Bolivia: intento de golpe de Estado de narco comunistas tras pedido de captura de la justicia a Evo Morales
Tras la orden de captura contra Evo Morales por no presentarse al juicio por presunta trata de personas, el aparato evista volvió a mostrar su verdadera naturaleza: bloqueos, violencia, desabastecimiento y presión callejera para condicionar a la justicia y quebrar al gobierno democráticamente elegido de Rodrigo Paz.
Bolivia atraviesa una nueva ofensiva del viejo poder que se niega a morir. Lo que se presenta como protesta social, reclamo sectorial o “insurrección popular” tiene todos los rasgos de una maniobra destituyente: cortes de rutas, enfrentamientos, presión sobre La Paz, ocupación territorial y una estructura política decidida a impedir que Evo Morales responda ante la justicia.
La crisis se aceleró después de que un tribunal boliviano declarara en rebeldía al expresidente y ordenara su aprehensión por no presentarse al juicio oral en el que está acusado por presunta trata de personas, en una causa que lo vincula con una menor de edad durante su mandato. La Fiscalía asegura contar con más de 170 pruebas, mientras Morales insiste en denunciar una persecución política.
Pero el problema ya no es solamente judicial. El evismo convirtió la causa penal en una excusa para activar una presión política sobre todo el país. Sus seguidores mantienen bloqueos en rutas estratégicas, especialmente alrededor de La Paz y El Alto, y llegaron a ocupar el aeropuerto de Chimoré, en Cochabamba, con el objetivo de impedir operativos vinculados a la detención del exmandatario.
La vieja receta del socialismo del siglo XXI: caos, impunidad y poder paralelo
La metodología no es nueva. El socialismo del siglo XXI, cuando pierde el control formal del gobierno, intenta conservar el poder real mediante la calle, los sindicatos, los grupos de choque y el chantaje social. En Bolivia, ese esquema se expresa en el aparato evista, una estructura que durante años se sostuvo sobre el control territorial del Chapare, la política cocalera, el manejo del Estado y una narrativa victimista cada vez que la justicia avanza.
Carlos Sánchez Berzaín lo planteó con crudeza en Infobae: Rodrigo Paz tomó el gobierno, pero no necesariamente el poder, y enfrenta una conspiración que busca mantener el narcoestado y garantizar impunidad a Evo Morales y a su grupo político. La lectura es clara: el conflicto no es entre un presidente y manifestantes, sino entre un gobierno elegido democráticamente y una maquinaria que no acepta perder privilegios.
Los hechos acompañan esa interpretación. Reuters informó que en La Paz hubo choques violentos entre grupos mineros y la Policía, con manifestantes intentando ingresar a Plaza Murillo y arrojando lo que parecían ser cartuchos de dinamita. Algunos sectores incluso reclamaron la renuncia de Rodrigo Paz, apenas seis meses después de su asunción.
El país como rehén
El costo de la ofensiva lo paga la población boliviana. Los bloqueos generaron desabastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos e incluso oxígeno hospitalario. TN reportó al menos 15 puntos de bloqueo solo en La Paz y alrededores, con una crisis que ya obligó al gobierno a intentar abrir corredores humanitarios.
La situación llegó a tal nivel que Estados Unidos denunció una crisis humanitaria provocada por disturbios y cortes de ruta, condenó las acciones destinadas a desestabilizar al gobierno democráticamente elegido de Rodrigo Paz y expresó respaldo a los esfuerzos oficiales para restablecer el orden.
También la Argentina tuvo que intervenir con asistencia logística. El gobierno de Javier Milei envió un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea para realizar tareas de puente aéreo humanitario, transportando alimentos e insumos esenciales ante el agravamiento de la crisis.
El verdadero objetivo: que Evo no caiga
La violencia no busca mejorar la vida de los bolivianos. Busca otra cosa: impedir que Evo Morales quede solo frente a los tribunales.
El expresidente, que se refugia en el Chapare y conserva un fuerte respaldo de sectores cocaleros, enfrenta una causa gravísima. La justicia lo declaró en rebeldía, ordenó su aprehensión y dispuso su arraigo. Sin embargo, el aparato político que lo rodea intenta convertir una causa penal en una batalla ideológica.
Cada bloqueo, cada corte y cada amenaza tiene un mensaje: si tocan a Evo, paralizan Bolivia. Es la lógica mafiosa del poder paralelo. No se discute una sentencia, no se responde ante un juez, no se acepta la división de poderes. Se toma de rehén a un país entero.
Narcocomunismo en estado puro
El caso boliviano vuelve a desnudar una verdad que América Latina conoce demasiado bien: cuando el socialismo pierde las urnas, no abandona el poder; se repliega en sus estructuras corporativas, sindicales, territoriales y judiciales para condicionar al nuevo gobierno.
En nombre del “pueblo”, destruyen la vida cotidiana del pueblo. En nombre de los pobres, bloquean alimentos y medicamentos. En nombre de la democracia, buscan quebrar a un presidente elegido. En nombre de la justicia social, exigen impunidad para el jefe político de una estructura que gobernó durante casi dos décadas.
La caída electoral del MAS no terminó con el régimen. Apenas abrió la disputa por el poder real. Y hoy Bolivia está viendo la reacción desesperada de los narco-comunistas que entienden que, si Evo Morales termina sentado ante la justicia, puede empezar a derrumbarse todo el sistema de impunidad que construyeron alrededor suyo.
Una prueba para Bolivia y para toda la región
Rodrigo Paz enfrenta algo más que protestas. Enfrenta un intento de disciplinamiento político. Si cede ante la violencia, el mensaje será devastador: en Bolivia no gobierna quien gana las elecciones, sino quien tiene capacidad de bloquear rutas, sitiar ciudades y amenazar con incendiar el país.
Por eso, el conflicto boliviano debe ser leído como una advertencia regional. El castrochavismo, el populismo narco y la izquierda autoritaria no se retiran en silencio. Cuando pierden el control del Estado, activan el caos para recuperar privilegios.
