“Delito de adulto, pena de adulto”: el caso del crimen de Jeremías Monzón que sacude a la Argentina
El crimen de Jeremías Monzón, asesinado con ensañamiento en Santa Fe, reactivó con fuerza el debate sobre el régimen penal juvenil: una autora de 16 años imputada por homicidio calificado y dos coautores de 14 inimputables, en un caso que desbordó lo policial y se convirtió en bandera social por justicia y reforma.
El homicidio de Jeremías Monzón, un adolescente de 15 años de la ciudad de Santo Tomé, se transformó en uno de los casos más conmocionantes de Santa Fe y del país en el cierre de 2025 y comienzos de 2026. Por el nivel de univocidad, ensañamiento, violencia y la planificación previa del asesinato por parte de una adolescente de 16 años (autora principal) y dos de 14, el crimen dejó de ser un hecho policial para convertirse en un símbolo del debate sobre el régimen penal juvenil y la baja de la edad de imputabilidad en la Argentina.
Jeremías no tenía antecedentes de violencia ni vínculos con el delito. Familiares, amigos y compañeros lo describieron como un adolescente tranquilo, sin conflictos, que llevaba una vida normal entre la escuela, su casa y su círculo social.
El jueves 18 de diciembre, alrededor de las 15 horas, Jeremías salió de su domicilio en bicicleta para encontrarse con la adolescente de 16 años a la que conocía del ámbito escolar. Ese vínculo previo fue clave para el engaño: la confianza que Jeremías tenía en ella fue utilizada para llevarlo hasta un galpón abandonado en la ciudad de Santa Fe, frente al campo auxiliar del Club Atlético Colón, una zona aislada y de escaso tránsito. Allí, el ataque predatorio fue cuidadosamente organizado: lo tomaron de imprevisto, sin darle margen para defenderse.
En ese lugar fue emboscado por los tres asesinos. Recibió 23 puñaladas luego de ser lentamente torturado. La autopsia demostró que falleció como consecuencia de un shock hipovolémico, tras un ataque prolongado que le provocó una agonía deliberada. Para la fiscalía, la cantidad de heridas demuestra ensañamiento, mientras que el hecho de haber sido atacado desarmado, en inferioridad numérica y sin posibilidad de defenderse configura alevosía.
La causa también confirmó un dato que profundizó la conmoción social: parte del crimen fue filmado con teléfonos celulares por los propios agresores. En los dispositivos secuestrados se hallaron registros del ataque y videos posteriores en los que se los ve cometiendo el crimen con total insensibilidad: riéndose, haciendo chistes y luego cambiándose la ropa ensangrentada antes de huir. Parte de ese material habría circulado en grupos de WhatsApp, lo que para los investigadores refleja una búsqueda de validación o una alarmante naturalización de la violencia extrema.
Tras la desaparición de Jeremías, se desplegaron maniobras de encubrimiento. La adolescente que lo citó inicialmente fingió colaborar con la búsqueda, pero luego bloqueó a la familia y a los amigos en redes sociales y dejó de responder mensajes. Días después, su propia familia denunció su desaparición, aunque la investigación determinó que se trató de una fuga simulada: fue encontrada en un refugio tras presentarse como persona en situación de calle junto a su madre.
El cuerpo de Jeremías fue hallado cinco días después, oculto bajo cartones, escombros y vegetación, en un predio abandonado. El avanzado estado de descomposición, acelerado por las altas temperaturas, impidió su reconocimiento inmediato y profundizó el impacto emocional en la familia. La gente se pregunta cómo lo encontraron tan tarde —por llamadas de vecinos— y cuestiona la eficiencia de la policía provincial, siendo que el cuerpo estaba a metros del lugar donde lo asesinaron.
A la indignación general se sumó otro dato sensible: según denuncian allegados a la víctima y trascendidos del entorno de la causa, algunos de los imputados tendrían familiares directos pertenecientes a fuerzas policiales, acusados de encubrir y ayudar a que los asesinos se escapen. Si bien este elemento no forma parte de la imputación penal, incrementó la desconfianza social y el reclamo por garantías de imparcialidad y transparencia en la investigación.
En el plano judicial, la principal imputada, de 16 años, se encuentra alojada en un Centro Especializado para Menores en Rosario y enfrenta cargos por homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, alevosía y ensañamiento. En contraste, los dos coautores de 14 años son inimputables según la legislación vigente, lo que impide su juzgamiento penal pese a la gravedad del crimen. Este vacío legal es el eje central del reclamo social.
Desde el asesinato, ocurrido hace poco más de un mes, la familia de Jeremías encabeza marchas y movilizaciones todos los viernes, sin interrupción, exigiendo justicia y cambios urgentes en la ley. Las concentraciones se repiten semana tras semana y se convirtieron en un punto de referencia del reclamo ciudadano en Santa Fe.
En ese contexto nació el pedido de una reforma conocida como “Ley Jeremías”, que impulsa la baja de la edad de imputabilidad y penas efectivas para menores que cometan delitos graves, mediante la recolección de multas. La postura de la familia es tajante: “Todo aquel que no esté a favor de la baja de imputabilidad tiene la sangre de Jeremías en sus manos”, repiten públicamente, responsabilizando al sistema legal vigente por permitir la impunidad.
El caso se inscribió de lleno en la agenda política nacional, en paralelo a los proyectos impulsados por el gobierno del presidente Javier Milei para reducir la edad de imputabilidad. Para amplios sectores de la sociedad, el crimen de Jeremías Monzón expuso una combinación explosiva de violencia juvenil extrema, uso de la tecnología para registrar el horror y un marco legal que, aseguran, ya no responde a la realidad actual.
Hoy, el nombre de Jeremías se transformó en bandera. Su asesinato ya no es solo una causa judicial: es un punto de quiebre que interpela al sistema penal, a las instituciones y a una sociedad que debate, con crudeza, los límites entre derechos, responsabilidades y justicia.
