ANMAT prohibió la venta de medicamentos provenientes de HLB Pharma y Ramallo a raíz del escándalo del fentanilo de Ariel García Furfaro que siguió vigente
La prohibición definitiva de la ANMAT a los laboratorios vinculados al fentanilo contaminado expone una trama de fallas sanitarias, muertes evitables y posibles conexiones entre el poder político y el entramado empresarial encabezado por el kirchnerista Ariel García Furfaro, en uno de los mayores escándalos de salud pública del país.
La crisis por el fentanilo contaminado en Argentina sumó un nuevo capítulo este 2026: la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) resolvió la baja definitiva de los laboratorios HLB Pharma y Laboratorio Ramallo, además de mantener la prohibición total de comercialización de sus medicamentos en todo el país, en el marco de una de las mayores tragedias sanitarias recientes.
La medida se apoya en inspecciones técnicas, pruebas regulatorias y el avance de la causa judicial, que detectaron graves fallas en la calidad y seguridad de los productos farmacéuticos elaborados por ambas firmas. Según el organismo, los riesgos detectados eran “inaceptables” para la salud pública.
Un brote mortal que destapó el caso
El origen del escándalo se remonta a abril de 2025, cuando el Hospital Italiano de La Plata registró un brote de infecciones graves en pacientes internados. La investigación reveló que todos habían recibido fentanilo contaminado, un potente analgésico utilizado en terapias intensivas.
Los análisis detectaron bacterias altamente peligrosas ,como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, en las ampollas del medicamento.
A partir de ese hallazgo, la ANMAT ordenó de inmediato la prohibición del uso de determinados lotes y su retiro del mercado en todo el país.
Una tragedia sanitaria de gran magnitud
El impacto fue devastador. El fentanilo contaminado llegó a más de un centenar de centros de salud y provocó decenas de muertes, con estimaciones que superan ampliamente los 90 casos y podrían ser muchas más, además de cientos de pacientes afectados.
Se estima que más de 300.000 ampollas fueron distribuidas, y unas 45.000 llegaron a ser administradas antes de que se detectara el problema.
El caso fue calificado como uno de los peores escándalos sanitarios de la historia reciente del país.
Irregularidades graves y fallas de control
Las inspecciones oficiales detectaron múltiples incumplimientos en los laboratorios:
- Producción en condiciones no habilitadas
- Uso de envases no autorizados
- Falta de trazabilidad y documentación
- Comercialización de productos pese a restricciones vigentes
Incluso, se comprobó que se elaboraron y liberaron al mercado decenas de lotes sin cumplir las normas sanitarias exigidas.
De la suspensión a la clausura definitiva
En un primer momento, la ANMAT había dispuesto la inhibición de actividades y la prohibición de todos los productos de ambas empresas en 2025.
Ahora, con la nueva resolución publicada en el Boletín Oficial, el organismo avanzó un paso más:
- Revocó definitivamente las habilitaciones
- Canceló sus legajos como productores farmacéuticos
- Ratificó la prohibición de comercialización
Esto implica que HLB Pharma y Ramallo ya no pueden operar como laboratorios en Argentina.
Investigación judicial en curso
En paralelo, la Justicia federal continúa investigando responsabilidades penales. Hay empresarios, directivos y técnicos bajo sospecha, con detenciones y embargos en curso.
La causa busca determinar si hubo negligencia, encubrimiento o incluso maniobras ilícitas en la producción y distribución del medicamento.
Vínculos políticos bajo la lupa
El escándalo también abrió interrogantes sobre posibles conexiones políticas de algunos actores vinculados al entramado empresarial.
Entre los nombres mencionados en investigaciones aparece Ariel Furfaro ,dueño de HLB Pharma Group y quien tiene control sobre Laboratorios Ramallo, fue señalado por distintos medios por su cercanía con sectores del kirchnerismo, particularmente durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner.
Su aparición en el contexto del caso alimentó el debate político sobre los vínculos entre el poder y ciertos sectores empresariales, así como sobre los controles estatales durante gestiones anteriores priorizando el “amiguismo” del poder por sobre la ley.
Un caso que expone fallas estructurales
El escándalo no solo dejó víctimas fatales, sino que también puso en evidencia debilidades en los controles sanitarios y en la cadena de producción farmacéutica.
La decisión de prohibir definitivamente los medicamentos y cerrar los laboratorios marca un intento de contener el daño, pero el impacto del caso sigue abierto: en la Justicia, en el sistema de salud y en la confianza pública.
