La condena del fiscal Serjal a 9 años expone la cobertura de impunidad del Senado santafesino a «Pipi» Traferri
La condena a 9 años contra el exfiscal Patricio Serjal reaviva el caso más incómodo de la política santafesina. El fallo confirmó la existencia de una red político-judicial vinculada al juego ilegal y vuelve a poner en el centro al senador Armando Traferri, hasta ahora protegido por los fueros. Con la nueva Constitución que limita esas inmunidades, la pregunta vuelve a ser inevitable: ¿puede Traferri ir preso?
La condena a 9 años de prisión contra el ex fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, es más que un hito judicial: es una onda expansiva que vuelve a golpear donde Santa Fe siempre eligió no mirar. El fallo confirmó una red político-judicial que dio cobertura al juego ilegal y movió favores, información y dinero como una estructura de poder paralela.
En ese mapa reaparece un nombre inevitable: Armando “Pipi” Traferri, senador por San Lorenzo y figura de peso del peronismo provincial. Y, junto a él, las ramificaciones —viejas y nuevas— de Laibaque, el expediente más tóxico que tocó la Justicia santafesina en años.
La audiencia dejó dos escenas potentes. Por un lado, el testimonio de la exjefa de fiscales María Eugenia Iribarren, quien reconstruyó el origen de la investigación tras el atentado al Casino de Rosario (2020) y la muerte de Enrique Encino: a partir de un celular hallado se destapó la trama que vinculaba a Leonardo Peiti con empleados del MPA y fiscales que cobraban para garantizar impunidad. Iribarren recordó la carta autoincriminatoria de Gustavo Ponce Asahad —hoy condenado—, donde se ubicó como cobrador de coimas y mencionó expresamente a Traferri. Para Iribarren, lo más grave no era solo el juego clandestino sino la corrupción que lo blanqueaba con protección institucional.
Por el otro, el descargo de Serjal: buscó cargar responsabilidades en Ponce Asahad, negó sobornos y dijo no haber tratado con Peiti, aunque admitió reuniones con legisladores, incluido Traferri, relativizándolas como parte de su función. Aseguró que le ofrecieron un abreviado a cambio de involucrar al senador, algo que —según él— rechazó.
El juicio también dejó al desnudo las internas del MPA. Iribarren describió su desplazamiento como resultado de una auditoría “direccionada” por la fiscal general María Cecilia Vranicich, que —según dijo— entrevistó a todos menos a ella. “No apelé para evitar más daño interno”, afirmó. El caso ya no es solo connivencia con el juego ilegal: también son disputas de poder y pujas por el control de las causas sensibles.
Reforma constitucional: fin de los súper fueros
La Constitución 2025 cambió el tablero. Donde antes había blindajes extraordinarios, ahora se limitan los fueros y se permite investigar, imputar y juzgar a legisladores como a cualquier ciudadano. Dos llaves nuevas ordenan el escenario:
- Con condena firme, no se requiere autorización legislativa para ejecutar la pena.
- En flagrancia, puede haber detención inmediata.
En términos prácticos, si la causa avanza y hubiera condena, el camino a una eventual prisión de Traferri —hoy políticamente impensable hace unos años— queda jurídicamente habilitado.
Laibaque: cuando la Justicia mira lo que la política quiso tapar
La sentencia de Serjal reactivó las preguntas sobre Laibaque y dejó una frase que retumba: “La estructura criminal incluyó personas que no fueron traídas a este juicio.” Traducido: hay más nombres y el Ministerio Público puede avanzar.
Mientras tanto, la reiterada aparición de Traferri en chats, audios y reuniones mantiene el foco político en su figura, aún sin compartir banquillo. El contraste es brutal: Serjal y Ponce Asahad condenados; Peiti arrepentido; y el senador en funciones, sostenido durante años por un sistema de inmunidades que la reforma acaba de restringir.
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