Duro revés para Sánchez en España: el Congreso tumbó sus decretos de vivienda y crece la posibilidad de elecciones anticipadas
El Gobierno perdió las dos votaciones pese a un pedido de último momento del presidente español. Junts volvió a ser decisivo y se alineó con PP y Vox para rechazar las iniciativas. La Moncloa abrió ahora un período de reflexión y no descarta disolver las Cortes antes de terminar el mandato.
El gobierno de Pedro Sánchez sufrió este viernes una de sus derrotas parlamentarias más delicadas de los últimos meses. El Congreso de los Diputados rechazó los dos decretos de emergencia sobre vivienda impulsados por el Ejecutivo y dejó nuevamente expuesta la fragilidad de la mayoría que permitió al líder socialista continuar en el poder después de las elecciones de 2023.
El golpe político llegó en medio de una creciente movilización por el acceso a la vivienda, con protestas y acampadas en distintas ciudades españolas, y abrió inmediatamente otro interrogante: si Sánchez intentará continuar gobernando con una mayoría cada vez más difícil de reconstruir o terminará convocando elecciones generales anticipadas.
Fuentes del Ejecutivo español señalaron tras la votación que se abrió un “período de reflexión” y que ningún escenario está descartado. El presidente analizará durante los próximos días la continuidad de la legislatura.
Junts volvió a dejar al Gobierno sin mayoría
El resultado volvió a demostrar el problema central que arrastra Sánchez desde su investidura: el Ejecutivo puede mantenerse en el poder, pero no dispone de una mayoría propia para aprobar sus principales iniciativas.
El primer decreto fue rechazado por 178 votos contra 172. Votaron en contra el Partido Popular, Vox, Junts per Catalunya y Unión del Pueblo Navarro. Del otro lado se ubicaron PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, Podemos, BNG, Coalición Canaria y Compromís.
El segundo texto tuvo una derrota todavía más amplia: 184 votos en contra y 166 a favor, después de que el PNV también se sumara al rechazo.
El voto de Junts, el espacio liderado por Carles Puigdemont, fue especialmente significativo. Los independentistas catalanes habían sido fundamentales para que Sánchez consiguiera su investidura, pero durante la actual legislatura se alejaron en distintas votaciones y volvieron a demostrar que su respaldo al Ejecutivo no supone un apoyo automático a sus proyectos.
Horas antes de la sesión, Junts había planteado retirar los decretos y negociar un nuevo texto. El Gobierno rechazó esa alternativa y decidió llevar igualmente las medidas al recinto.
Qué proponían los decretos
La primera iniciativa, el Real Decreto-ley 26/2026, contenía buena parte del paquete elaborado por el Gobierno para intervenir sobre el mercado inmobiliario.
Entre otras medidas, contemplaba ampliar la protección frente a los desalojos de familias vulnerables sin alternativa habitacional, establecer prórrogas extraordinarias para determinados contratos de alquiler, limitar temporalmente algunas compras de inmuebles por grandes actores y modificar distintos beneficios e instrumentos fiscales. El Congreso había detallado oficialmente esas disposiciones antes de la sesión.
El segundo decreto, el 27/2026, avanzaba sobre la estabilidad de los contratos de alquiler habitual e introducía mecanismos de renovación automática y nuevas obligaciones para los propietarios.
Ambos textos habían entrado en vigencia de manera inmediata después de su publicación, como permite el sistema español para los reales decretos-ley, pero necesitaban posteriormente la convalidación del Congreso.
Al no conseguirla, quedaron derogados.
El primero estuvo vigente poco más de un día y el segundo apenas unas horas.
Sánchez apareció en el Congreso para intentar salvarlos
La importancia que La Moncloa otorgaba a la votación quedó expuesta minutos antes de que los diputados comenzaran a pronunciarse.
Sánchez, cuya intervención inicialmente no estaba prevista, tomó la palabra personalmente para pedir respaldo a las iniciativas.
El jefe del Gobierno calificó las medidas como necesarias para enfrentar el problema habitacional y advirtió a quienes pensaban rechazarlas que las consecuencias serían graves. También lanzó una dura advertencia política: “La historia les juzgará antes de lo que creen”.
PSOE y Sumar solicitaron además que la votación se realizara por llamamiento, un mecanismo mediante el cual cada uno de los diputados debe ponerse de pie y expresar públicamente su voto.
El procedimiento convirtió la sesión en una fotografía particularmente explícita de la falta de mayoría del Gobierno. Ni la intervención presidencial ni el formato de la votación consiguieron modificar el resultado.
El adelanto electoral ya está sobre la mesa
La consecuencia política inmediata de la derrota fue reabrir con fuerza una discusión que Sánchez venía intentando contener: la posibilidad de convocar elecciones antes de 2027.
Dirigentes del PSOE y miembros del propio Gobierno habían comenzado a plantear antes de la votación que una derrota en una cuestión tan sensible podía marcar un punto de inflexión para la legislatura.
Después del rechazo de los decretos, La Moncloa admitió que analiza todos los escenarios.
Por ahora no existe una convocatoria electoral ni una fecha confirmada.
Si Sánchez decidiera disolver las Cortes en los próximos días, el calendario electoral español permitiría celebrar comicios hacia fines de noviembre. El 29 de noviembre aparece como la primera fecha posible bajo determinados plazos, aunque sigue siendo únicamente un escenario técnico y no una convocatoria oficial.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclamó inmediatamente que Sánchez ponga fecha a las elecciones y afirmó que su partido está preparado para concurrir a las urnas.
Vox también se manifestó a favor de una convocatoria anticipada. La decisión, sin embargo, corresponde exclusivamente al presidente del Gobierno.
Una legislatura cada vez más difícil
La derrota de este viernes no provoca automáticamente la caída del Ejecutivo.
España no funciona bajo un sistema en el que perder una votación legislativa obligue al presidente a renunciar. Sánchez puede continuar en La Moncloa mientras no prospere una moción de censura o él mismo decida adelantar las elecciones.
El problema es político.
La coalición PSOE-Sumar depende para aprobar legislación de una compleja combinación de partidos regionales, nacionalistas e independentistas cuyos intereses no siempre coinciden.
Junts fue indispensable para la investidura, pero su relación con Sánchez se volvió cada vez más imprevisible. Sin sus siete diputados, el Gobierno tiene enormes dificultades para reunir una mayoría en votaciones cerradas.
Eso quedó nuevamente expuesto con los decretos de vivienda.
Sánchez había asegurado durante buena parte de la legislatura que pretendía gobernar hasta 2027. Después de la votación de este viernes, esa certeza quedó debilitada.
El Congreso rechazó las dos medidas que el Ejecutivo había presentado como respuesta urgente a una de las principales preocupaciones sociales del país y el Gobierno terminó la jornada sin poder garantizar cuál será su próximo movimiento.
Por ahora, los decretos ya cayeron y las elecciones anticipadas dejaron de ser solamente una especulación recurrente para convertirse en uno de los escenarios que la propia Moncloa admite estar evaluando.
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