Pullaro prohíbe los trapitos en Rosario: autopropaganda y abandono a la gente de a pie
Durante años, los ciudadanos de Rosario padecieron la extorsión sistemática en las calles. Ahora, para lavar su imagen frente a los turistas de un certamen internacional, el Gobierno provincial y el municipal erradican a los cuidacoches en tiempo récord. Una postal del abandono cotidiano que desnuda la verdadera prioridad de la gestión: el marketing por encima de la gente.
Rosario amaneció con una novedad que, en cualquier ciudad normal del mundo, sería la regla básica de convivencia, pero que en las calles santafesinas se vive hoy como una epifanía indignante: el Estado, cuando realmente quiere, puede controlar el espacio público. Con el inicio de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, el Ministerio de Justicia y Seguridad anunció con bombos y platillos un «operativo especial» para erradicar a los denominados trapitos de los alrededores de los estadios y sedes del evento. La medida, celebrada por la prensa y publicitada en gacetillas oficiales, esconde una bofetada letal y silenciosa para el ciudadano de a pie. ¿Ah, pero entonces se podía?
La deducción es tan lineal como brutal. Si hoy el Estado tiene la capacidad operativa de barrer con las mafias de las calles, significa que todo este tiempo en que los santafesinos y rosarinos fueron robados, extorsionados, amenazados y humillados en cada cuadra, fue por puro deseo, inacción y voluntad política del gobernador Maximiliano Pullaro y del intendente Pablo Javkin.
El milagro del marketing político
La habilitación de un «salón especial» en la Unidad Regional II (UR II) para alojar a los cuidacoches demorados expone la faceta más cínica de la política santafesina. De la noche a la mañana, la gestión de Pullaro desplegó la logística, la voluntad y la presencia policial necesaria para garantizar que los turistas, los dirigentes y las delegaciones de los 15 países participantes no sufran lo que el rosarino promedio padece cada vez que intenta salir a cenar, ir a un recital o simplemente estacionar frente a un hospital por una urgencia.
Durante años, la excusa oficial fue la falta de recursos, la supuesta complejidad legal de la contravención, o la saturación del sistema penitenciario y policial. Todo resultó ser una mentira monumental. Era pura y exclusiva desidia. Cuando la imagen del Gobernador está en juego y hay cámaras de televisión encendidas, los recursos aparecen por arte de magia. Todo lo que hace la actual gestión parece estar calibrado única y exclusivamente para el termómetro de las encuestas y la ambición de un proyecto personal. La seguridad de la sociedad rosarina ha quedado relegada a un segundo plano frente a la imperiosa necesidad de mostrar una «ciudad de exportación» ficticia.
La tarifa de la extorsión cotidiana
Hasta el 11 de septiembre de 2026, estacionar en Pichincha, en el centro, en las inmediaciones del Parque Independencia o en cualquier polo gastronómico significaba someterse al apriete mafioso. Las mafias de los cuidacoches tarifaron el espacio público ante la mirada absolutamente cómplice y pasiva de las autoridades. Diez mil pesos. Esa es la cifra base que un rosarino debía entregar bajo coacción para asegurarse de que su propio vehículo no terminara rayado, con los vidrios destrozados o, en el peor de los casos, para no sufrir agresiones físicas al bajar a la vereda.
Pablo Javkin y Maximiliano Pullaro hicieron oídos sordos a los reclamos vecinales constantes. Miles de denuncias al 911 terminaron archivadas o minimizadas con la inacción de los patrulleros. El Estado, tanto a nivel municipal como provincial, decidió de facto tercerizar el control de las calles entregándoselo a bandas organizadas. Permitieron que el trabajador y el contribuyente rosarino fuera rehén en su propia ciudad.
Una fiesta pagada con asfixia impositiva y deuda
El escándalo, sin embargo, no termina en esta seguridad de doble vara. La hipocresía se vuelve aún más obscena cuando se analiza quién financia este lavado de cara monumental. Los Juegos Suramericanos, ese hermoso escaparate internacional donde Pullaro y Javkin se pasean sonrientes cortando cintas en el Monumento a la Bandera, no son gratis. Se están pagando con los asfixiantes tributos de Ingresos Brutos que estrangulan a las pymes y comerciantes locales todos los meses, y con la emisión de deuda que terminará hipotecando el futuro económico de la provincia.
En definitiva, el ciudadano de Santa Fe está financiando con sus propios impuestos una burbuja de seguridad temporal de la que ni siquiera es el verdadero destinatario. El vecino paga este megaoperativo anti-trapitos para que el turista no vea la cruda realidad de una ciudad que, al día siguiente de la clausura de los juegos, volverá a quedar a merced de los dueños de la calle. Es el maquillaje institucional más caro y perverso de la historia de la provincia.
La prohibición debe ser la regla, no la excepción
Los trapitos tienen que estar prohibidos siempre, sin excepciones ni fechas de caducidad. La extorsión en la vía pública no es una simple contravención que se «agrava» ocasionalmente en eventos masivos. Es un delito que lastima el tejido social, vacía los bolsillos y siembra el miedo todos los días del año. No puede haber zonas liberadas de lunes a viernes y «rigurosos operativos antiextorsión» solo por dos semanas.
Este operativo «especial» que finaliza el 26 de septiembre no es, de ninguna manera, un logro de gestión digno de aplausos; es la confesión explícita y documentada de un fracaso intencional. Pullaro y Javkin demostraron, sin quererlo, que siempre tuvieron las herramientas a disposición para terminar con este flagelo. Eligieron no hacerlo.
Cuando la llama de los Juegos Suramericanos se apague y las delegaciones internacionales regresen a sus países, los patrulleros desaparecerán de las cuadras calientes de Rosario. El famoso salón de la UR II volverá a vaciarse, y los rosarinos, una vez más abandonados a su suerte, tendrán que volver a sacar billetes de 10.000 pesos por la ventanilla para pagar el peaje de la impunidad.
