El Gobierno avanza con la privatización de AySA: dos grupos nacionales compiten por la empresa
El Ministerio de Economía abrió las ofertas técnicas para avanzar con la venta del 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos. Dos grupos nacionales quedaron en carrera y ahora sus propuestas serán evaluadas antes de la apertura de las ofertas económicas. El futuro operador tendrá fuertes obligaciones de inversión y expansión del servicio durante los primeros cinco años.
El Gobierno de Javier Milei dio este martes un nuevo paso en su programa de privatizaciones con la apertura de las ofertas técnicas para la venta del 90% de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), una de las empresas estatales más importantes incluidas en el proceso de transformación del sector público impulsado por la administración libertaria.
El Ministerio de Economía llevó adelante la primera instancia de la licitación, en la que finalmente se presentaron dos oferentes. Se trata del consorcio Rowing-Arcos-Transclor-PHX, encabezado por Rowing S.A., y Roggio ROAS S.A.U. y otros, vinculado al Grupo Roggio.
Las propuestas pasarán ahora a una etapa de evaluación técnica, legal, económica y financiera. Aquellos participantes que cumplan con las condiciones establecidas en el pliego quedarán habilitados para presentar sus ofertas económicas. El ganador será determinado posteriormente en función de la propuesta económica más conveniente.
La operación representa uno de los principales hitos del programa de privatizaciones que el Gobierno viene llevando adelante desde la aprobación de la Ley Bases, con el objetivo de reducir la participación directa del Estado en empresas y servicios que pueden ser gestionados por el sector privado.
Más de US$2.000 millones de inversión obligatoria en cinco años
Uno de los aspectos centrales del proceso es que la privatización de AySA no se limita a la transferencia de las acciones. El futuro operador deberá asumir un ambicioso programa obligatorio de inversiones y expansión del servicio.
Según informó el ministro de Economía, Luis Caputo, el nuevo operador tendrá obligaciones de inversión por más de US$2.000 millones durante los primeros cinco años de gestión.
La apuesta del Gobierno es que el traspaso al sector privado permita acelerar obras, ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento sin que esas inversiones deban ser afrontadas directamente por el Estado nacional.
“Esto significa más obras, más inversiones, más seguridad y menos costos para todos los argentinos”, destacó Caputo al comunicar el avance de la privatización.
Además, durante el primer ciclo de cinco años, el esquema establece que el nivel tarifario vigente al momento de la presentación se mantenga constante en términos reales, una condición que forma parte del diseño del proceso.
El contrato de concesión tendrá una duración de 30 años, con la posibilidad de extenderlo por hasta otros diez años.
El Estado venderá el 90% y los trabajadores conservarán el 10%
La operación contempla la transferencia de la participación accionaria que actualmente posee el Estado nacional.
En una primera etapa, se prevé el traspaso del 51% de las acciones a un operador estratégico, que asumirá el control de la compañía y las responsabilidades vinculadas con la prestación del servicio y el cumplimiento del plan de inversiones.
Posteriormente, se realizará una oferta pública inicial para colocar otro 39% de las acciones en el mercado de capitales.
El 10% restante continuará en manos de los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada.
De completarse el proceso, el Estado nacional dejará de tener participación accionaria en AySA.
El Gobierno busca de esta manera avanzar hacia un esquema en el que la empresa tenga un operador privado responsable de su funcionamiento, mientras que el Estado conserve las funciones regulatorias y de control correspondientes.
Dos grupos locales quedaron en carrera
La apertura de las ofertas dejó a dos grupos argentinos como los principales competidores por AySA.
Uno de ellos es el consorcio integrado por Rowing, Arcos, Transclor y PHX, encabezado por Rowing S.A. Dentro de la sociedad aparece el empresario Mauricio Filiberti, titular de Transclor.
El segundo oferente es Roggio ROAS S.A.U. y otros, perteneciente al Grupo Roggio, uno de los conglomerados argentinos con mayor experiencia en la operación de servicios públicos.
El Grupo Roggio participa, entre otras actividades, en Aguas Cordobesas, además de tener presencia en infraestructura y transporte.
La definición todavía no está tomada. Las ofertas técnicas deberán superar primero los controles establecidos por el pliego y recién después se avanzará con la competencia económica.
Según estimaciones del Ministerio de Economía, el Gobierno espera obtener alrededor de US$450-500 millones por la operación, aunque el monto final dependerá de las ofertas económicas que presenten los participantes habilitados.
Un dato relevante es que el proceso no establece una base ni un precio mínimo, por lo que el valor final de la participación estatal quedará determinado por la competencia entre los oferentes.
Qué requisitos deben cumplir los nuevos operadores
El pliego de la privatización establece exigencias específicas para garantizar que el futuro operador tenga experiencia suficiente para hacerse cargo de una compañía que presta servicios esenciales a millones de personas.
El operador técnico deberá acreditar al menos cinco años de experiencia durante los últimos diez años en la gestión de empresas dedicadas a la prestación de servicios de agua potable y recolección de desagües cloacales.
Además, esa experiencia deberá corresponder a un centro o conglomerado urbano de al menos 1,5 millones de habitantes y 500.000 usuarios servidos.
También existen exigencias financieras. Los participantes deberán acreditar experiencia o capacidad para estructurar, obtener o participar en financiamientos destinados a proyectos de infraestructura, servicios públicos o empresas reguladas por un monto acumulado de al menos US$150 millones durante los últimos diez años.
A esto se suma la exigencia de contar con un patrimonio neto consolidado mínimo de US$300 millones. Para fondos de capital privado, consorcios y otras estructuras de administración de activos, el requisito asciende a US$1.000 millones en activos bajo gestión.
El objetivo es evitar que el control de la empresa quede en manos de operadores sin capacidad técnica o financiera para sostener las inversiones comprometidas.
Una privatización estratégica para el Gobierno de Milei
AySA presta servicios de agua potable y saneamiento a aproximadamente 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense.
Por su magnitud, la empresa constituye una de las operaciones más relevantes del programa de privatizaciones impulsado por el Gobierno de Milei.
El proceso busca modificar un esquema que se inició en 2006, cuando el gobierno de Néstor Kirchner decidió reestatizar el servicio luego de la salida del grupo francés Suez.
Ahora, dos décadas después, la administración de Milei plantea un nuevo modelo basado en la participación privada, la competencia, la inversión y el control regulatorio del Estado.
La apertura de las ofertas técnicas constituye así un nuevo avance dentro de la agenda de reformas estructurales del Gobierno, que apunta a reducir el peso del Estado empresario y trasladar al sector privado la operación y el financiamiento de actividades productivas y de servicios.
La definición del nuevo operador llegará después de la evaluación de las propuestas técnicas. Una vez completada esa instancia, comenzará la etapa decisiva: la apertura de las ofertas económicas que determinará quién se queda con el control de AySA.
Para el Gobierno, la privatización representa mucho más que una venta de activos: es parte de un cambio de modelo en el que el Estado deja de administrar directamente empresas y concentra sus funciones en la regulación, el control y la defensa del interés público, mientras el capital privado asume la gestión, el riesgo empresario y las inversiones necesarias para expandir y modernizar los servicios.
