A pagar la campaña de Unidos: Pullaro aplica un nuevo impuestazo del 22% en Santa Fe
El gobierno de Maximiliano Pullaro oficializó un aumento del 22% en el impuesto provincial API, apenas días después de las elecciones. La medida se suma a una serie de subas récord en Santa Fe que reflejan una voracidad fiscal sin precedentes.
Tras una campaña electoral millonaria, el gobernador de Santa Fe empieza a pasarle la factura al ciudadano común.
El gobierno provincial de Maximiliano Pullaro acaba de oficializar un nuevo aumento del 22% en el impuesto API (Impuesto Inmobiliario Provincial), apenas días después de celebradas las elecciones. La medida, que supera ampliamente la inflación del período, refleja el patrón fiscal cada vez más confiscatorio que implementa la actual administración santafesina.
Este nuevo ajuste impositivo llega luego de una campaña en la que el oficialismo derrochó recursos en publicidad incluso en las localidades más pequeñas de la provincia. Ahora, con los votos contados, comienza la segunda parte: hacer que los ciudadanos paguen la cuenta.
Pullaro, apodado en los círculos libertarios como “el degenerado fiscal”, no se conforma con haber ejecutado el mayor endeudamiento de la historia provincial para financiar obra pública —la caja negra favorita de la política, como prueba la condena a Cristina Kirchner y sus testaferros—. Tampoco le bastó con un aumento del 600% al impuesto inmobiliario rural. Va por más.
A esto se suma el recargo del 22% al API, oficializado por la Administración Provincial de Impuestos mediante la Resolución General N.º 30/2024, lo que provocó una fuerte reacción de entidades productivas del centro-norte santafesino. La Mesa de Enlace provincial advirtió que “el campo está en el límite de lo tolerable” y que este impuestazo golpea directamente a la producción y la inversión.
Mientras la Nación ajusta, recorta sueldos políticos y desarma ministerios, en Santa Fe se sigue inflando el gasto estatal. Cada senador santafesino (son 19 en total) le cuesta a la provincia unos 260 millones de pesos por mes, cada diputado otros 130 millones, y el Ministerio de Igualdad —del que poco se sabe— consume más recursos anuales que ambas cámaras legislativas juntas. La friolera suma de 145 mil millones de pesos al año.
En declaraciones recientes, el ministro de Economía santafesino, Pablo Olivares, justificó el aumento con el argumento de que “hay que sostener el funcionamiento del Estado”. Sin embargo, el contraste con las políticas nacionales de austeridad fiscal es cada vez más evidente.
La decisión de seguir aumentando impuestos contrasta con el rumbo nacional marcado por Javier Milei, que apuesta a achicar el Estado y liberar al contribuyente. Pullaro, en cambio, parece obsesionado con transformarse en una suerte de Stalin radical: más impuestos, más gasto, más burocracia y menos libertad.
Con cada aumento, el mensaje del gobierno provincial es claro: la fiesta política no se toca. Y como siempre, la cuenta la paga el ciudadano productivo.
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