Mechera empleada de la provincia de Buenos Aires descubierta in fraganti robando a feriantes
María Belén Patao, señalada en redes como actriz e “influencer”, fue retenida por comerciantes en el playón del estadio de Estudiantes (calle 1 entre 54 y 55) y entregada a la Policía. La causa quedó caratulada como “hurto” (modalidad mechera). Mientras el video se viraliza, un dato que pasó de comentario a escándalo: en su propio perfil de Instagram figura la frase “Trabajo en @ipsbuenosaires”, el organismo previsional de la Provincia.
La escena se repitió como tantas veces en ferias y paseos de compras: puestos modestos, emprendedores que trabajan a pulmón y, de pronto, el grito de alerta. Según el reporte periodístico del caso, el episodio ocurrió el domingo cerca de las 18 en el playón del estadio de Estudiantes de La Plata, donde funciona una feria muy concurrida. Comerciantes advirtieron movimientos sospechosos, la confrontaron y lograron recuperar mercadería; todo quedó registrado en video.
La mujer fue identificada como María Belén Patao (40). Tras la intervención del Comando Patrulla, la trasladaron a la Comisaría Novena y la causa quedó caratulada como “hurto” (modalidad mechera), bajo órbita de la fiscalía correspondiente.
El dato clave: no solo “influencer”, también “empleada” del Estado, según su propio perfil
En las coberturas se la presenta como “actriz” e “influencer” de moda.
Pero lo que encendió la bronca social —y lo que muchos consideran más grave— es lo que surge de su biografía pública en redes: allí figura la leyenda “Trabajo en @ipsbuenosaires”.
Ese punto no es menor: el IPS (Instituto de Previsión Social) es el organismo previsional de la Provincia de Buenos Aires, encargado de trámites y prestaciones vinculadas a jubilaciones y pensiones.
Y se trata, además, de una estructura que depende del Estado provincial, hoy gobernado por Axel Kicillof.
Dicho de otro modo: si el dato de la biografía refleja un vínculo laboral real, el caso deja de ser la anécdota bizarra de una “influencer” y pasa a tocar un nervio sensible: la ética de quienes cobran del sector público y el contraste con feriantes que se rompen el lomo para ganar unos mangos el fin de semana.
Robar es cool en el mundo Nac&Pop argentino
En redes, el episodio se leyó como un símbolo de una cultura política que se autopercibe “progresista” o “nac&pop”, pero que termina relativizando la responsabilidad individual: el robo como picardía, la trampa como “viveza”, el apriete como militancia.
Ángela Torres contó que, durante un viaje a Japón, “se llevó unas cositas” y lo relató como si fuera una picardía: dijo que “tuvo que rendir honor a ser argentina”, y que por eso terminaba “llevándose cosas”, en una confesión que muchos interpretaron directamente como robo disfrazado de chiste y “viveza criolla”.
En ese clima aparece, como ejemplo recurrente, el caso de Alejandro “Pitu” Salvatierra: su figura se viralizó por videos y declaraciones en redes, pero él mismo sostuvo en una entrevista que el video donde se lo acusa de “robar un banco” fue una parodia y aseguró que nunca robó un banco; aun así reconoció un pasado atravesado por delito, cárcel y marginalidad, y su candidatura se volvió emblema de una discusión incómoda sobre la vara moral en política.
No es un caso aislado: cuando el Estado aparece como logística de la agresión
Y hay un antecedente todavía más grave, porque no se trata de un hurto en una feria sino de violencia política organizada: en 2025, la Justicia procesó a una funcionaria del Ministerio de las Mujeres y Diversidades bonaerense y a una concejal camporista de Quilmes, entre otros, por el ataque con excremento a la casa del diputado José Luis Espert, con menciones explícitas al uso de bienes del Estado en la logística del hecho.
Ese episodio dejó una idea instalada: cuando la militancia se fusiona con cargos y recursos públicos, el Estado puede convertirse —por acción u omisión— en paraguas de impunidad. Y cuando a eso se suma el desprecio por el trabajo ajeno (el feriante, el comerciante, el contribuyente), el resultado es combustible perfecto para el enojo social.
Lo que debería pasar ahora
Con el expediente en marcha, lo mínimo esperable (si existiera una cultura real de integridad pública) sería:
- Confirmación oficial de si existe o no vínculo laboral con el IPS (no por redes, por legajo).
- Sumario administrativo y medidas preventivas si corresponde, como sucede en cualquier empleo serio cuando hay una causa penal por hechos de este tipo.
- Transparencia: el Estado no puede mirar para otro lado cuando la noticia involucra a alguien que, según su propia presentación pública, forma parte de su plantel.
Porque la discusión final es simple: una cosa es el show de redes; otra, muy distinta, es cobrar del Estado y al mismo tiempo quedar filmada en un hecho que termina con feriantes recuperando mercadería “a la fuerza” y una comisaría de por medio.
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