La reforma laboral de Milei sumó casi 82.000 contrataciones formales en cuatro meses
El régimen de incentivos alcanzó a 81.808 trabajadores y 25.928 empresas. Santa Fe concentró más de 7.400 incorporaciones.
El Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), incorporado a la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei, alcanzó 81.808 trabajadores contratados bajo sus beneficios durante sus primeros cuatro meses de implementación, entre mayo y agosto de 2026. El programa busca reducir los costos de contratación y facilitar el ingreso al empleo registrado mediante una disminución temporal de las contribuciones patronales.
Las cifras muestran una incorporación progresiva de empresas al nuevo mecanismo, que comenzó a aplicarse después de la sanción de la reforma laboral en marzo y su reglamentación a fines de abril.
En mayo, el régimen contabilizaba 18.914 trabajadores y 8.024 empresas adheridas. Un mes después, el acumulado aumentó a 41.952 trabajadores, mientras que en julio alcanzó las 63.305 incorporaciones.
Finalmente, en agosto, el registro llegó a 81.808 trabajadores, con 18.503 incorporaciones adicionales durante ese mes. En paralelo, la cantidad de empleadores que utilizaron los beneficios ascendió a 25.928 empresas, equivalentes a aproximadamente el 5% de los empleadores privados del país.
Los resultados constituyen un primer indicador del alcance del programa, aunque las contrataciones realizadas mediante el incentivo no equivalen necesariamente a un incremento neto de igual magnitud en el empleo privado total.
Menos contribuciones patronales para incentivar la contratación
El mecanismo establece una reducción de las contribuciones patronales durante los primeros 48 meses de cada relación laboral alcanzada por el beneficio.
Las alícuotas se fijaron en el 2% para las contribuciones destinadas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), Asignaciones Familiares y Fondo Nacional de Empleo, y en el 3% para el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI).
En conjunto, estos conceptos representan una carga del 5%, frente a las alícuotas generales superiores que deben afrontar los empleadores fuera del régimen.
El objetivo de la reforma es disminuir los costos laborales no salariales y facilitar la incorporación formal de trabajadores que se encontraban desempleados, en la informalidad o bajo otras modalidades de ocupación.
Para el Gobierno nacional, la reducción de estas cargas constituye una herramienta para incentivar la contratación y disminuir las barreras de acceso al empleo registrado.
El régimen también permite evaluar cómo responden las empresas ante una disminución de los costos asociados con la incorporación de personal.
No obstante, el impacto definitivo de la medida sobre el mercado laboral deberá analizarse junto con la evolución general del empleo. Durante los mismos cuatro meses, el conjunto del sector privado registrado mostró una reducción neta de aproximadamente 37.800 puestos, por lo que las contrataciones incentivadas no alcanzaron a revertir la caída total del empleo formal.
Comercio e industria encabezaron las incorporaciones
La mayor cantidad de contrataciones realizadas mediante el RIFL se concentró en el comercio, con 20.348 trabajadores, equivalentes al 24,9% del total.
En segundo lugar aparecieron los servicios empresariales, con 18.487 incorporaciones (22,6%), seguidos por la industria manufacturera, con 12.031 trabajadores (14,7%).
En conjunto, estas tres actividades concentraron aproximadamente el 62% de las incorporaciones realizadas mediante el nuevo esquema.
Sin embargo, al analizar la proporción de trabajadores alcanzados respecto del empleo registrado de cada sector, hoteles y restaurantes presentó la mayor participación, con un 2,9%.
Detrás se ubicaron la construcción, con el 2,2%, y los servicios empresariales, con el 2%, reflejando diferencias en la utilización del beneficio según la actividad.
Las pequeñas y medianas empresas tuvieron un papel destacado dentro del programa. Las compañías de hasta 10 empleados representaron el 55,1% de los empleadores adheridos, mientras que las firmas con entre 11 y 50 trabajadores sumaron otras 8.188 empresas.
En conjunto, ambos segmentos reunieron aproximadamente el 87% de los empleadores participantes, lo que muestra una importante presencia de empresas de menor tamaño entre las que utilizaron el incentivo.
Santa Fe sumó 7.431 trabajadores bajo el nuevo régimen
La distribución territorial también mostró diferencias significativas entre provincias.
La provincia de Buenos Aires encabezó las incorporaciones, con 24.406 trabajadores, equivalentes al 29,8% del total nacional. En segundo lugar se ubicó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 19.060 contrataciones (23,3%).
Córdoba ocupó el tercer puesto, con 8.940 trabajadores (10,9%), mientras que Santa Fe alcanzó las 7.431 incorporaciones, equivalentes al 9,1% de todas las contrataciones realizadas mediante el régimen.
El dato santafesino resulta relevante por el peso que tienen las pequeñas y medianas empresas industriales, comerciales y de servicios en la estructura productiva provincial.
La utilización del beneficio por parte de los empleadores refleja la existencia de demanda por mecanismos que permitan reducir los costos de contratación, especialmente en actividades con elevada participación de mano de obra.
De todos modos, el desempeño del programa deberá seguir evaluándose durante los próximos meses para determinar cuántas de esas contrataciones representan nuevos puestos de trabajo y cuántas corresponden a incorporaciones que podrían haberse producido sin el incentivo.
Con 81.808 trabajadores y 25.928 empresas alcanzadas en cuatro meses, el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral mostró una adopción inicial significativa dentro del sector privado.
La evolución del empleo registrado y la continuidad de las contrataciones permitirán determinar en qué medida esta herramienta de la reforma laboral impulsada por Javier Milei contribuye a reducir la informalidad y facilitar el acceso al trabajo registrado.
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