Revés para Cristina: la Justicia mantiene embargado el departamento en San José 1111
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el planteo de la expresidenta contra los embargos preventivos sobre bienes vinculados a Hotesur y Los Sauces. Entre los inmuebles alcanzados está San José 1111, donde cumple su condena por la causa Vialidad. La Justicia avanza así con el proceso destinado a garantizar un decomiso que supera los $684.990 millones.
La Justicia volvió a darle un duro revés a Cristina Kirchner. La Cámara Federal de Casación Penal rechazó la queja presentada por la defensa de la expresidenta contra los embargos preventivos dispuestos en el marco de la causa Vialidad, una medida que alcanza a numerosos inmuebles vinculados a las sociedades Hotesur S.A. y Los Sauces S.A.
Entre las propiedades alcanzadas por la decisión se encuentra el departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde la exmandataria cumple actualmente prisión domiciliaria. También quedaron bajo embargo distintos inmuebles ubicados en Puerto Madero y en la provincia de Santa Cruz.
La resolución fue dictada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. Los magistrados consideraron que la defensa estaba cuestionando una medida de carácter cautelar y provisional, por lo que no correspondía equipararla a una sentencia definitiva.
La defensa de Cristina intentó frenar los embargos
El abogado Carlos Beraldi, representante de Cristina Kirchner, había cuestionado la decisión del Tribunal Oral Federal N° 2 que el pasado 11 de agosto ordenó embargar preventivamente los bienes para preservarlos mientras se define si corresponde avanzar con su decomiso definitivo.
La defensa sostuvo que los inmuebles no son instrumentos, productos ni beneficios del delito por el cual fue condenada la expresidenta. Además, argumentó que Cristina tenía legitimación para cuestionar la medida debido a que uno de los bienes afectados es precisamente la vivienda donde actualmente cumple su prisión domiciliaria.
El planteo buscó instalar que el embargo podía terminar provocando el desapoderamiento del departamento y, por esa razón, debía ser considerado equivalente a una sentencia definitiva.
Casación rechazó esa interpretación.
Los jueces remarcaron que, por el momento, únicamente se encuentra bajo discusión una medida cautelar destinada a asegurar el patrimonio y que el Tribunal Oral todavía debe resolver sobre el eventual decomiso definitivo de los bienes.
Por eso, consideraron que el supuesto perjuicio sobre la situación habitacional de Cristina Kirchner es, en esta instancia, eventual y conjetural.
Una condena firme que ahora avanza hacia el decomiso
El dato central del expediente es que Cristina Kirchner no está atravesando una investigación en la que simplemente se discuta si debe ser condenada. Su condena en la causa Vialidad quedó firme el 10 de junio de 2025.
La expresidenta recibió seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
A partir de esa sentencia firme, la Justicia inició la etapa destinada a hacer efectivo el decomiso ordenado en la causa. El monto actualizado de la condena patrimonial asciende a $684.990.350.139,86.
En una primera etapa ya se avanzó sobre 111 bienes pertenecientes a Cristina Kirchner y al empresario Lázaro Báez, que actualmente se encuentran bajo tasación.
Ahora, el expediente incorpora una segunda tanda de propiedades que quedaron preventivamente embargadas para evitar que puedan ser transferidas, ocultadas o afectadas antes de que se determine definitivamente qué bienes deben responder frente al decomiso.
La medida había sido impulsada por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.
Hotesur, Los Sauces y los bienes bajo la lupa judicial
El nuevo listado alcanza a propiedades vinculadas a Hotesur y Los Sauces, sociedades cuyos accionistas actuales son Máximo y Florencia Kirchner.
Entre los bienes se encuentran propiedades del complejo Madero Center, en Puerto Madero, incluyendo un dúplex, siete cocheras, un departamento y una baulera.
También fueron alcanzados numerosos terrenos y construcciones ubicados en Santa Cruz. Entre ellos figura el predio donde se encuentra el Hotel La Aldea del Chaltén.
El objetivo del embargo preventivo es preservar esos activos mientras la Justicia determina si corresponde avanzar con su decomiso definitivo.
En paralelo, Máximo y Florencia Kirchner también recurrieron las medidas y buscan revertir los embargos que afectan a los bienes de las sociedades de las que son accionistas.
Sin privilegios frente a una condena firme
La decisión judicial vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que excede la disputa política: una condena firme debe tener consecuencias concretas.
Cristina Kirchner fue condenada por la Justicia y esa condena quedó firme. El proceso de ejecución patrimonial forma parte de las consecuencias jurídicas de esa sentencia y no puede quedar condicionado por la identidad política o la relevancia pública de la persona condenada.
El hecho de que la expresidenta cumpla prisión domiciliaria tampoco convierte sus bienes en intocables. El arresto domiciliario es una modalidad de cumplimiento de una pena privativa de libertad y no una eximición de las consecuencias patrimoniales que puedan derivarse de una condena firme.
En ese sentido, el planteo de su defensa para impedir que el inmueble donde cumple prisión domiciliaria quede alcanzado por el embargo fue rechazado por Casación.
La Justicia todavía deberá determinar si esos bienes son finalmente decomisados. Pero el mensaje del fallo es claro: el proceso judicial debe continuar y los bienes permanecerán cautelados mientras se resuelve su situación definitiva.
Para Cristina Kirchner, se trata de un nuevo revés judicial. Para la causa Vialidad, en cambio, representa otro paso en la ejecución de una condena que ya no está en discusión y que ahora busca traducirse también en consecuencias económicas concretas.
La exmandataria podrá continuar ejerciendo su defensa dentro de las herramientas que le brinda la ley. Lo que no puede pretender, frente a una sentencia firme, es que su condición de expresidenta o la modalidad de prisión domiciliaria le otorguen privilegios patrimoniales que el resto de las personas condenadas no posee.
