Ode$ur en Rafaela: $50.000 millones y una cuenta que no termina
La inversión para los Juegos Suramericanos dejará obras, pero también gastos de mantenimiento. Una mirada crítica sobre el costo para los contribuyentes y otras decisiones públicas que merecen ser revisadas.
El Gobierno de la provincia de Santa Fe destinó una inversión total de $49.289.887.536,59 a obras e infraestructura para la ciudad de Rafaela de cara a los XIII Juegos Suramericanos Odesur 2026.
Los fondos se distribuyen de la siguiente forma:
Microestadio Multipropósito: cerca de $14.000 millones para un estadio con capacidad para 3.000 personas.
Velódromo: más de $10.900 millones invertidos en la pista internacional y su estructura cubierta.
Pistas de BMX y skate: una inversión superior a $4.349 millones en el nuevo polo deportivo del oeste rafaelino.
Infraestructura complementaria: trabajos viales, servicios y mejoras urbanas en el sector.
La Municipalidad de Rafaela aportó de su presupuesto casi $1.000 millones más, por lo que la cuenta para el contribuyente en este tema ronda, redondeando, los:
$50.000.000.000.
En letras: cincuenta mil millones de pesos.
Hubo también aportes privados para construir la Villa Suramericana, donde podrán alojarse los participantes. Después del evento, los departamentos podrían venderse para recuperar esa inversión, una operación que, tal vez, podría dejar pérdidas para quien dispuso del capital.
El cronograma considerado para la sede de Rafaela abarca 14 días, con cuatro actividades cuyos períodos de entrenamiento y competencia, lógicamente, se superponen:
Actividad |
Días de entrenamiento |
Días de competencia |
|---|---|---|
Boxeo |
1 |
6 |
Ciclismo, en sus distintas modalidades |
8 |
11 |
Skate |
1,5 |
2 |
Pádel |
1,5 |
4 |
Total acumulado por actividad |
12 |
23 |
La suma da 12 jornadas de entrenamiento y 23 de competencia por actividad, no 23 días distintos de calendario.
Si dividimos la inversión total por esas 23 jornadas, la cuenta es:
$50.000.000.000 ÷ 23 = aproximadamente $2.174 millones.
Es decir, más de dos mil cien millones de pesos por cada jornada de competencia computada.
Esta división permite dimensionar la inversión frente a la duración del evento, aunque no representa el costo operativo de cada competencia, porque incluye infraestructura que seguirá utilizándose después de los Juegos.
Convengamos que esas construcciones van a quedar en la ciudad y que algunos las llaman patrimonio. Pero también requerirán gastos de mantenimiento. Si esos egresos se cubren con el presupuesto municipal, el contribuyente deberá seguir aportando en los próximos años, salvo que se generen ingresos suficientes para solventarlos o que, donde resulte posible, se vendan los bienes intentando recuperar lo invertido.
Este concepto de poco respeto por el contribuyente se encuentra muy arraigado en la mentalidad de muchos políticos.
Se podrían nombrar varios episodios, sin que sean los únicos:
1. La intención de concurrir como ciudad a una exposición en Tecnópolis.
Durante un gobierno kirchnerista se impulsó la participación conjunta de la ciudad en Tecnópolis, cuando, a mi juicio, aquello era fundamentalmente publicidad política. Se promovió desde el poder la participación de entidades, organismos y empresas, con un gasto importante, en buena medida a cargo del contribuyente. La iniciativa no se concretó totalmente, ya que una entidad no estuvo de acuerdo.
2. La UNRaf.
La Universidad Nacional de Rafaela, cuya creación considero innecesaria e inconsistente desde el punto de vista educativo, es otro ejemplo. El terreno se presentó como una “donación”, mientras que la construcción y el mantenimiento se financian con recursos públicos.
El presupuesto aprobado para 2026 supera los $7.000 millones: asciende a $7.122.495.956, con un 95% destinado a gastos en personal en la distribución aprobada por objeto del gasto. Muy interesante para tener “empleos” que ofrecer y gestiones que contratar.
3. El Viejo Mercado.
El complejo museológico y la biblioteca constituyen otro caso cuyo formato de realización, a mi juicio, no ofreció toda la transparencia necesaria ni respetó suficientemente al contribuyente.
Una parte importante del costo de construcción terminó siendo absorbida por la Municipalidad. Además, pese a las sugerencias de generar actividad privada —como locales comerciales suficientes para cubrir con sus alquileres el mantenimiento mensual—, todos los meses el contribuyente debe aportar para sostenerlo.
4. El acuerdo entre la Municipalidad de Rafaela, APADIR y los terrenos del ferrocarril.
Los terrenos ferroviarios fueron cedidos al municipio, que celebró un acuerdo con APADIR, una entidad sin fines de lucro. El esquema contemplaba un aporte económico, la construcción de un parque integrador y la concesión de un espacio para instalar un pub-restaurante, cuyo alquiler permitiría financiar los objetivos de la institución.
La entidad comunicó en 2024 que no continuaría con el convenio. El mantenimiento del parque ya había quedado a cargo del municipio.
Sintetizando: dinero y bienes del contribuyente administrados mediante acuerdos que deben ofrecer plena transparencia. Las condiciones de las concesiones, el destino de los fondos y el cumplimiento de los objetivos de las entidades involucradas merecen explicaciones claras. La participación de una organización sin fines de lucro no elimina esa obligación ni vuelve innecesario el control sobre el uso de recursos públicos.
Si todo esto sucede en Rafaela, que es una excelente ciudad y que, según Gustavo Lazzari, puede ser un ejemplo, junto con Junín, de cómo debería estar organizado el país, no quiero ni pensar cómo debe ser en ciudades más grandes, como Santa Fe y Rosario.
Eso es lo que hay que reducir al mínimo: el Estado elefantiásico, con integrantes a quienes no les importa el esfuerzo del contribuyente.
Todo tiene un hilo en común. Solo hay que mirar quiénes toman las decisiones y bajo qué conceptos.
La batalla cultural en este sentido debe ser permanente. Y estos episodios deben recordarse siempre, especialmente a la hora de votar.
