Pullaro pidió un anticipo de $400.000 millones al Gobierno Nacional
El Gobierno de Javier Milei autorizó un anticipo financiero para la provincia mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial. La administración de Maximiliano Pullaro reconoce un rojo fiscal de casi $595.000 millones y suma un endeudamiento que supera los US$1.100 millones.
La situación financiera de la provincia de Santa Fe terminó por reflejarse en un dato que hasta hace pocos meses parecía impensado para una administración que hizo de la austeridad uno de sus principales ejes discursivos. A través del Decreto 474/2026, el Gobierno nacional autorizó un anticipo financiero de hasta $400.000 millones para Santa Fe, un auxilio destinado a cubrir dificultades transitorias de caja y garantizar el funcionamiento del Estado provincial.
La medida, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, también alcanza a las provincias de Entre Ríos y Jujuy.
En el caso santafesino, el decreto reconoce expresamente que la provincia enfrenta dificultades financieras que le impiden atender «los compromisos más urgentes derivados de la ejecución de su presupuesto de gastos y amortización de deudas», razón por la cual se habilita el adelanto de recursos.
La decisión llega apenas días después de que el propio Ministerio de Economía de Santa Fe difundiera, con una demora que despertó cuestionamientos políticos, los resultados fiscales correspondientes al período enero-mayo de 2026.
Un déficit que contradice el discurso de austeridad
Los números oficiales muestran una realidad muy distinta de la presentada por la administración de Maximiliano Pullaro durante buena parte de su gestión.
Según los estados contables publicados por la provincia, entre enero y mayo de este año Santa Fe registró un déficit financiero de $594.989,85 millones.
Los ingresos totales ascendieron a $5.562.657,82 millones, mientras que los gastos alcanzaron $6.157.647,67 millones, generando un desequilibrio cercano a los $600.000 millones.
En otras palabras, el rojo fiscal reconocido por la propia administración provincial supera ampliamente el monto del anticipo financiero solicitado ahora al Gobierno nacional.
La coincidencia temporal entre la publicación de esos números y el decreto presidencial alimentó las críticas de distintos sectores políticos, que sostienen que la provincia terminó recurriendo a la asistencia de la Nación pese a haber construido su discurso público alrededor del orden fiscal y la eficiencia administrativa.
Qué dice el decreto de Milei
El Decreto 474/2026 fue dictado en el marco del artículo 124 de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto, que autoriza al Ministerio de Economía a otorgar anticipos financieros a las provincias a cuenta de su participación en la coparticipación federal.
En el caso de Santa Fe, la asistencia podrá llegar hasta $400.000 millones.
Sin embargo, no se trata de una transferencia no reintegrable.
La norma establece que:
- el monto definitivo será determinado por la Secretaría de Hacienda según la capacidad de repago de la provincia;
- el dinero deberá devolverse durante el ejercicio fiscal 2026;
- devengará una tasa fija nominal anual del 15%;
- la devolución se realizará mediante retenciones automáticas sobre la coparticipación federal y otros recursos coparticipables.
Además, la provincia deberá autorizar expresamente a la Nación para efectuar esos descuentos automáticos si no reintegra los fondos dentro de los plazos previstos.
Un auxilio que representa dos tercios del déficit
El dato político más significativo es que el monto autorizado equivale aproximadamente a dos tercios del déficit financiero acumulado por Santa Fe durante los primeros cinco meses del año.
Si finalmente la Secretaría de Hacienda desembolsa la totalidad de los $400.000 millones previstos en el decreto, la asistencia cubriría una parte sustancial del rojo reconocido por la propia administración provincial.
La decisión evidencia que el problema financiero dejó de ser una cuestión meramente contable para transformarse en una dificultad concreta de liquidez, al punto de requerir un anticipo extraordinario del Tesoro Nacional.
La presión impositiva no evitó el desequilibrio
Uno de los aspectos que más cuestionamientos genera es que el deterioro de las cuentas públicas ocurrió pese al incremento de la presión tributaria implementado durante la gestión de Pullaro.
Durante el último año, la provincia avanzó con fuertes aumentos en el Impuesto Inmobiliario y en la Patente Automotor.
A eso se sumaron incrementos en las tarifas de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y del servicio de agua potable, con ajustes que, en numerosos casos, quedaron por encima de la evolución de la inflación.
Desde la oposición sostienen que el esfuerzo económico realizado por los contribuyentes no se tradujo en un equilibrio de las cuentas públicas y que, por el contrario, el gasto provincial continuó creciendo por encima de los recursos disponibles.
Los números oficiales parecen respaldar esa conclusión: mientras la recaudación aumentó, el gasto avanzó todavía más rápido, generando el déficit ahora reconocido.
Endeudamiento récord
Al deterioro fiscal se suma otro frente que genera preocupación: el nivel de endeudamiento.
Según distintas estimaciones, la deuda tomada por la administración santafesina ronda actualmente los US$1.100 millones.
De ese total, aproximadamente US$800 millones corresponden a emisiones colocadas directamente en los mercados internacionales, particularmente en Wall Street.
Esa estrategia financiera implica además un importante compromiso futuro para las cuentas públicas.
Sólo el pago de intereses demandaría alrededor de US$67 millones por año, una carga que deberá afrontarse independientemente de la evolución de los ingresos provinciales.
Para los críticos de la gestión, la combinación entre fuerte endeudamiento, aumento del gasto corriente y déficit fiscal constituye una señal preocupante sobre la sostenibilidad financiera de la provincia.
Un fuerte contraste político
El pedido de asistencia financiera a la Nación representa un fuerte contraste con el discurso que caracterizó a la administración santafesina desde el inicio de su mandato.
Durante los últimos meses, Pullaro defendió reiteradamente la administración provincial como un ejemplo de equilibrio fiscal y eficiencia en el uso de los recursos públicos.
Sin embargo, los estados contables oficiales muestran un déficit cercano a los $600.000 millones y, simultáneamente, la provincia recurrió a un anticipo extraordinario del Tesoro Nacional por hasta $400.000 millones para afrontar sus compromisos financieros más urgentes.
En términos políticos, la publicación del decreto y la difusión de las cuentas provinciales terminaron exponiendo una realidad difícil de compatibilizar con aquel discurso de autosuficiencia fiscal.
Mientras el Gobierno nacional sostiene que los anticipos deberán ser devueltos con intereses mediante retenciones sobre la coparticipación, la administración santafesina enfrenta ahora el desafío de recomponer unas cuentas públicas que muestran uno de los mayores desequilibrios fiscales de los últimos años, en un contexto marcado por mayor presión tributaria, un endeudamiento récord y una creciente dependencia de asistencia financiera extraordinaria para sostener el funcionamiento del Estado.
