E.E.U.U acusa a una red vinculada a la inteligencia rusa de planear asesinatos contra aliados de Ucrania
El Departamento de Justicia estadounidense acusó a cinco personas de integrar una estructura vinculada a los servicios de inteligencia de Rusia que habría reclutado personas en Estados Unidos para vigilar y asesinar disidentes y que también habría preparado ataques contra infraestructura civil y militar en países europeos considerados aliados de Ucrania. Uno de los objetivos habría sido un disidente ruso residente en Estados Unidos, por cuyo asesinato llegaron a ofrecer USD 40.000.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos destapó una presunta trama internacional que, según la acusación federal, habría utilizado territorio estadounidense para reclutar personas, realizar tareas de vigilancia y preparar asesinatos por encargo contra opositores del Kremlin.
La investigación derivó en cargos contra cinco personas que, de acuerdo con la fiscalía, trabajaban para una red vinculada a los servicios de inteligencia de la Federación Rusa. La estructura, denominada por los investigadores RIS Network, habría desarrollado operaciones contra disidentes rusos y contra personas e instituciones ubicadas en países considerados alineados o favorables a Ucrania.
La acusación fue revelada el martes 15 de septiembre por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York. Los cinco acusados permanecen prófugos. Todos enfrentan un cargo por conspiración para financiar terrorismo, que contempla una pena máxima de 20 años de prisión. Tres de ellos también fueron acusados de conspiración para cometer asesinato por encargo, un delito que contempla hasta 10 años adicionales.
Una red que operaba bajo órdenes de la inteligencia rusa
El Departamento de Justicia sostiene que la RIS Network funciona desde al menos 2024 y que su actividad no se limitaba a Rusia.
Según la acusación, la estructura habría buscado vigilar y asesinar a disidentes rusos tanto en Europa como en Estados Unidos, además de reclutar personas para realizar ataques contra infraestructura civil y militar en países europeos percibidos como aliados de Ucrania.
El documento judicial describe a la red como parte del aparato de operaciones externas de Rusia y señala que, particularmente después de la invasión a gran escala de Ucrania en 2022, sus objetivos se habrían ampliado hacia países considerados colaboradores de Kiev.
El fiscal federal de Manhattan, Jamie McDonald, el secretario de Justicia estadounidense Todd Blanche, el fiscal general adjunto para Seguridad Nacional John A. Eisenberg y autoridades del FBI destacaron la dimensión internacional de la investigación.
“Estos acusados presuntamente operaban como parte de una red mundial de asesinatos que llegó hasta Estados Unidos”, afirmó Eisenberg, según el comunicado oficial del Departamento de Justicia.
Quiénes son los cinco acusados
Entre los acusados aparecen Yuri Khrameev, de 63 años, conocido como “Colonel Yuri”, y su hijo Kirill Khrameev, de 27.
El Departamento de Justicia describe al padre como un ex coronel de los servicios de inteligencia rusos que habría participado en el reclutamiento de personas para asesinar a presuntos disidentes rusos.
Su hijo Kirill es señalado como oficial del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB). El propio documento judicial describe al FSB como el principal organismo de seguridad ruso y sucesor de la KGB soviética.
El tercer integrante considerado de alto rango es Oemis Romagoza Durruthy, ciudadano cubano de 35 años que, según los fiscales, es un miembro influyente de la diáspora cubana residente en Rusia y habría coordinado operaciones para la red.
Los otros dos acusados son Yaidel Delgado Suarez, de 35 años, conocido como “Viking”, y Angel Eduardo Castro, de 22 años. Según el Departamento de Justicia, ambos habrían participado en el reclutamiento de personas radicadas en Estados Unidos para vigilar y tratar de asesinar a un destacado disidente ruso residente en territorio estadounidense.
USD 40.000 para matar a un disidente ruso en Estados Unidos
Uno de los episodios más graves detallados en la acusación ocurrió este verano.
Los fiscales sostienen que Suarez y Castro reclutaron a una persona residente en Estados Unidos para realizar tareas de vigilancia sobre un disidente ruso identificado en el expediente como “Victim-1”.
El reclutado habría recibido instrucciones explícitas para vigilar dos lugares relacionados con el objetivo y entregar fotografías y videos de los sitios. Por esas tareas se le ofrecieron inicialmente entre USD 1.000 y USD 1.500.
