Nuevo escándalo de Lázaro Báez: 27 allanamientos por una causa de narcotráfico y lavado de dinero
La Justicia investiga al empresario kirchnerista, su pareja y otros involucrados por presuntas maniobras vinculadas al tráfico de drogas y la administración de bienes ilícitos.
El empresario Lázaro Báez, uno de los principales protagonistas de los escándalos de corrupción durante los gobiernos kirchneristas, vuelve a quedar en el centro de una investigación judicial. Este martes 10 de noviembre, la Justicia federal ordenó 27 allanamientos en propiedades vinculadas con el empresario y su entorno, en el marco de dos expedientes relacionados con presuntas actividades de narcotráfico y lavado de dinero.
Los procedimientos se llevaron adelante en distintos puntos de Santa Cruz y Buenos Aires, e incluyeron viviendas particulares, establecimientos comerciales, empresas y propiedades relacionadas con Báez. También fue registrada la celda donde permanece detenido, mientras cumple condenas por delitos económicos vinculados con investigaciones anteriores.
La nueva investigación alcanza además a Claudia Insaurralde, actual pareja del empresario y encargada de administrar sus bienes, así como a un chofer y otras personas que aparecen mencionadas en los expedientes. Los investigadores intentan determinar si existió una estructura organizada destinada a movilizar activos de procedencia ilícita y establecer sus posibles conexiones con una organización dedicada al tráfico de estupefacientes.
Las medidas fueron dispuestas por el juez federal de garantías de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez, a partir de un requerimiento de la fiscalía federal y de los organismos especializados en criminalidad económica. El expediente se encuentra bajo la intervención del fiscal Julio Zárate y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), encabezada por Diego Velasco.
Investigan una red de narcotráfico y maniobras con bienes embargados
Uno de los ejes centrales de la investigación apunta a la presunta existencia de una organización dedicada al transporte y distribución de cocaína en Santa Cruz. Según la hipótesis judicial, la droga habría sido trasladada mediante camiones de una empresa transportista, en una operatoria que se habría desarrollado al menos desde diciembre de 2025.
Los investigadores buscan reconstruir el funcionamiento de esa estructura, identificar a sus integrantes y determinar los mecanismos utilizados para distribuir los estupefacientes. Entre las personas investigadas aparecen dos hombres que habrían participado en las entregas, uno de ellos vinculado con un lavadero que presuntamente era utilizado como punto de distribución.
En paralelo, la Justicia analiza la posible existencia de otra organización dedicada a administrar, explotar y poner en circulación bienes de origen ilícito. La sospecha es que determinados activos vinculados con Báez habrían sido mantenidos fuera del alcance de las medidas judiciales destinadas a ejecutar las condenas que pesan sobre el empresario.
En esta segunda línea de investigación adquiere relevancia el papel de Claudia Insaurralde, señalada como responsable de la administración del patrimonio de Báez. Los investigadores intentan determinar cómo se gestionaban las propiedades, quiénes intervenían en las operaciones y si existieron maniobras destinadas a ocultar o preservar activos alcanzados por decisiones judiciales.
Una de las hipótesis que se encuentra bajo análisis apunta a una posible conexión entre ambas estructuras. En particular, se investiga si una de las personas vinculadas con la presunta organización de lavado también habría participado en la conducción del grupo dedicado al narcotráfico.
Por el momento, estas vinculaciones constituyen hipótesis de investigación y no implican que se haya demostrado judicialmente la participación de Báez en operaciones de tráfico de drogas.
Allanaron una mansión en El Calafate y propiedades en Río Gallegos
Entre los inmuebles alcanzados por los procedimientos se encuentra una propiedad ubicada sobre la avenida Presidente Néstor Kirchner, en El Calafate, donde Báez cumplió anteriormente prisión domiciliaria. La vivienda cuenta con cinco habitaciones y cinco baños y ya había sido inspeccionada en el marco de otros expedientes judiciales.
Los operativos también se extendieron a locales comerciales, empresas y establecimientos de Río Gallegos, así como a otras propiedades de Santa Cruz y Buenos Aires. Las medidas incluyeron registros domiciliarios, requisas, secuestros de vehículos y actuaciones destinadas a recopilar documentación de interés para las investigaciones.
Durante los procedimientos se incautaron estupefacientes, documentación y vehículos, que serán analizados para establecer su eventual relación con los hechos investigados. Además, la Justicia dispuso embargos y medidas cautelares patrimoniales, junto con el levantamiento del secreto bancario y fiscal de personas involucradas en las causas.
En los operativos participaron efectivos de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y la Policía de Santa Cruz, en un despliegue coordinado que abarcó distintas localidades y establecimientos relacionados con los expedientes.
Uno de los antecedentes de la investigación se encuentra en una denuncia presentada por Norma Calismonte, exesposa del empresario, mientras que otras actuaciones judiciales permitieron avanzar sobre presuntas irregularidades patrimoniales y posibles vinculaciones con actividades delictivas.
La nueva causa vuelve a colocar bajo la lupa el entramado de propiedades y negocios construido alrededor de Báez, quien durante años mantuvo una estrecha relación con el matrimonio Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner y fue uno de los empresarios más beneficiados por la obra pública durante sus administraciones.
El empresario ya fue condenado por lavado de activos agravado en la denominada “Ruta del Dinero K” y por su participación en maniobras de administración fraudulenta en la causa Vialidad, expedientes que expusieron graves irregularidades en el manejo de fondos públicos.
Ahora, la Justicia busca establecer si parte de su estructura patrimonial continuó siendo utilizada para realizar operaciones irregulares pese a las condenas y embargos existentes.
Los 27 allanamientos representan un nuevo capítulo judicial para uno de los empresarios más emblemáticos del kirchnerismo. Mientras avanzan las pericias y el análisis de la documentación secuestrada, los investigadores deberán determinar si existieron nuevas maniobras de lavado de activos y esclarecer las eventuales conexiones entre las estructuras patrimoniales investigadas y el tráfico de estupefacientes.
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