Tragedia de Once: la corrupción que descarriló un país
La Tragedia de Once fue mucho más que un accidente ferroviario: fue el resultado de años de corrupción, desidia y complicidad política. Detrás de los 52 muertos y más de 700 heridos, se reveló el verdadero rostro de un Estado que priorizó los negocios y los subsidios sin control por encima de la vida humana. Una década después, las condenas llegan tarde, pero el mensaje persiste: en la Argentina, la impunidad también viaja en tren.
El 22 de febrero de 2012 a las 8:32 de la mañana, la Argentina se detuvo.
Un tren de la línea Sarmiento, cargado de trabajadores, estudiantes y familias, no frenó a tiempo y se estrelló contra el andén número 2 de la estación de Once, en pleno corazón de la Ciudad de Buenos Aires.
El impacto fue devastador: 52 personas perdieron la vida, entre ellas una mujer embarazada, y más de 700 resultaron heridas.
Lo que parecía un accidente ferroviario más, en un sistema que hacía años venía mostrando signos de abandono, terminó revelando algo mucho más profundo: la corrupción estructural de un gobierno que miró hacia otro lado a propósito.
La catástrofe anunciada
La Tragedia de Once no fue una sorpresa para quienes conocían el deterioro del sistema ferroviario argentino.
Desde hacía años, los informes técnicos advertían sobre frenos defectuosos, vagones obsoletos y mantenimiento inexistente.
Las empresas concesionarias privadas, como TBA (Trenes de Buenos Aires), recibían subsidios millonarios del Estado para garantizar el funcionamiento y la seguridad, pero gran parte de esos fondos nunca llegaban a los talleres ni a las vías.
En cambio, iban a parar a cuentas personales, campañas políticas y redes de contratistas vinculadas al poder.
Los trenes, literalmente, se caían a pedazos, mientras desde el Ministerio de Planificación se seguían firmando prórrogas, licitaciones y contratos sin control.
El ministro Julio De Vido, uno de los funcionarios más poderosos del kirchnerismo, fue quien debía garantizar que el dinero público se usara correctamente.
Pero su gestión se convirtió en el emblema del descontrol y la impunidad: una estructura de corrupción que priorizó los negocios por encima de la vida.
El día que la corrupción mató
Aquel 22 de febrero, el tren Chapa 16 ingresó a la estación sin poder detenerse.
El conductor, Marcos Córdoba, había advertido que los frenos no funcionaban correctamente, pero las reparaciones nunca se hicieron.
Cuando la formación chocó contra el paragolpes, los primeros dos vagones se comprimieron, dejando a los pasajeros atrapados entre hierros retorcidos, mientras los rescatistas trabajaban durante horas para sacar cuerpos y sobrevivientes.
El país entero siguió la tragedia en directo.
Las imágenes recorrieron el mundo y dejaron expuesto un sistema ferroviario desmantelado por la negligencia y el saqueo.
Lejos de reconocer responsabilidades, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner optó por minimizar la tragedia.
Durante meses, las familias de las víctimas reclamaron explicaciones y recibieron silencio, evasivas y hasta burlas.
Las conferencias oficiales hablaron de “errores humanos” o “fallas técnicas”, intentando ocultar que la verdadera causa estaba en los despachos ministeriales donde se decidía quién controlaba, quién cobraba y quién callaba.
Los responsables políticos
El ministro Julio De Vido, a cargo de Planificación Federal, seguía negando cualquier tipo de implicancia.
Sin embargo, los contratos de concesión, las auditorías inexistentes y los informes falsificados demostraban que su ministerio era el responsable directo del control del sistema ferroviario.
De Vido había sido, en los hechos, el garante de un modelo que permitió que empresas privadas se enriquecieran con dinero público mientras los pasajeros viajaban en trenes mortales.
Juicios, condenas y una justicia que llegó tarde
El primer juicio oral por la tragedia comenzó en 2014 y culminó un año después.
El Tribunal Oral Federal N°2 condenó al maquinista Marcos Córdoba a 3 años y 6 meses de prisión.
También fueron hallados culpables los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, junto con empresarios y directivos de TBA, por su responsabilidad en el desastre.
El fallo fue contundente: el siniestro fue consecuencia del mal estado del tren, la falta de mantenimiento y la corrupción en la administración del servicio.
A partir de ese momento, la justicia ordenó investigar al entonces ministro Julio De Vido, considerado el eslabón político más alto de la cadena.
Su causa avanzó lentamente, protegida por años de fueros y alianzas.
Recién en 2018, De Vido fue condenado por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, una pena que la Corte Suprema de Justicia confirmó en 2023: cuatro años de prisión, y en 2025 volvió a ser ratificada.
El Tribunal Oral N°4 acaba de ordenar su detención efectiva y la comparecencia en Comodoro Py, marcando un nuevo capítulo en una historia donde la justicia parece llegar siempre tarde, cuando el daño ya es irreparable.
El peso de la impunidad
Entre 2017 y 2019, De Vido había estado preso en la cárcel de Marcos Paz, aunque no por la causa Once, sino por otras vinculadas a corrupción en la obra pública.
Luego obtuvo prisión domiciliaria y finalmente fue excarcelado.
Durante ese tiempo, las familias de las víctimas siguieron reclamando justicia, conscientes de que ninguna sentencia podía devolverles a sus seres queridos, pero sí podía impedir que el olvido triunfara.
La Tragedia de Once fue más que un choque: fue la prueba más dolorosa de un modelo de gestión basado en el clientelismo, la corrupción y la falta de controles.
Durante los años del kirchnerismo, los subsidios al transporte se multiplicaron, pero sin transparencia ni fiscalización real.
Las empresas concesionarias eran “amigas del poder”, los contratos se otorgaban a dedo y las auditorías eran simples formalidades.
Mientras tanto, el dinero se evaporaba entre sobreprecios, obras inconclusas y una red de empresarios y funcionarios que se enriquecían a costa del erario público.
El resultado fue el que todos conocen: un tren que nunca debió haber salido a las vías.
El costo moral de un país sin memoria
Más de una década después, la Tragedia de Once sigue siendo una herida abierta en la conciencia argentina.
Cada nuevo fallo judicial revive el dolor y la impotencia de quienes perdieron a sus familiares en un hecho que pudo y debió haberse evitado.
Para ellos, la cárcel de De Vido no es una victoria, sino un recordatorio tardío de que la corrupción mata.
El caso Once se convirtió en un símbolo: el del precio humano de la impunidad política.
Un espejo que todavía refleja lo que ocurre cuando el poder se desconecta de la responsabilidad, y cuando la vida de los ciudadanos vale menos que un contrato público.
