Revolución del 25 de mayo: la libertad no consiste en cambiar a un amo extranjero por uno nacional
La Revolución de Mayo no fue una postal escolar ni una ceremonia vacía. Fue el primer gran quiebre contra un poder lejano, burocrático y monopólico que pretendía decidir quién podía comerciar, producir, gobernar y obedecer. Dos siglos después, la discusión sigue abierta: ¿somos libres si reemplazamos al amo extranjero por una casta local que controla la vida de los argentinos desde el Estado?
El 25 de Mayo de 1810 no puede reducirse a una fecha de escarapelas, paraguas y actos escolares. Fue un momento decisivo en el que una parte de la sociedad rioplatense empezó a discutir algo mucho más profundo que el nombre de una autoridad: quién tenía derecho a mandar, con qué límites y en beneficio de quién.
En aquel tiempo, el Río de la Plata formaba parte del orden colonial español. La autoridad formal era el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, representante de una monarquía que atravesaba una crisis terminal después de la invasión napoleónica a España y la caída de Fernando VII. En Buenos Aires, esa crisis abrió una pregunta inevitable: si el rey estaba cautivo y el poder central se había derrumbado, ¿por qué los americanos debían seguir obedeciendo a una autoridad que ya no podía justificar su mando?
Pero el conflicto no era solamente institucional. También era económico y moral. El viejo sistema colonial sostenía monopolios, permisos, restricciones comerciales y privilegios que asfixiaban el desarrollo. La producción y el comercio estaban condicionados por una estructura que decidía desde arriba qué se podía vender, a quién, cuándo y bajo qué condiciones. La libertad no era una consigna abstracta: era la posibilidad concreta de trabajar, comerciar, producir y decidir sin pedirle permiso a una burocracia distante.
En ese escenario aparecieron los protagonistas de Mayo: Cornelio Saavedra, jefe del Regimiento de Patricios; Juan José Castelli, una de las voces más firmes del Cabildo Abierto; Manuel Belgrano, abogado, economista y defensor de ideas de progreso; Mariano Moreno, símbolo de una mirada más radical sobre la libertad política y económica; junto a otros nombres como Juan José Paso, Miguel de Azcuénaga, Manuel Alberti, Domingo Matheu y Juan Larrea.
No todos pensaban igual, ni representaban exactamente el mismo proyecto. Pero todos fueron parte de un proceso que puso en crisis el principio de obediencia al viejo poder. El Cabildo Abierto del 22 de mayo y la formación de la Primera Junta el 25 de mayo marcaron el inicio de una ruptura: el poder ya no podía sostenerse únicamente en la tradición, la distancia, la fuerza o el privilegio.
Mayo fue contra el monopolio del poder
La Revolución de Mayo tuvo una dimensión profundamente liberal porque cuestionó el corazón del sistema colonial: la concentración del poder político y económico en manos de una estructura que administraba permisos y privilegios.
España no solo gobernaba. También regulaba, controlaba, restringía y extraía. El sistema colonial decía proteger el orden, pero en los hechos mantenía a los pueblos subordinados a decisiones tomadas lejos de su realidad.
Por eso, Mayo no fue simplemente el reemplazo de un funcionario por otro. Fue el inicio de una discusión sobre la soberanía, la representación, el comercio, la propiedad, el trabajo y los límites del poder.
La Argentina nació, en buena medida, de esa tensión: de un lado, quienes creían que la sociedad debía abrirse, comerciar y decidir su destino; del otro, quienes defendían un orden cerrado, tutelado y administrado desde arriba.
La dependencia con bandera propia
El problema es que, con el tiempo, parte de la política argentina vació de contenido esa tradición. Nos enseñaron a celebrar la independencia formal, pero no siempre la libertad real.
Durante décadas, el discurso estatista vendió una idea tramposa: que la dependencia solo era un problema si el amo tenía nacionalidad extranjera. Pero si el amo hablaba nuestro idioma, votaba en nuestras elecciones, ocupaba ministerios nacionales, gobernaciones, intendencias o sindicatos locales, entonces esa subordinación podía llamarse “justicia social”, “Estado presente” o “protección”.
La pregunta es inevitable: ¿eso es libertad?
