Concejal de LLA de San Javier exige cuentas a la intendente de Unidos por los ascensos municipales
El concejal de La Libertad Avanza logró la aprobación de dos pedidos de informes sobre las categorías más altas del Municipio de San Javier. La intendente de Unidos admitió que cinco profesionales recibieron la Categoría 23 y que luego decidió quitársela, mientras la administración no consigue pagar salarios y aguinaldos en tiempo y forma.
La presión ejercida desde el Concejo Municipal obligó a la administración de Ana Maribel González, intendente de Unidos, a hablar de uno de los temas que el oficialismo prefería mantener lejos de la discusión pública: cómo se otorgaron las categorías más altas dentro de la Municipalidad de San Javier y cuánto le costaron a los contribuyentes.
El concejal Ariel Donnet, de La Libertad Avanza, impulsó dos pedidos de informes para revisar las designaciones en la Categoría 23 y el procedimiento mediante el cual los empleados de planta permanente accedieron a las categorías 16 en adelante. Las dos iniciativas fueron aprobadas por unanimidad.
El movimiento tuvo un efecto político inmediato. Al día siguiente de que los planteos tomaran estado público, González brindó una conferencia de prensa en la que reconoció la existencia de cinco trabajadores que habían recibido la Categoría 23. Según explicó, se trataba de un ingeniero, una abogada, dos contadores y un arquitecto.
La intendente defendió inicialmente la medida como un reconocimiento a las responsabilidades profesionales de esos agentes. Sin embargo, también confirmó que las categorías fueron dadas de baja y que los empleados regresaron a las posiciones que ocupaban anteriormente.
La explicación, lejos de cerrar el debate, abrió más preguntas.
Si el otorgamiento estaba correctamente justificado, ¿por qué fue revertido? ¿Mediante qué decretos o resoluciones se concedieron esas categorías? ¿Cuánto tiempo estuvieron vigentes? ¿Qué diferencia salarial representaron? ¿Los beneficiarios cumplían todos los requisitos establecidos por la normativa? ¿Hubo saltos dentro del escalafón?
Son precisamente las respuestas que ahora deberá aportar el Ejecutivo de González.
Los documentos que incomodan al Municipio
El primer proyecto, ingresado formalmente el 18 de agosto de 2026 bajo el expediente 0076/1-2026, solicita que el Departamento Ejecutivo identifique a todos los agentes que revistieron o revisten en la Categoría 23.
El pedido exige informar el nombre y apellido de cada empleado, la fecha de ingreso a la Municipalidad, la función que desempeña y el momento exacto en el que accedió a esa categoría.
También reclama la trayectoria escalafonaria completa de cada agente, categoría de ingreso, ascensos posteriores, antigüedad al momento de cada recategorización, tareas desempeñadas y actos administrativos que respaldaron cada modificación.
La documentación va todavía más lejos. Si existió un salto de una o más categorías, el Ejecutivo deberá precisar cuál era la posición de origen, cuál fue la otorgada y qué fundamento normativo y administrativo justificó el cambio.
Además, el proyecto solicita una copia del decreto, resolución o acto mediante el cual se asignó específicamente la Categoría 23 y exige informar si esas decisiones provocaron modificaciones salariales, junto con la fecha desde la cual comenzaron a tener efecto.
El segundo pedido amplía la revisión a los empleados de planta permanente ubicados en la Categoría 16 o superior. La iniciativa se apoya en la Ley Provincial 9.286, que regula el estatuto y escalafón del personal municipal, y en la Ley Orgánica de Municipalidades 2.756.
En este caso, el Ejecutivo deberá informar nombres, números de legajo, fechas de ingreso, agrupamientos, funciones, categorías actuales y categorías iniciales. También tendrá que explicar si cada ascenso se produjo mediante concurso, promoción automática, recategorización, cambio de agrupamiento u otro mecanismo.
No se trata de una curiosidad administrativa. Las categorías superiores están asociadas con funciones de supervisión, jefaturas y mayores responsabilidades, pero también representan remuneraciones más elevadas que salen de las arcas municipales.
Un Municipio que no puede pagar en tiempo y forma
La discusión estalló en el peor momento posible para la gestión de González. San Javier atraviesa una crisis financiera que ya golpea directamente a los trabajadores y deteriora los servicios que reciben los vecinos.
“La realidad de San Javier es que hay alrededor de 260 empleados y 17.000 habitantes”, señaló Donnet en diálogo con El Liberador.
La propia intendente informó posteriormente una cifra apenas menor: aseguró que la Municipalidad cuenta con 247 trabajadores, de los cuales aproximadamente 197 pertenecen a la planta permanente. Incluso tomando el número oficial, San Javier tiene cerca de un empleado municipal por cada 69 habitantes.
El problema no se limita al tamaño de la estructura. Donnet sostuvo que una enorme proporción de los recursos enviados por coparticipación termina absorbida por la masa salarial.
“La mayoría de lo que ingresaba de coparticipación se gastaba en sueldos”, afirmó el concejal libertario.
Los números expuestos por la propia González retratan el derrumbe. La intendente indicó que los salarios municipales representan cerca de $400 millones mensuales. Para afrontar una de las cuotas salariales se necesitaban aproximadamente $147 millones, pero el último envío de coparticipación había sido de apenas $77 millones.
La administración de Unidos quedó atrapada en una estructura que ya no puede sostener. La respuesta del Ejecutivo fue dividir el pago de los haberes según la disponibilidad de fondos, una parte de los trabajadores cobra primero y el resto debe esperar la siguiente transferencia.
“Hace dos meses que no se les está pagando a los empleados, les van pagando por partes y no han pagado los aguinaldos”, denunció Donnet ante este medio.
González reconoció públicamente las dificultades para completar los salarios y admitió que el aguinaldo seguía pendiente, pese a que se había comprometido a intentar abonarlo el 14 de agosto.
Es decir, mientras los trabajadores esperan cobrar y los vecinos padecen servicios cada vez más deteriorados, el Ejecutivo todavía debe explicar cómo otorgó las categorías más elevadas del escalafón municipal.
Una conferencia que no reemplaza los documentos
La reacción de González confirmó que los pedidos de Donnet tocaron un nervio sensible. La intendente salió a dar explicaciones, defendió las categorías como reconocimientos profesionales y, al mismo tiempo, anunció que ya habían sido retiradas.
Pero una conferencia de prensa no reemplaza los decretos, las resoluciones, los legajos ni los cálculos salariales.
“La situación es crítica. No hay plata para nada, la ciudad es un desastre y González está totalmente en contra de exponer públicamente los cargos”, cuestionó el concejal de La Libertad Avanza en diálogo con El Liberador.
Por el momento, Donnet no afirma que se haya cometido una irregularidad. Lo que exige es algo mucho más elemental: transparencia, documentación y una explicación completa sobre el uso de los recursos públicos.
La carga de la prueba quedó ahora en manos de González. La intendente aseguró que la información económica y del personal está a disposición del Concejo. Si realmente es así, no debería existir ningún impedimento para entregar de inmediato todos los decretos, resoluciones, antecedentes y costos reclamados.
En un Municipio que paga los salarios en cuotas, mantiene aguinaldos pendientes y admite que la coparticipación ya no alcanza, cada categoría otorgada debe poder justificarse peso por peso.
Donnet logró sacar el tema de los pasillos municipales y colocarlo en la agenda pública. Ahora la intendente de Unidos deberá decidir si abre completamente los papeles o continúa administrando una estructura sobredimensionada detrás de explicaciones parciales.
