Desalojaron a militantes kirchneristas y de izquierda que irrumpieron violentamente en el Palacio Pizzurno
Integrantes de agrupaciones universitarias ingresaron por la fuerza en la sede de la Secretaría de Educación y permanecieron allí durante varias horas. Capital Humano anunció que denunciará la ocupación y los daños ocasionados en el edificio público.
Una protesta impulsada por agrupaciones kirchneristas y de izquierda terminó este miércoles con la intervención de la Policía Federal, después de que un grupo de militantes forzara el ingreso al Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación de la Nación.
Los manifestantes llegaron al edificio alrededor de las 17.40 con reclamos relacionados con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, el incremento de las becas Progresar, el boleto educativo y el presupuesto destinado a comedores y residencias estudiantiles.
Lo que comenzó como una concentración frente al inmueble rápidamente derivó en empujones con los efectivos encargados de custodiar el acceso. Una parte de los militantes superó el vallado policial, entró en las instalaciones y anunció una permanencia dentro de la dependencia estatal.
En democracia, cualquier sector tiene derecho a manifestarse. Lo que no existe es un derecho a irrumpir por la fuerza en un edificio público, impedir su funcionamiento o utilizar el patrimonio de todos los contribuyentes como escenario de una operación partidaria.
Agrupaciones kirchneristas detrás de la ocupación
Entre los participantes fueron identificados militantes de La Mella —espacio vinculado con Juan Grabois—, Sur y La Cepa, junto con estudiantes pertenecientes a distintas universidades nacionales.
También se acercaron al lugar los diputados de Unión por la Patria Itai Hagman y Lucía Cámpora, quienes permanecieron en el exterior e intervinieron en las negociaciones para conseguir una salida de los ocupantes.
La presencia de agrupaciones orgánicas y dirigentes políticos dejó en evidencia que no se trató simplemente de una reacción espontánea de estudiantes independientes. Detrás del reclamo educativo volvió a aparecer la estructura militante que, durante décadas, convirtió universidades y organismos públicos en territorios de disputa partidaria.
Pese al ingreso irregular, una delegación consiguió mantener una reunión con el secretario de Educación, Carlos Torrendell. Los manifestantes aseguraron posteriormente que las respuestas oficiales no los conformaron y resolvieron continuar dentro del edificio.
La Policía recuperó el edificio
Cerca de las 19.30, efectivos de la Policía Federal ingresaron en el Palacio Pizzurno para comenzar el desalojo. Poco después de las 20, el inmueble quedó nuevamente bajo control de las autoridades.
No se informaron detenciones durante el operativo. El Ministerio de Capital Humano sostuvo, sin embargo, que durante la ocupación se produjeron daños en el edificio y anticipó la presentación de una denuncia judicial para determinar responsabilidades.
“Por la fuerza, nada”, expresó la ministra Sandra Pettovello al respaldar la intervención policial. Desde el Ministerio de Seguridad también remarcaron que las protestas pacíficas están garantizadas, pero que ninguna reivindicación autoriza a violentar una dependencia pública.
El conflicto por el financiamiento universitario
La ocupación se produjo después de que un fallo de primera instancia ordenara al Poder Ejecutivo avanzar con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. El Gobierno había suspendido su ejecución al considerar que el Congreso aprobó un aumento del gasto sin establecer de dónde saldrían los recursos necesarios para solventarlo.
Ese es el debate que debería resolverse mediante los mecanismos institucionales: el Congreso, los tribunales y la discusión presupuestaria. Ningún reclamo presupuestario convierte a un grupo de militantes en propietario de un edificio estatal.
Las organizaciones universitarias preparan ahora una nueva movilización para el 15 de octubre. Podrán marchar, presentar proyectos y cuestionar al Gobierno. Lo que no podrán hacer es sustituir la discusión democrática por la ocupación de dependencias públicas.
La recuperación del Palacio Pizzurno dejó un mensaje necesario: protestar es un derecho; tomar edificios, violentar accesos y desconocer la autoridad no lo es.
Compartí esta noticia
