La contradicción de Naciones Unidas: Irán vuelve a ocupar un lugar estratégico en nombre de las mujeres
El régimen iraní fue elegido nuevamente para integrar un organismo de Naciones Unidas al frente de la comisión de mujeres pese al historial de persecución, discriminación y violencia estatal contra las mismas
La Organización de las Naciones Unidas vuelve a quedar en el centro de una controversia internacional. El 11 de noviembre de 2026, la Asamblea General eligió a la República Islámica de Irán para integrar el Comité del Programa y de la Coordinación (CPC), un organismo de 34 Estados miembros encargado de revisar los programas de Naciones Unidas, evaluar su implementación y formular recomendaciones sobre las prioridades de trabajo del sistema internacional.
Irán obtuvo 144 votos en una votación secreta y comenzará un nuevo mandato de tres años el 1 de enero de 2027. La designación despertó cuestionamientos debido al historial del régimen iraní en materia de derechos humanos, especialmente por las restricciones impuestas a las mujeres, la represión de la disidencia, terrorismo y las denuncias de persecución política.
La controversia tiene un componente particularmente contradictorio: el organismo interviene en la revisión de programas y prioridades internacionales que incluyen cuestiones vinculadas con los derechos humanos, los derechos de las mujeres, el desarme y la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, el país elegido acumula denuncias y resoluciones internacionales por prácticas que vulneran todos estos mismos principios.
Un régimen que restringe los derechos de las mujeres
En Irán, las mujeres enfrentan un sistema jurídico y social que establece profundas desigualdades respecto de los hombres. Las restricciones no se limitan a cuestiones culturales o religiosas: están respaldadas por leyes, políticas estatales y mecanismos de coerción.
La obligatoriedad del velo islámico es uno de los ejemplos más conocidos. Las mujeres que desafían las normas de vestimenta pueden enfrentar detenciones, procesos judiciales, multas y otras sanciones más graves. Las autoridades también han recurrido a sistemas de vigilancia, cámaras y mecanismos de control para identificar a quienes incumplen estas disposiciones.
El caso de Mahsa Amini, la joven kurda de 22 años que murió en septiembre de 2022 después de ser detenida por la denominada policía de la moral, desencadenó protestas masivas bajo el lema «Mujer, Vida, Libertad» . La respuesta estatal incluyó una violenta represión, detenciones y graves denuncias de violaciones de derechos humanos, sin embargo, las llamadas «feministas» no se sumaron a estas protestas de liberación de la mujer.
La situación no quedó circunscripta a aquel episodio. En octubre de 2025, la Misión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas advirtió sobre un agravamiento de la represión, un incremento extraordinario de las ejecuciones y nuevas restricciones al espacio cívico. También documentó la continuidad de la discriminación y violencia estructural contra mujeres y niñas.
Según Human Rights Watch, las mujeres iraníes continúan enfrentando desigualdades legales en materia de matrimonio, divorcio, herencia y custodia de hijos. También persisten disposiciones que permiten el matrimonio infantil bajo determinadas condiciones judiciales.
La ONU ya había tomado una decisión contra Irán por la situación de las mujeres
En abril de 2021, Irán fue elegido para integrar la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas (CSW), uno de los principales organismos internacionales dedicados a promover la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Su mandato debía extenderse entre 2022 y 2026.
La designación generó cuestionamientos desde el comienzo. Organizaciones internacionales y activistas denunciaron la contradicción de permitir que un gobierno acusado de perseguir a las mujeres participara en un organismo dedicado precisamente a promover sus derechos.
La situación llegó a un punto crítico después de la muerte de Mahsa Amini y la posterior represión de las protestas.
El 14 de diciembre de 2022, el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas aprobó la resolución 2023/2, que dispuso la expulsión inmediata de Irán de la Comisión por el resto de su mandato. La decisión fue adoptada con 29 votos a favor, 8 en contra y 16 abstenciones.
El fundamento fue explícito: la preocupación por las acciones del Gobierno iraní, que venían socavando y reprimiendo los derechos humanos de mujeres y niñas, incluso mediante el uso de fuerza letal contra manifestantes pacíficos.
Es decir, Naciones Unidas ya había considerado que la conducta del régimen era incompatible con la pertenencia a un organismo específicamente dedicado a los derechos de las mujeres.
Una contradicción que vuelve a repetirse
La elección de 2026 plantea una pregunta institucional: ¿qué criterios se utilizan para otorgar representación e influencia dentro de los organismos internacionales?
La pertenencia al Comité del Programa y de la Coordinación no equivale a presidirlo ni le concede a Irán autoridad exclusiva para establecer las políticas internacionales. Se trata de un órgano de coordinación y revisión de programas. Sin embargo, su participación sí supone formar parte de las deliberaciones sobre las prioridades del sistema de Naciones Unidas.
El problema no es solamente la presencia de un país cuestionado en un organismo internacional. Es la distancia entre los principios que Naciones Unidas proclama y los antecedentes de los gobiernos a los que concede espacios de participación en áreas vinculadas con esos mismos principios.
La defensa de los derechos de las mujeres no debería depender de conveniencias diplomáticas ni de acuerdos entre bloques de países. Tampoco debería convertirse en una declaración formal que pierde consistencia cuando llega el momento de tomar decisiones concretas.
Mientras las mujeres iraníes siguen enfrentando restricciones legales, vigilancia, persecución y sanciones por desafiar las imposiciones del régimen, Irán vuelve a obtener representación en un organismo que participa en la definición de prioridades internacionales.
La pregunta que queda planteada es inevitable: ¿cómo puede la comunidad internacional exigirles a los gobiernos que respeten los derechos de las mujeres cuando sus propias instituciones conceden espacios de influencia a Estados cuyo historial ha sido objeto de condenas y mecanismos de investigación de la propia ONU?
La credibilidad de los organismos internacionales también se construye con coherencia entre sus declaraciones y sus decisiones y salta la hipocresía de las feministas sin pronunciarse al respecto.