Si un ciudadano no puede trabajar sin ser aplastado por impuestos, si un productor es castigado por exportar, si un comerciante vive bajo inspecciones arbitrarias, si un emprendedor necesita permisos eternos, si una familia depende de la dádiva estatal para sobrevivir, si un empresario progresa solo cuando consigue el favor del poder, entonces el problema no desapareció. Solo cambió de uniforme.
Ya no se trata de un virrey enviado por una corona extranjera. Hoy el poder que pretende controlar todo aparece bajo otras formas: la burocracia política, los ministerios inútiles, los gobernadores e intendentes que administran cajas, los sindicatos convertidos en corporaciones, los empresarios prebendarios que viven del Estado, los jueces amigos del sistema y los partidos que se pelean en público pero coinciden en defender el gasto, los cargos y los privilegios.
En definitiva, el viejo colonialismo político fue reemplazado muchas veces por una dependencia interna: el partido del Estado disfrazado de distintos colores.
Cuando el Estado se vuelve dueño del individuo
La pérdida de libertad no siempre llega con cadenas visibles. Muchas veces aparece envuelta en frases solemnes, en discursos de orden, patria, justicia social o grandeza nacional. Pero el fondo es el mismo: subordinar al individuo a una estructura superior que decide por él.
La frase atribuida a Benito Mussolini resume con brutal claridad la esencia del fascismo: “Todo dentro del Estado, nada contra el Estado, nada fuera del Estado”. Allí no hay espacio para la persona libre, para la iniciativa privada ni para la autonomía individual. Todo debe pasar por el poder. Todo debe ser autorizado, dirigido o tolerado por el Estado.
En la Argentina, el peronismo expresó una lógica parecida bajo otra fórmula: “Primero la Patria, después el Movimiento, luego el individuo”. La frase parece patriótica, pero encierra una idea profundamente peligrosa: el individuo queda último. Primero está una abstracción administrada por el poder, después el aparato político, y recién al final la persona concreta, el ciudadano de carne y hueso que trabaja, produce, piensa y decide.
Esa es la trampa de todos los proyectos colectivistas: presentan la obediencia como virtud y la subordinación como patriotismo. Cambian las banderas, los himnos y los nombres, pero la lógica permanece: el ciudadano deja de ser libre para convertirse en pieza de un proyecto que otros diseñan desde arriba.
Por eso, el espíritu de Mayo sigue siendo incómodo. Porque Mayo no fue una invitación a cambiar de amo, sino a discutir si debía existir un amo. La verdadera libertad no consiste en obedecer a un poder nacional en lugar de uno extranjero. Si el Estado controla tu trabajo, tu comercio, tu propiedad, tu educación, tu dinero y tu futuro, poco importa si quien firma la orden nació en Madrid, Roma o Buenos Aires: seguís siendo súbdito, no ciudadano.
Volver a Mayo es volver a la libertad
Honrar el 25 de Mayo no es repetir discursos vacíos ni hacer de la historia una ceremonia sin contenido. Honrar Mayo es recuperar su sentido más profundo: poner límites al poder y devolverle protagonismo al ciudadano.
Una Argentina fiel al espíritu de 1810 no puede resignarse a vivir bajo la tutela permanente del Estado. No puede aceptar que producir sea sospechoso, que comerciar sea castigado, que ahorrar sea una odisea, que invertir sea un riesgo político y que depender del poder sea más rentable que trabajar.
Mayo nos recuerda que la libertad no se hereda para siempre. Se conquista, se defiende y se vuelve a conquistar cada vez que el poder intenta avanzar sobre la sociedad.
La generación de 1810 enfrentó a un orden colonial que pretendía decidir por todos. La generación actual enfrenta otro desafío: desmontar una estructura interna que durante décadas convenció a los argentinos de que vivir subordinados al Estado era una forma de justicia.
No lo es.
El 25 de Mayo debe volver a ser una fecha incómoda para el poder. Una fecha que recuerde que la Argentina no nació para obedecer, sino para ser libre. Y que la independencia verdadera no consiste apenas en tener bandera, himno y gobierno propio, sino en que cada argentino pueda trabajar, producir, comerciar, educarse, progresar y vivir sin pedirle permiso a ningún amo, tenga la nacionalidad que tenga.
