Hasta la izquierda denuncia persecución contra Flávio Bolsonaro: el PCO cargó contra Moraes y el STF
El Partido de la Causa Obrera, una fuerza de izquierda radical sin vínculos políticos con el bolsonarismo, cuestionó las restricciones judiciales contra Flávio Bolsonaro después de las elecciones. Su presidente, Rui Costa Pimenta, sostuvo que el senador es perseguido por haber obtenido casi 60 millones de votos y acusó al Supremo Tribunal Federal de actuar políticamente.
La ofensiva judicial contra Flávio Bolsonaro empezó a generar cuestionamientos incluso desde sectores ubicados en las antípodas ideológicas de la derecha brasileña. El Partido de la Causa Obrera (PCO), una organización de izquierda radical que durante el balotaje llamó a votar nulo, denunció que las medidas adoptadas contra el excandidato presidencial constituyen una “persecución política”.
El presidente nacional del partido, Rui Costa Pimenta, apuntó directamente contra la decisión del juez Alexandre de Moraes, quien ordenó retener los pasaportes de Bolsonaro e impedirle abandonar Brasil dentro de una investigación judicial. El dirigente fue categórico: “Hasta un ciego ve que se trata de una persecución política”.
La particularidad del pronunciamiento reside precisamente en quién formula la acusación. El PCO no apoyó a Bolsonaro durante la campaña, mantiene profundas diferencias con su programa y cuestionó históricamente a la derecha brasileña, pero considera que las garantías constitucionales no pueden depender de la identidad política de quien resulta alcanzado por una investigación.
Costa Pimenta sostuvo que el verdadero problema es el peso político que conserva el bolsonarismo después del balotaje. Flávio obtuvo 59.826.041 votos, cerca de 60 millones, y el Partido Liberal mantuvo además una importante representación parlamentaria, elementos que según el dirigente convierten al senador en un adversario capaz de disputar poder institucional al Supremo.
“¿Por qué Flávio Bolsonaro está siendo perseguido? Porque tuvo casi 60 millones de votos, porque tiene una bancada muy expresiva en el Senado y otra en el Congreso”, sostuvo el líder del PCO. Para Costa Pimenta, las medidas no responden únicamente a una discusión jurídica sino a una disputa de poder entre el STF y una oposición que salió derrotada de las presidenciales, pero conservó una gigantesca base electoral.
El PCO acusa al STF de utilizar la Justicia como herramienta política
El partido también cuestionó la actuación general del Supremo Tribunal Federal y recordó que sus propios dirigentes fueron alcanzados anteriormente por decisiones similares. Durante 2022, Moraes ordenó retirar de internet cuentas del PCO en el marco del denominado “inquérito de las fake news”, pese a que el espacio se encontraba enfrentado al entonces presidente Jair Bolsonaro.
Más recientemente, la Policía Federal también había incautado el teléfono y el pasaporte de Costa Pimenta durante una investigación. El dirigente utilizó ese antecedente para argumentar que su rechazo a las medidas contra Flávio Bolsonaro no constituye un respaldo político al senador, sino una posición contra lo que considera un uso expansivo y arbitrario de las facultades judiciales.
El presidente del PCO fue incluso más lejos al describir el funcionamiento del Supremo. “El STF ejerce aquí una dictadura”, afirmó, y explicó que su partido había defendido el voto nulo durante la segunda vuelta precisamente porque consideraba que apoyar a Lula implicaba también convalidar la alianza política entre el Gobierno y sectores de la Corte.
Costa Pimenta también cuestionó la proporcionalidad de retirar los pasaportes a Bolsonaro cuando el senador todavía no fue condenado en los expedientes mencionados. Con ironía, sostuvo que si las mismas restricciones se aplicaran a todas las figuras políticas y empresariales relacionadas con personas investigadas, la Justicia debería incautar una cantidad enorme de documentos.
La posición del PCO resulta particularmente incómoda para sectores oficialistas porque desmonta la idea de que toda crítica al avance judicial contra Bolsonaro proviene exclusivamente de la derecha. Una fuerza comunista que se negó a respaldarlo electoralmente considera ahora que las garantías democráticas también deben aplicarse a quien representa al principal espacio opositor del país.
Nuevas investigaciones después del balotaje
La discusión se profundizó después de que el juez Flávio Dino ordenara abrir otra investigación para determinar si existió financiamiento o participación extranjera en la campaña de Bolsonaro. La medida analiza posibles contactos con organizaciones conservadoras estadounidenses, financiamiento político, publicidad realizada desde el exterior y eventuales negociaciones relacionadas con recursos estratégicos brasileños.
El PCO volvió a cuestionar esa decisión y sostuvo que Dino utilizó una causa originalmente vinculada con litigios mineros para impulsar una investigación criminal sobre hechos electorales. Para el partido, esa secuencia alimenta la percepción de un “cerco político” contra el principal dirigente opositor inmediatamente después de las elecciones.
Las causas y medidas cautelares tienen fundamentos jurídicos formales y deberán resolverse dentro del sistema judicial brasileño. Hasta el momento, tampoco existen pruebas públicas que permitan afirmar que Lula haya ordenado personalmente a los jueces perseguir a Bolsonaro, por lo que esa interpretación corresponde a las denuncias formuladas por sus críticos y ahora también por el PCO.
Lo que sí resulta políticamente significativo es el momento elegido para las medidas y la amplitud de las críticas. Bolsonaro pasó de obtener casi 60 millones de votos a enfrentar restricciones de movimiento y nuevas investigaciones en cuestión de días, mientras el país continúa atravesando las consecuencias de una elección extremadamente polarizada.
La controversia adquiere así una dimensión que supera la tradicional pelea entre lulismo y bolsonarismo. Cuando incluso una organización de izquierda radical advierte que existe persecución política contra el principal referente de la derecha, la discusión deja de ser únicamente partidaria y pasa a concentrarse en los límites del poder judicial y las garantías que deben proteger a cualquier oposición en una democracia.
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