Auditoría al Hospital Garrahan: Revelaciones de Ineficiencia y Privilegios
El Hospital Garrahan, pilar de la atención pediátrica en Argentina, está en el centro de una polémica tras las auditorías impulsadas por el gobierno de Javier Milei. Estas revelaron una desproporción alarmante: 953 empleados administrativos frente a solo 478 médicos de planta, casi el doble, según datos oficiales del propio hospital. Esta situación, sumada al rechazo gremial de un aumento salarial del 63% para los médicos por no incluir al personal administrativo y político, ha puesto en evidencia una estructura que prioriza intereses partidarios antes que la salud infantil.
Contexto de la Crisis
En los primeros cinco meses de 2025, el gobierno nacional redujo los fondos transferidos al hospital en un 7,2% respecto a 2024. A pesar de ello, el Hospital Garrahan eliminó un déficit heredado de casi 31.000 millones de pesos mediante mejoras en eficiencia y recupero de prestaciones. Sin embargo, médicos residentes denunciaron sueldos por debajo de la línea de pobreza ($797.061 en abril de 2025 vs. una línea de pobreza de $1.110.000), y estalló un conflicto que derivó en paros y protestas.
Administrativos vs. Médicos: El Dato que Indigna
El informe de auditoría mostró que el hospital cuenta con 953 administrativos y 478 médicos de planta. La viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, remarcó que el presupuesto para sueldos administrativos supera al asignado al personal médico, calificándolo de «insólito». Esta situación pone en crisis la calidad del servicio, al desviar recursos críticos para la atención de los niños.
El Rechazo al Aumento: Militancia Antes que Medicina
El gobierno ofreció un aumento del 63% para los médicos, pero fue rechazado por gremios como ATE y la Asociación de Profesionales, por no incluir al personal administrativo. Según denuncias, muchos de estos administrativos responden a estructuras políticas y cumplen funciones difusas o directamente inexistentes: «militancia rentada con fondos del Estado». Chats internos entre médicos, filtrados a la prensa, muestran el enojo por una dirigencia sindical que antepone intereses partidarios a la atención médica.
¿»El Garrahan no se toca» o «Los privilegios no se tocan»?
Las movilizaciones bajo la consigna «El Garrahan no se toca» denuncian una supuesta «crisis sanitaria». Sin embargo, desde sectores críticos señalan que el objetivo real es defender los cargos políticos enquistados en el hospital. En 2025, el presupuesto del Garrahan aumentó un 244% (de 48 a 165 millones de pesos), y la mayor parte de ese incremento fue a salarios administrativos.
De hecho, entre 2020 y 2023 se sumaron 1.200 empleados nuevos, de los cuales 300 eran administrativos, sin mejoras proporcionales en la productividad o la calidad del servicio. El gobierno implementó controles biométricos que entrarán en vigencia el 1 de junio de 2025, para garantizar el cumplimiento efectivo del horario laboral.
La Casta No Se Atiende en el Garrahan
A pesar de la defensa cerrada que muchos funcionarios hacen del Garrahan como «hospital público modelo», ninguno de ellos se atiende allí ni manda a sus hijos. Políticos como Axel Kicillof, Cristina Kirchner o Hugo Yasky optaron por atención en clínicas privadas de alta gama como Otamendi, Fleni o Los Arcos, según registros periodísticos. Esto desnuda una hipocresía estructural: defienden el sistema público mientras gozan de privilegios que los ciudadanos comunes no tienen.
El Estado presente para privilegios de algunos
El caso Garrahan revela el saqueo silencioso del Estado por parte de quienes se autoproclaman «defensores del Estado». La estructura del hospital está capturada por sindicatos, partidos y burocracias que usan el presupuesto de salud para sostener militancia política. Los verdaderos perjudicados son los niños sin cobertura médica que dependen del Garrahan para sobrevivir.
La intervención del gobierno de Milei, lejos de ser un «ajuste», es un intento de devolver el sentido original a la salud pública: servir al paciente, no a la casta. Auditar, transparentar, reordenar y priorizar al cuerpo médico por sobre los administrativos es una necesidad moral y estructural.
El Hospital Garrahan no está en crisis por falta de fondos, sino por malgasto, exceso de personal improductivo y captura política. Si no se revierte esta lógica de saqueo disfrazado de justicia social, seguirán cayendo los servicios esenciales. La salud no puede seguir siendo rehén de quienes lucran con el «Estado presente» para ausentarse de su verdadera obligación: cuidar la vida de los argentinos.
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