$LIBRA: la Justicia de EE.UU. desestimó la demanda contra Hayden Davis y cerró la causa en Nueva York
La jueza federal Jennifer Rochon rechazó las acusaciones de conspiración y la aplicación de la ley Antimafia planteadas por los inversores. El fallo de 81 páginas despeja el frente legal en Norteamérica y reabre el debate sobre la asimetría en la cobertura mediática del escándalo.
El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York dictó en las últimas horas el cierre definitivo de la demanda colectiva iniciada por un grupo de inversores norteamericanos tras el fallido lanzamiento del token $LIBRA en febrero de 2025. La magistrada federal Jennifer Rochon hizo lugar a los planteos de la defensa y exoneró al criptoempresario Hayden Davis, a su hermano Gideon, a su padre Thomas Davis, a la firma Kelsier Ventures y a Benjamin Chow, ex CEO de la plataforma Meteora.
Con una resolución de 81 carillas, la Justicia estadounidense desestimó los cargos de fraude, conspiración, enriquecimiento injustificado y violaciones a la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO, por sus siglas en inglés). De esta manera, el expediente civil que buscaba atribuir responsabilidad penal y resarcimientos económicos a los desarrolladores del activo digital quedó formalmente archivado en primera instancia.
Por las siguientes razones, el Tribunal CONCEDE la moción de desestimación de los Demandados Kelsier, CONCEDE la moción de desestimación del Demandado Chow, y CONCEDE la moción del Demandante Interviniente Dynamic Labs para desestimar los reclamos contra Meteora. El Tribunal también DENEGA la moción de los Demandantes para presentar una segunda demanda enmendada.
Los fundamentos centrales: sin patrón de delito ni asociación ilícita
El pilar fundamental de la demanda llevada adelante por el bufete de abogados Burwick residía en encuadrar el caso bajo la severa ley federal RICO —el equivalente a la legislación antimafia en la Argentina—. Los demandantes sostenían que Davis y Chow habían articulado una red delictiva dedicada a emitir memecoins y ejecutar esquemas de rug pull (retiro masivo de liquidez para perjudicar a los tenedores minoristas).
Sin embargo, la jueza Rochon concluyó que los querellantes no lograron probar el requisito esencial de «continuidad» exigido por la jurisprudencia estadounidense para configurar un patrón de crimen organizado. En su análisis, la magistrada detalló que los hechos alegados transcurrieron en un lapso aproximado de seis meses (entre octubre de 2024 y marzo de 2025), un período insuficiente para demostrar una actividad delictiva continuada en el tiempo, cuya jurisprudencia suele requerir al menos dos años de operaciones.
Asimismo, la resolución calificó de «vagas acusaciones» las tentativas del estudio jurídico de incluir otros tokens de carácter especulativo para forzar la figura de asociación ilícita, señalando además que tanto Kelsier Ventures como Meteora eran entidades comerciales formalmente registradas.
Jurisdicción improcedente e inexistencia de dolo
Otro de los puntos determinantes del fallo fue la invalidez de la jurisdicción elegida por los demandantes. Pese a que Kelsier Ventures opera desde el estado de Texas, el proceso se radicó en Nueva York bajo la premisa de que Benjamin Chow residía en dicha ciudad.
Al examinar la situación de Chow, la jueza desestimó la totalidad de los cargos al determinar que no existían elementos probatorios que acreditasen una intención de defraudar (scienter). En particular, respecto a los mensajes públicos intercambiados en la red social X tras los posteos promocionales del presidente Javier Milei en febrero de 2025, Rochon sostuvo que las expresiones del ex CEO de Meteora no constituían afirmaciones falsas o materialmente engañosas.
Al quedar libre de cargos el único residente neoyorquino y determinar que el uso de redes sociales o validadores de cadena de bloques no implica un direccionamiento comercial deliberado hacia el estado de Nueva York, el tribunal concluyó que carecía de jurisdicción personal sobre los acusados para resolver reclamos basados en leyes estaduales.
El revés judicial paralelo en los tribunales argentinos
El cierre de la causa en Estados Unidos coincide temporalmente con novedades de peso en la investigación penal que se tramita en los tribunales de Comodoro Py. Esta misma semana, la Cámara Federal porteña declaró inadmisible el recurso presentado por un grupo de inversores que pretendía constituirse como querellante en la causa delegada en el fiscal Eduardo Taiano.
Los jueces de la Sala II fundamentaron su decisión al considerar que los compradores de $LIBRA decidieron voluntariamente asumir el riesgo inherente a la adquisición de un activo especulativo de altísima volatilidad. Con este pronunciamiento, los particulares quedaron excluidos de la acción penal privada, dejando el impulso de la causa exclusivamente en manos del Ministerio Público Fiscal.
Periodismo argentino: del linchamiento informativo al silencio atronador y la sombra de la pauta
El desenlace judicial en los tribunales de Nueva York no solo desarticuló la demanda colectiva por el token $LIBRA; también dejó al descubierto una de las operaciones de desgaste mediático más feroces y asimétricas de los últimos tiempos en la Argentina. Durante meses, las pantallas de televisión, las portadas de diarios y las mesas de análisis político convirtieron el caso en un juicio sumario contra el gobierno de Javier Milei. Sin embargo, tras la firma de la jueza Jennifer Rochon que sepultó la causa y desestimó cualquier figura de asociación ilícita, el aparato informativo tradicional reaccionó con un silencio aterrador.
La distancia entre el estruendo inicial y la amnesia posterior no es casual ni técnica: expone la mecánica de un modelo periodístico severamente cuestionado por su dependencia histórica de la pauta y su abierto sesgo de confirmación.
Desde la irrupción del fenómeno en febrero de 2025, amplios sectores del periodismo tradicional desplegaron una cobertura ininterrumpida orientada a instalar la idea de una trama de corrupción estatal. Titulares catástrofe, especulaciones financieras y panelistas en cadena dedicaron cientos de horas de aire a vincular directamente la figura presidencial con supuestas maniobras fraudulentas, transformando un activo puramente especulativo en un escándalo de Estado.
Durante ese período, cualquier matiz legal fue descartado. Se dieron por probadas acusaciones de conspiración y lavado sin esperar el avance de los tribunales internacionales. Sin embargo, el contundente fallo de 81 páginas dictado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York pulverizó esa narrativa: la jueza Rochon determinó que jamás existió un patrón de crimen organizado, que las acusaciones eran «vagas» y que no había evidencia alguna de dolo o defraudación.
Pese a la magnitud del revés judicial para los demandantes, la noticia del sobreseimiento de los acusados fue sepultada en breves recuadros o, en el peor de los casos, ignorada por completo por las mismas empresas de comunicación que hicieron del tema su bandera editorial.
Para buena parte del ecosistema de medios, el caso $LIBRA representó la oportunidad perfecta para instrumentar una revancha política y comercial. Al carecer del subsidio estatal que garantizaba sus ingresos, la búsqueda de impacto, el amarillismo y el ataque sistemático a la figura presidencial reemplazaron al rigor informativo.
Lo que más indigna a la opinión pública no es únicamente la manipulación de los hechos, sino la total ausencia de autocrítica. Ningún periodista ni conductor de los que acusaron de corrupción al Presidente durante meses salió a pedir disculpas, a rectificar la información o a reconocer el daño infligido a la verdad.
