Lavacoches y cuidacoches: institucionalizar el problema no es resolverlo
La ocupación del espacio público, la informalidad y los pagos bajo presión perjudican al contribuyente y a quienes trabajan dentro de la legalidad. Regular estas prácticas terminaría legitimando una situación que las autoridades deberían erradicar.
La informalidad, la ocupación del espacio público y los pagos realizados bajo presión perjudican al contribuyente y a quienes trabajan dentro de la legalidad. Regular estas actividades no solucionaría el problema: terminaría legitimándolo.
¿Una incongruencia conceptual?
Existen algunos elementos básicos que deben tenerse en cuenta al analizar esta “actividad”:
- No es productiva ni genera ningún tipo de valor agregado.
- Genera ingresos no documentados que, por lo tanto, no pagan impuestos.
- Puede ocasionar egresos motivados por una forma de extorsión y no por un servicio real prestado.
- Tal como funciona actualmente, una vez que alguien se instala en esta actividad resulta muy difícil que decida reemplazarla voluntariamente por otra. La razón es sencilla: la relación costo-beneficio favorece la informalidad. Ninguna ayuda estatal ni otra actividad regular parece comparable.
- Ningún contribuyente que desarrolla una actividad formal tiene la posibilidad de hacer lo mismo sin exponerse a sanciones o multas.
- Agrava los problemas de inseguridad existentes.
- Es una forma de que el poder público se lave las manos y transfiera a los privados, mediante la presión, el sostenimiento de una serie de personas que no realizan una actividad productiva.
- Resulta absolutamente molesta en los lugares donde se desarrolla.
- Perjudica la facturación de los lavaderos habilitados, que trabajan legalmente y pagan impuestos.
- Genera basura en lugares donde no debería existir.
- Produce una absoluta inequidad entre quienes realmente quieren trabajar y quienes permanecen al borde de la legalidad, favoreciendo a estos últimos.
- Si una persona quiere lavar su automóvil, puede hacerlo frente a su domicilio. Allí sí podría contratar a alguien para realizar el trabajo, pagarle y proporcionarle el agua desde su propia casa.
En síntesis, es una actividad que no debería existir.
Cualquier decisión sobre el tema debe tener como objetivo, en el corto plazo, que desaparezcan las actividades de lavacoches y cuidacoches en la vía pública.
Toda medida destinada a institucionalizarlas equivaldría a legitimar prácticas irregulares y traería como consecuencia una profunda distorsión de valores.
Imaginemos solamente a dos hermanos: uno se desempeña como lavacoches en la calle y el otro intenta trabajar formalmente como empleado de un lavadero de automóviles.
¿Cuál de los dos terminaría beneficiándose con el dinero de todos?
¿Vale la pena el esfuerzo de intentar trabajar como corresponde?
En síntesis, donde usted vea estas actividades toleradas, significa que las autoridades locales actúan con la misma lógica que los populistas, fascistas y socialistas: son los mismos libros con distintas tapas. Siempre están a favor de lo que no corresponde y no les interesan el contribuyente, el ciudadano que trabaja ni el emprendedor que produce.
Un problema de Rafaela que se repite en cualquier ciudad
En Rafaela se realizó alguna vez una encuesta absolutamente irrisoria en su formulación y sin bases técnicas sólidas. Por ese motivo, cualquier diagnóstico basado en ella conduce necesariamente a conclusiones equivocadas.
El relevamiento parecía destinado exclusivamente a mostrar una supuesta aceptación de la comunidad hacia un esquema de institucionalización de estas actividades.
Fue, por lo tanto, un trabajo inútil tanto en su confección como en su objetivo. Su costo representó una pérdida total y sin sentido que terminamos pagando todos.
Propuesta
- Objetivo: eliminar las actividades de lavacoches y cuidacoches en la vía pública.
- Legislación: prohibir expresamente ambas prácticas.
- Habilitar a las autoridades para secuestrar los elementos utilizados para desarrollar estas actividades.
- Establecer multas para los propietarios de automóviles que permitan que sus vehículos sean lavados en la vía pública.
- Aplicar multas a quienes proporcionen agua desde una propiedad privada para realizar esta tarea, excepto cuando se trate del lavado de su propio vehículo frente a su domicilio.
- Desarrollar una campaña mediante carteles y medios de comunicación para explicar que no corresponde pagarle a una persona para que “cuide” un vehículo. De esa tarea debe encargarse el sector público. Ceder ante esa presión equivale a pagar una protección propia de épocas mafiosas.
No actuar de esta manera significa transferirle a la sociedad un problema que debería resolver el sector público, cuyos funcionarios cobran muy buenos sueldos precisamente para cumplir esa responsabilidad.
Las posiciones de las instituciones intermedias deberían basarse en conceptos profundos y no en paliativos destinados a salvarle las papas a la inoperancia estatal.
Esta es una propuesta que podrían impulsar todas las organizaciones con una trayectoria de defensa de los verdaderos principios de una sociedad organizada, en la que el sector público sepa interpretar y proteger esos valores.
Las reglas de convivencia —el derecho positivo— resultan coherentes cuando se encuentran en consonancia con el derecho natural y con la defensa de la vida, la libertad y la propiedad. Debe existir un respeto irrestricto por el proyecto de vida de cada individuo, basado en los principios de no agresión y responsabilidad personal.
Ninguno de esos principios se cumple en este supuesto “trabajo”.
Posdata: en Rafaela el problema ya fue abordado, pero únicamente en el microcentro. Esa decisión también resulta incoherente: solamente buscó retirar la actividad del lugar donde era más visible sin enfrentar el problema de fondo. Quienes la desarrollaban todavía disponen de gran parte de la ciudad para continuar haciéndolo.
