Sueños Compartidos: penas en suspenso y De Vido absuelto
Tras 15 años de trámite, el TOF 5 responsabilizó a José López, Abel Fatala y los hermanos Schoklender por administración fraudulenta. Las sanciones no implicarán cárcel efectiva por esta causa y se ordenó decomisar más de $206 millones.
La Justicia federal dio a conocer el veredicto de uno de los casos más emblemáticos de corrupción y desmanejo de fondos públicos de las últimas décadas: la causa Sueños Compartidos.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 5 condenó a cuatro de los nueve acusados por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Además, dispuso por mayoría el decomiso de bienes cautelados por $206.438.454,05, monto que vinculó con la maniobra ilícita investigada.
Los recursos debían destinarse a la construcción de viviendas sociales y centros de salud mediante convenios ejecutados entre 2005 y 2011.
Aunque durante el juicio la acusación describió una “arquitectura delictiva” montada sobre contrataciones estatales directas, las penas impuestas fueron inferiores a tres años y de ejecución condicional. En consecuencia, ninguno de los condenados cumplirá prisión efectiva por esta causa.
Los fundamentos completos de la decisión se conocerán el próximo 13 de noviembre.
Penas en suspenso y cinco absoluciones
El tribunal, integrado por los jueces Adriana Palliotti, Horacio Obligado y Adrián Grunberg, rechazó los planteos de nulidad, prescripción e insubsistencia de la acción penal por vulneración del plazo razonable.
Luego resolvió, por mayoría, las siguientes condenas:
- José López, exsecretario de Obras Públicas: dos años y nueve meses de prisión de ejecución condicional como coautor de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. También recibió una inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
- Abel Fatala, exsubsecretario de Obras Públicas: dos años y nueve meses de prisión de ejecución condicional como coautor del mismo delito e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
- Sergio Schoklender, exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo: dos años y ocho meses de prisión de ejecución condicional como partícipe necesario.
- Pablo Schoklender, exadministrador y apoderado de la Fundación: dos años y cuatro meses de prisión de ejecución condicional, también como partícipe necesario.
Una de las decisiones que generó mayor controversia fue la absolución, por mayoría, del exministro de Planificación Federal Julio De Vido.
También fueron absueltos los exfuncionarios Claudio Freidin, Carlos Castellano, Daniel Nasif y Silvia Karina Nasif.
La absolución penal de De Vido no clausura el debate sobre la responsabilidad política de quien encabezaba el Ministerio bajo cuya órbita se firmaron los convenios y se giraron los fondos. No obstante, habrá que esperar hasta noviembre para conocer los argumentos jurídicos utilizados por cada magistrado para condenar o absolver a los acusados.
El esquema investigado
Durante su alegato, la Fiscalía sostuvo que las obras fueron asignadas de manera directa y bajo una condición de exclusividad a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, sin pasar por los procedimientos habituales de licitación y control.
Según la acusación, parte de los recursos terminó derivada hacia empresas vinculadas con los hermanos Schoklender. Numerosos desarrollos habitacionales quedaron abandonados o inconclusos, por lo que diferentes gobiernos municipales debieron continuar los trabajos con recursos propios.
El fiscal general Diego Velasco, que había solicitado penas de hasta seis años de prisión para De Vido, López, Fatala y los hermanos Schoklender, describió el mecanismo como un “esquema criminal pergeñado desde el Estado”.
La acusación sostuvo que la Secretaría de Obras Públicas transfirió más de $748 millones a la Fundación para ejecutar los proyectos y que alrededor de $206 millones fueron desviados de su finalidad original.
El tribunal dispuso que el monto del decomiso sea actualizado mediante el Índice de Precios al Consumidor cuando la sentencia quede firme. La Fiscalía también había solicitado que los recursos recuperados fueran destinados nuevamente a programas de vivienda social.
Schoklender rechazó el veredicto
A la salida de los tribunales de Comodoro Py, las declaraciones de Sergio Schoklender generaron una nueva polémica. El exapoderado de la Fundación rechazó la condena y calificó la decisión judicial como un “disparate”.
“No se desvió un puto fondo, está todo acreditado”, aseguró ante la prensa.
Schoklender sostuvo que los jueces “no se animaron, después de 15 años, a reconocer el disparate que habían hecho” y presentó la pena de ejecución condicional como una demostración de la debilidad de la acusación.
También reconoció que numerosas viviendas no fueron terminadas, aunque afirmó que esa situación se produjo después de su salida de la Fundación.
Desde una mirada política e institucional, el veredicto deja una fuerte sensación de impunidad: después de 15 años, la Justicia dictó condenas por una administración fraudulenta que perjudicó al Estado, pero ninguna de ellas implicará cárcel efectiva por este expediente.
El fallo todavía no está firme y podrá ser apelado. Sin embargo, el contraste entre la magnitud del perjuicio económico, el destino social de los recursos y la levedad de las penas instala un cuestionamiento difícil de ignorar.
