repartir el problema por toda la Península.

Los datos hablan por sí solos. Las fronteras no se controlan. Las expulsiones no se ejecutan. Los ilegales se regularizan masivamente. Las ONG subvencionadas con dinero público actúan como oficinas de tramitación paralela. Y el Fondo de Contingencia —el dinero de todos— se vacía para financiar la operación.

España no votó esto. Los españoles no pidieron que su país se convirtiera en un centro de acogida masivo donde los ilegales reciben privilegios que los nacionales no tienen.

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