Causa Cuadernos: el empresario que reveló el sistema de coimas del kirchnerismo
Fernando Palluchini, ex presidente de la constructora sanjuanina Mapal, declaró que su empresa llegó a acumular 200 días de atraso en el cobro de certificados de obra. Según su testimonio, le hicieron saber que para destrabar los pagos había que “poner lo que hay que poner”. Aseguró que nunca pagó y que la decisión llevó a la compañía al borde de la quiebra. Su relato volvió a exponer en el juicio por los Cuadernos las denuncias sobre el sistema de retornos que habría operado alrededor de la obra pública durante el kirchnerismo.
Fernando Palluchini, testigo en el juicio por el caso Cuadernos
La declaración de Palluchini ante el Tribunal Oral Federal N° 7 aportó un nuevo testimonio sobre uno de los capítulos más sensibles de la causa Cuadernos: el denominado tramo de la “Camarita”, referido a las denuncias sobre cartelización de la obra pública y cobro de retornos a empresas contratistas.
El empresario, que durante los años investigados presidía Mapal, relató que su compañía realizó obras para el Estado en San Juan pero tuvo enormes dificultades para cobrar los certificados correspondientes. Según recordó, llegaron a acumular hasta 200 días de atraso.
La situación, explicó, generó un problema financiero cada vez más grave: Mapal debía afrontar salarios, proveedores y créditos bancarios mientras esperaba que el Estado pagara trabajos que ya habían sido ejecutados.
Fue entonces cuando apareció, según su relato, el nombre del financista Ernesto Clarens.
“Clarens era quien nos podía destrabar”, recordó Palluchini durante la audiencia. Según explicó, su hermano y socio se comunicaba telefónicamente con Clarens para reclamar por los certificados atrasados.
La respuesta que, según Palluchini, recibió su hermano fue contundente: “La forma de cobrarlo es que te pongas con lo que hay que poner, y de esa forma se destraba”.
El empresario sostuvo que esa referencia al dinero no era un concepto abstracto. Para él, se trataba de un pedido de retorno vinculado con el mecanismo que otros empresarios ya habían descripto ante la Justicia.
Una empresa al borde de la quiebra por no entrar en la “camarita”
Palluchini fue todavía más explícito al explicar qué ocurrió con Mapal.
“Nunca pusimos un centavo de lo que había que poner y así nos fue. Casi nos fundimos, casi quebramos porque entregar obras a tiempo y no poder cobrarlas es muy difícil”
La frase sintetiza el núcleo de su testimonio: según su versión, el problema no era conseguir una obra, sino poder cobrarla una vez ejecutada sin aceptar las condiciones que —según denunció— se les planteaban a determinados empresarios.
“Si uno integraba la camarita y aportaba el dinero que ellos pedían, que era un retorno, te agilizaban el pago de certificado”
La empresa incluso terminó recurriendo a la Justicia para reclamar por los atrasos y presentó documentación sobre su situación económica. Palluchini contó que llegaron a una situación en la que ni siquiera podían afrontar normalmente los créditos bancarios que habían tomado para sostener la actividad.
¿Cómo funcionaba el sistema de retornos?
El testimonio de Palluchini adquiere mayor relevancia porque coincide en algunos aspectos con declaraciones realizadas anteriormente por empresarios y exfuncionarios que colaboraron con la investigación.
Uno de los testimonios centrales fue el del empresario Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Wagner describió ante la Justicia un sistema en el que empresas contratistas acordaban previamente cómo competirían en determinadas licitaciones y, una vez adjudicada una obra, debían entregar dinero como “retorno”.
Según su declaración, los porcentajes podían ubicarse en torno al 10% o 20% del anticipo financiero, mientras que en obras sin anticipo podían establecerse pagos contra certificados de avance.
Otros testimonios incorporados al expediente también describieron pedidos de porcentajes sobre contratos. En uno de ellos, un empresario relató que Clarens le habría hablado de una supuesta política del Gobierno de “recaudar para la causa” y le habría indicado un porcentaje del 10% del monto total de una obra.
En otro tramo de su declaración, Clarens describió un mecanismo mediante el cual recibía dinero de empresas constructoras y debía canalizarlo hacia funcionarios o personas indicadas por ellos. Su propio testimonio forma parte de la evidencia que el tribunal debe valorar junto con el resto de las pruebas.
Así aparece el circuito que la Justicia investiga: licitaciones, adjudicaciones, certificados de obra, pagos estatales y supuestos retornos.
La “camarita” y las empresas que quedaban afuera
Palluchini también habló de la llamada “camarita”, denominación utilizada en la causa para referirse al esquema investigado alrededor de empresas de la construcción y la obra vial.
Según contó, Mapal conocía comentarios sobre su funcionamiento a través de un gestor de la empresa en Buenos Aires y por las conversaciones que su hermano mantenía con Clarens.
La empresa, sin embargo, no habría formado parte de ese circuito. Palluchini explicó además que Mapal se retiró de la Cámara Argentina de la Construcción en 2006.
Su declaración, de todos modos, no identificó concretamente a todas las personas que habrían intervenido en el supuesto mecanismo de pagos ilegales. En particular, el empresario aclaró que nunca conoció personalmente a Clarens y que el contacto con él se produjo por teléfono a través de su hermano.
Una investigación que apunta al corazón de la obra pública
El testimonio vuelve a poner el foco sobre una de las afirmaciones centrales de la causa Cuadernos: la obra pública durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner fue utilizada como mecanismo para recaudar dinero ilegal.
La investigación sobre la llamada “Camarita” reconstruyó, a partir de distintos testimonios, un supuesto esquema de cartelización de licitaciones y retornos. Las declaraciones de Wagner, Clarens, José López y distintos empresarios forman parte de la evidencia que actualmente analiza el Tribunal Oral Federal N° 7.
El expediente sostiene que el mecanismo habría involucrado a empresarios y funcionarios y que los pagos ilegales estaban vinculados con contratos de obra pública.
Uno de los elementos que volvió a aparecer en el juicio es precisamente el contraste entre quienes aceptaban las reglas del supuesto sistema y quienes, como Palluchini, aseguran haber quedado afuera. Para estos últimos, el costo podía ser enorme: obras terminadas, certificados aprobados y dinero que no llegaba.
La Justicia deberá determinar ahora el alcance y la responsabilidad de cada uno de los acusados. Pero su declaración dejó expuesta una de las imágenes más contundentes que surgieron del juicio: una empresa que, según su propio relato, decidió no pagar y terminó esperando hasta 200 días para cobrar trabajos que ya había realizado para el Estado.
El caso vuelve así a colocar bajo la lupa el modo en que se administraron durante años miles de millones de pesos destinados a infraestructura pública y con un sistema de coimas que convirtieron contratos y certificados de obra en una fuente de recaudación ilegal.