Después de completar parte de la vigilancia, los responsables habrían realizado una propuesta mucho más grave: USD 40.000 a cambio de eliminar o hacer desaparecer al objetivo mediante un asesinato.
El residente estadounidense rechazó finalmente la oferta.
Según el Departamento de Justicia, Suarez no abandonó el plan. En lugar de ello, habría intentado reclutar a otras personas dentro de Estados Unidos y habría ofrecido importantes sumas de dinero para ejecutar el asesinato.
La acusación también señala que Suarez habría mencionado que tenía personas en México que podían realizar el asesinato, aunque se encontraban demoradas.
El plan para asesinar a otro objetivo en Lituania
La investigación estadounidense también describe una operación anterior.
En 2025, según la acusación, Kirill Khrameev habría reclutado a un ciudadano estadounidense para viajar hasta una dirección en Lituania y fotografiar a una persona identificada como “Victim-2”.
El objetivo habría sido descrito por la red como un “mal tipo” que estaba “diciendo mentiras sobre Rusia”.
El ciudadano estadounidense aceptó realizar la vigilancia a cambio de USD 200 y posteriormente recibió una oferta de USD 25.000 para asesinarlo.
La acusación sostiene que Yuri Khrameev llegó a discutir métodos para matar al objetivo y vinculó la operación con un propósito más amplio: atacar a personas y países considerados hostiles a Moscú.
Según el expediente, el objetivo final incluía “todos los países que ayudan a Ucrania”.
Praga, Lituania y ataques contra infraestructura
La acusación no se limita a los supuestos planes de asesinato.
El Departamento de Justicia afirma que Durruthy tuvo un papel relevante en la coordinación logística de otras operaciones internacionales.
En junio de 2024 habría coordinado un ataque en Praga, incluyendo el envío de posibles objetivos y la facilitación del viaje de otro participante.
En septiembre de ese mismo año, los fiscales sostienen que coordinó otra operación en Lituania, reservando viajes para una persona involucrada y manteniendo comunicaciones frecuentes con ella.
El expediente también afirma que Durruthy obtuvo en noviembre de 2025 material relacionado con una vivienda vinculada a la posterior víctima estadounidense que fue vigilada este año.
Washington acusa a Moscú de intentar extender sus operaciones al territorio estadounidense
La dimensión más sensible del caso para Washington es que parte de las operaciones descritas por los fiscales habría sido desarrollada dentro de Estados Unidos.
El FBI sostuvo que la investigación permitió interrumpir los planes antes de que se concretaran los asesinatos.
James Barnacle Jr., responsable de la oficina del FBI en Nueva York, afirmó que los integrantes de la red habían conspirado para “intimidar, amenazar o asesinar” personas en suelo estadounidense y en otros lugares del mundo.
Darren Cox, responsable de la oficina del FBI en Washington, destacó además el trabajo conjunto entre distintas oficinas del organismo y agencias federales para frustrar las operaciones.
La acusación llega además en un contexto de creciente preocupación de Estados Unidos y Europa por las operaciones clandestinas atribuidas a Moscú contra disidentes y países que respaldan a Ucrania.
Cinco acusados, todos prófugos
Los cinco acusados —Yuri Khrameev, Kirill Khrameev, Durruthy, Suarez y Castro— enfrentan un cargo de conspiración para financiar terrorismo, con una pena máxima de 20 años de prisión.
Yuri Khrameev, Suarez y Castro enfrentan además el cargo de conspiración para cometer asesinato por encargo, que contempla una pena máxima de 10 años.
El Departamento de Justicia aclaró expresamente que esas son las penas máximas previstas por la legislación y que cualquier condena concreta sería determinada por un juez.
También recordó una cuestión fundamental del proceso penal estadounidense: la acusación constituye una alegación y todos los acusados son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable.
El caso representa, de todos modos, una de las acusaciones más contundentes formuladas recientemente por Washington contra una estructura vinculada a la inteligencia rusa: según los fiscales estadounidenses, la amenaza ya no se limitaría a operaciones clandestinas en Europa, sino que habría alcanzado directamente territorio estadounidense, donde una red habría intentado contratar a ciudadanos para vigilar y asesinar a objetivos considerados enemigos de Moscú.
