La derogación del Decreto 2417/93: liberación educativa nacional y la resistencia de Santa Fe
Mientras el Gobierno nacional avanza en la desregulación del sistema educativo, la gestión de Maximiliano Pullaro mantiene el control estatal sobre los aranceles de los colegios privados. Santa Fe vuelve a quedar rezagada frente al cambio liberal que impulsa la Nación.
Después de más de treinta años, el Gobierno nacional derogó el Decreto 2417/93, una norma que regulaba los aranceles, cuotas y matrículas de los colegios privados sin subsidio, obligándolos a fijar anticipadamente sus valores sin conocer el contexto económico. La medida se presenta como un paso hacia la desregulación educativa, mayor libertad institucional y previsibilidad para las familias.
Pero en Santa Fe, la gestión provincial encabezada por Pullaro decidió no adherir a la desregulación, y su postura merece un análisis específico.
¿Qué implicaba el decreto y qué cambia con su derogación?
- Bajo el Decreto 2417/93, los colegios privados sin subsidio debían fijar las cuotas del siguiente año con meses de anticipación, sin conocer la evolución de la economía o la inflación.
➜ Resultado: cuotas más elevadas y familias pagando de más. - Con la derogación, los colegios podrán actualizar las cuotas de forma gradual y transparente, las familias ganan previsibilidad y se elimina una “traba estatista” que distorsionaba el sistema.
- Sin embargo, la medida depende de la adhesión de cada jurisdicción para que tenga efecto local.
La postura de Pullaro y por qué Santa Fe se queda atrás
1. Mantener la regulación provincial vigente.
En Santa Fe, la derogación nacional no cambia nada: el sistema de regulación provincial de cuotas sigue vigente. La directora provincial de Educación de Gestión Privada explicó que “la norma nacional no tiene impacto en Santa Fe porque las escuelas pasaron a la órbita provincial en 1995”. En la práctica, los aranceles continúan regulados con topes según el porcentaje de subsidio. Pullaro opta así por mantener el control estatal sobre los colegios privados y sus precios.
2. Enfoque en inversión pública.
Pullaro ha priorizado una fuerte inversión en infraestructura educativa pública: programas como Mil Aulas o Abre Escuelas, y obras “sin limitación presupuestaria”. Aunque esto puede considerarse positivo, evidencia un sesgo estatista: su énfasis está en la gestión pública y no en la liberalización del sistema privado.
3. Defensa del esquema regulatorio.
El gobierno provincial sostiene que el Estado debe imponer “pautas que eviten decisiones arbitrarias” en los aranceles privados. Esta posición refleja una reticencia ante la liberalización completa, y una defensa del rol regulador del Estado.
4. Contraste con la desregulación nacional.
Mientras la Nación impulsa “menos regulaciones, menos costos y más libertad”, Santa Fe insiste en “mantenemos topes y control estatal”.
➜ Una tensión clara: Nación liberaliza; Santa Fe regula.
Para las familias santafesinas, esto significa que no habrá cambios: las cuotas seguirán sujetas al marco regulatorio provincial. Los colegios sin subsidio no podrán ajustar libremente ante inflación o costos crecientes, lo que limita su competitividad.
Crítica y reflexión
Desde una mirada libertaria, surgen preguntas inevitables:
- ¿Por qué mantener regulaciones sobre cuotas privadas si la Nación las libera?
- ¿No se genera una desventaja competitiva para los colegios santafesinos?
- ¿Es compatible la inversión pública con la liberalización privada?
- ¿Qué mensaje se da a las familias que buscan libertad educativa si el Estado provincial mantiene controles mientras el país avanza hacia la desregulación?
En definitiva, la derogación del Decreto 2417/93 representa una oportunidad para liberar a la educación privada de un esquema rígido y estatista. Pero Santa Fe decide quedarse al margen, conservando regulaciones, topes y control estatal.
Mientras la Nación avanza hacia “menos regulaciones, menos costos y más libertad”, Pullaro elige “más control, más topes y más Estado”.
Así, la provincia vuelve a quedar rezagada en el proceso de modernización educativa, reafirmando una postura contraria al cambio liberal que impulsa el Gobierno nacional.
