Reforma de seguridad de Pullaro: Diputados recortó las facultades policiales más polémicas, pero persisten los cuestionamientos
El proyecto del gobernador consiguió media sanción en la Cámara baja después de una fuerte disputa dentro de Unidos, se eliminaron puntos pero se mantienen otras herramientas que generan preocupación por sus alcances y los controles judiciales.
La reforma de seguridad impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro logró avanzar en la Legislatura santafesina, aunque no sin costos políticos. Después de varios meses de negociaciones y diferencias dentro del oficialismo, la Cámara de Diputados otorgó media sanción al paquete de modificaciones al sistema de seguridad y al procedimiento penal, pero con cambios importantes respecto del proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo.
La iniciativa fue aprobada el 5 de noviembre con 37 votos afirmativos y 11 negativos. El resultado llegó después de que los sectores radicales y socialistas de Unidos consiguieran acercar posiciones y acordaran retirar algunos de los artículos que más cuestionamientos habían generado entre legisladores, especialistas y organismos judiciales.
La discusión dejó al descubierto una tensión dentro de la coalición gobernante: mientras el sector radical defendía la necesidad de ampliar las herramientas de intervención estatal frente al delito, el socialismo reclamaba mayores límites para evitar abusos y posibles vulneraciones de garantías constitucionales.
Las facultades que Pullaro quería otorgarle a la Policía y que terminaron eliminadas
Uno de los aspectos más controvertidos del proyecto original era la posibilidad de habilitar a los efectivos policiales a interrogar a personas imputadas durante una investigación penal, sin la asistencia obligatoria de un abogado defensor.
La propuesta fue cuestionada por sectores del ámbito judicial, que advirtieron sobre los riesgos de debilitar el derecho de defensa y las garantías del debido proceso. Finalmente, esa facultad fue eliminada del texto aprobado.
También quedó afuera la creación de las denominadas zonas de intervención policial especial. El proyecto original contemplaba que el Ministerio de Justicia y Seguridad pudiera declarar determinadas áreas como territorios de intervención extraordinaria frente a elevados índices de criminalidad o violencia.
Dentro de esas zonas, la Policía habría contado con atribuciones especiales para establecer controles de acceso, requisar vehículos, restringir la circulación y demorar personas hasta 48 horas para identificarlas. Incluso se contemplaban arrestos de hasta 30 días ante determinados incumplimientos.
Estas disposiciones fueron retiradas luego de los cuestionamientos institucionales y las negociaciones políticas.
Las herramientas que sí quedaron en el proyecto
Aunque se eliminaron las atribuciones policiales más cuestionadas, la reforma conserva buena parte de las modificaciones que pretendía introducir el Ejecutivo.
Entre ellas se destacan:
- Allanamientos sin orden judicial: se amplían de siete a nueve los supuestos excepcionales. En determinados casos se exige intervención fiscal y control judicial de oficio dentro de las 24 horas posteriores.
- Intervención sobre inmuebles vinculados al delito: se mantienen mecanismos para desalojar, bloquear o intervenir propiedades utilizadas para actividades ilícitas. Las medidas irreversibles, como demoliciones, requieren intervención de un tribunal.
- Juicios en ausencia: se habilita avanzar con procesos judiciales cuando el imputado se encuentre rebelde, bajo requisitos específicos, autorización de un tribunal y participación de la defensa.
- Régimen penitenciario especial: se mantienen restricciones para internos considerados una amenaza grave para la seguridad pública, incluyendo aislamiento individual y limitaciones en visitas y comunicaciones, con posibilidad de revisión judicial.
- Inteligencia y prevención: se introducen modificaciones en las tareas de inteligencia provincial y se establecen límites cuando puedan afectar la privacidad o intimidad de las personas.
- Fondo de recompensas: se mantienen los incentivos económicos para obtener información relevante en investigaciones, con mayores requisitos de intervención y control.
Las diferencias dentro de Unidos y los cuestionamientos opositores
La discusión legislativa también dejó expuesta una disputa política dentro del propio oficialismo. Las diferencias entre radicales y socialistas impidieron inicialmente que el proyecto llegara al recinto y obligaron al Gobierno a negociar modificaciones para conseguir los votos.
El socialismo reclamó cambios en las atribuciones policiales y fiscales, mientras que el radicalismo defendió la necesidad de contar con herramientas más amplias para combatir el delito organizado.
Desde la oposición, las críticas apuntaron principalmente al riesgo de ampliar las facultades del Estado sin garantizar controles suficientes.
Cuestionaron la transferencia de atribuciones a las fuerzas policiales y advirtió sobre posibles retrocesos democráticos. Por su parte, legisladores del peronismo señalaron que las modificaciones originales podían afectar el debido proceso y perjudicar a personas inocentes.
Incluso organismos judiciales, entre ellos la Corte Suprema provincial y el Ministerio Público de la Defensa, habían presentado observaciones sobre distintos artículos del proyecto.
El Senado define el futuro de la reforma
El próximo paso será en la Cámara de Senadores. El proyecto ingresará formalmente para su tratamiento el jueves 19 de noviembre, aunque esa fecha corresponde al inicio de su recorrido en la Cámara alta y no necesariamente a su votación definitiva.
El oficialismo busca conseguir la sanción antes de finalizar noviembre.
La discusión, sin embargo, va más allá de una reforma de procedimientos policiales. Lo que está en juego es hasta dónde pueden ampliarse las facultades del Estado para combatir el delito sin debilitar las garantías constitucionales.
Pullaro consiguió avanzar con su reforma, pero tuvo que ceder en algunos de los puntos más polémicos de su propio proyecto. Ahora la pregunta es si el Senado ratificará ese equilibrio o intentará recuperar algunas de las atribuciones que quedaron afuera.
