La Justicia levantó el freno al Régimen Penal Juvenil en Buenos Aires y LLA le exigió a Kicillof que cumpla la ley
La Cámara de Lomas de Zamora revocó la cautelar que suspendía durante 60 días la aplicación de la norma en la provincia de Buenos Aires. Los libertarios celebraron la resolución y reclamaron al gobernador que garantice los recursos necesarios para poner en funcionamiento el nuevo sistema.
La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora dejó sin efecto la medida cautelar que impedía aplicar el nuevo Régimen Penal Juvenil en todo el territorio bonaerense.
La resolución revocó la decisión de la jueza Marta Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2 de Lomas de Zamora, quien suspendió durante 60 días la vigencia de la Ley 27.801.
La norma, sancionada por el Congreso el 27 de febrero y publicada el 9 de marzo, reemplazó el régimen anterior y estableció un nuevo sistema penal para adolescentes de entre 14 y 17 años. Su entrada en vigor se produjo una vez cumplido el plazo de 180 días previsto para que las provincias adecuaran sus estructuras.
Desde La Libertad Avanza, que cuestionó la cautelar desde el primer momento e impulsó un pedido de juicio político contra la magistrada, celebraron la decisión y redoblaron la presión sobre el gobernador Axel Kicillof.
La Cámara cuestionó la suspensión general de una ley
La resolución fue firmada por los jueces Miguel Carlos Navascués y Miguel María Alberdi, quienes consideraron que un magistrado no puede suspender cautelarmente y con efectos generales una ley sancionada por el Congreso.
El tribunal recordó que las normas aprobadas mediante los mecanismos constitucionales cuentan con presunción de legitimidad. También señaló que el control judicial de constitucionalidad debe ejercerse frente a casos concretos y no mediante la paralización preventiva de una ley para todas las personas alcanzadas por ella.
Para la Cámara, la cautelar lesionaba el principio de división de poderes y resultaba incompatible con el sistema republicano de gobierno. Los jueces remarcaron que los tribunales no pueden dejar de aplicar una norma vigente simplemente por considerar inconvenientes sus posibles consecuencias, especialmente cuando se trata de decisiones sobre política criminal que corresponden al Poder Legislativo.
La sentencia no desconoció los problemas existentes en los establecimientos juveniles bonaerenses. Por el contrario, indicó que los jueces deberán intervenir ante cualquier situación concreta que agrave las condiciones de detención y exhortó a la administración provincial a suministrar los medios necesarios para respetar los estándares constitucionales. También ordenó revisar la competencia del juzgado que recibió el hábeas corpus colectivo. El fallo fue dictado el 15 de septiembre.
Los argumentos de la jueza Pascual
La cautelar se originó en un hábeas corpus colectivo y preventivo presentado por una organización vinculada con la Federación Familia Grande Hogar de Cristo.
Pascual sostuvo que la incorporación de adolescentes de 14 y 15 años al sistema penal podía aumentar la cantidad de jóvenes alojados en dependencias provinciales que, según su evaluación, no contaban con infraestructura, personal ni condiciones suficientes.
La magistrada mencionó deficiencias relacionadas con los edificios, la alimentación, el acceso al agua potable, la educación y la formación profesional. Sobre esa base, resolvió suspender el régimen en toda la provincia mientras reclamaba información al Gobierno bonaerense.
El Ministerio Público Fiscal apeló la medida. Argumentó que la cautelar se apoyaba en consecuencias hipotéticas y futuras, sin que existiera una afectación concreta que justificara detener la aplicación de una ley nacional en todo el territorio provincial.
Ese planteo fue aceptado por la Cámara, que diferenció la protección judicial ante un caso específico de la suspensión general de una norma sancionada por el Congreso.
Pareja: “La Cámara nos dio la razón”
El presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, afirmó que la resolución confirmó las objeciones formuladas por el espacio libertario.
“Una sola jueza no puede suspender una ley aprobada por el Congreso de la Nación y demandada por la sociedad argentina. Hoy la Cámara nos dio la razón”, sostuvo.
Pareja también cuestionó al denominado “garantismo bonaerense” y aseguró que no resulta admisible llevar las instituciones al límite para impedir una política criminal orientada a colocar a las víctimas en primer lugar y responsabilizar a quienes delinquen.
El presidente del bloque de diputados provinciales de LLA, Juanes Osaba, calificó la cautelar como “inadmisible” y remarcó que el Régimen Penal Juvenil fue aprobado por el Congreso. Los dirigentes libertarios reclamaron avanzar inmediatamente con su implementación.
Kicillof, sin la cautelar como excusa
Con la suspensión revocada, el reclamo político se trasladó directamente hacia la administración de Axel Kicillof. Desde LLA sostienen que la Provincia contó con 180 días para adaptar su estructura y preparar los dispositivos necesarios.
El titular del bloque libertario en el Senado bonaerense, Carlos Curestis, exigió que el gobernador garantice los fondos, los establecimientos y los equipos profesionales requeridos para aplicar la ley.
“La seguridad de los bonaerenses tiene que ser prioridad. Kicillof tiene que dejar de buscar excusas”, afirmó el senador.
La decisión de la Cámara terminó con el impedimento judicial que frenaba la norma, pero también dejó una obligación explícita para el Poder Ejecutivo bonaerense: aportar los recursos necesarios para que el régimen funcione dentro de los parámetros constitucionales.
La ley volvió a estar plenamente operativa en la provincia. Ahora será responsabilidad de Kicillof implementarla y responder por las condiciones del sistema penal juvenil bajo su administración.
