Expropiación de YPF (2012): fallo millonario en EE.UU. y rol de Axel Kicillof
Antecedentes de la expropiación de YPF en 2012
En abril de 2012, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner anunció la estatización de YPF, entonces controlada por la española Repsol. La presidenta presentó la medida como “una recuperación de la soberanía y control de los hidrocarburos”, interviniendo la empresa con el entonces viceministro de Economía Axel Kicillof y el ministro de Planificación Julio De Vido a la cabeza. El 7 de mayo de 2012, el Congreso aprobó la ley que declaró de interés público el 51% de las acciones de YPF y dispuso su expropiación en favor del Estado. En ese momento, el Estado argentino tomó el control de YPF mediante una “ocupación temporal”, pero sin aclarar cómo ni cuándo pagaría a Repsol por sus acciones expropiadas. (Recién en 2014 la Argentina acordó con Repsol una compensación de US$ 5.000 millones en bonos soberanos).
La familia Eskenazi (Grupo Petersen), aliada del kirchnerismo, había comprado entre 2008 y 2011 un 25% de YPF a Repsol con préstamos internacionales, previstos a pagarse con los dividendos de esas acciones. Asimismo, el fondo Eton Park adquirió en 2010 otro 3% de YPF por alrededor de US$ 458 millones. Tras la expropiación, la intervención estatal suspendió el pago de dividendos pactado entre Repsol y Petersen, lo que llevó al default y quiebra de las empresas del Grupo Petersen al no poder afrontar sus deudas con los bancos. En julio de 2012, las sociedades de Petersen se declararon en quiebra en España.
La demanda de accionistas minoritarios y el rol de Burford Capital
A raíz de la expropiación, los antiguos accionistas minoritarios iniciaron acciones legales. En 2015, el síndico de la quiebra de Petersen en España subastó los derechos de litigio contra la Argentina; el ganador fue Burford Capital, un fondo de inversión especializado en financiar juicios, conocido por operar como los llamados “fondos buitre”. El 4 de marzo de 2015, la subsidiaria de Burford (Prospect Investments) adquirió los derechos de Petersen y al mes siguiente, el 8 de abril de 2015, Petersen Energía Inversora (ya en manos de Burford) presentó una demanda contra el Estado argentino y YPF en los tribunales de Nueva York. En junio de 2015, Eton Park (otro exaccionista) presentó una demanda similar por su parte. Burford Capital financió todo el litigio, adquiriendo por menos de US$ 17 millones las demandas que posteriormente ganarían una indemnización millonaria.
Los demandantes acusaron a la Argentina de violar el Estatuto de YPF. En particular, el artículo 7° del estatuto establecía que si alguien adquiría más del 15% de la compañía debía hacer una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por el 100% de las acciones, extensiva a todos los accionistas y no solo al vendedor. Argentina, al tomar control del 51% en abril de 2012, no realizó esa oferta para comprar el resto de las acciones, contraviniendo lo pactado en el estatuto y el prospecto de oferta pública de YPF. Además, se alegó que la intervención estatal perjudicó a los minoritarios al congelar los dividendos, provocando la caída del valor de YPF y la insolvencia de Petersen.
Burford Capital, actuando en nombre de Petersen y Eton Park, presentó estas violaciones como incumplimiento contractual y reclamó una indemnización multimillonaria. La demanda sostenía que la República incumplió obligaciones asumidas en el estatuto y en la oferta pública de YPF, y que YPF S.A. omitió hacer cumplir las cláusulas de protección a los accionistas minoritarios.
El fallo de la justicia de EE.UU. y sus fundamentos
Luego de años de litigio, la jueza Loretta Preska (Tribunal del Distrito Sur de Nueva York) falló en favor de los demandantes. En marzo de 2023, Preska concluyó que existió un contrato válido y vinculante (el estatuto/prospecto de YPF) que la Argentina “prometió a los tenedores de valores que les proporcionaría una salida compensada si recuperaba el control” de la compañía. Al nacionalizar YPF sin lanzar la OPA correspondiente, el Estado “incumplió el contrato”. La jueza enfatizó que el gobierno argentino adquirió control el 16 de abril de 2012, fecha en que despojó a Repsol del mando y derechos políticos, desencadenando una caída de más del 40% en el valor de las acciones de YPF en pocos días. Esa fecha temprana fue considerada el momento del “evento de expropiación”, por lo que Preska aplicó intereses desde ese día. Además, calificó de “apropiada y equitativa” una tasa de interés del 8% anual sobre la indemnización, señalando que estaba dentro de los rangos usuales incluso de la justicia argentina.
Un punto clave es que Preska eximió a YPF S.A. de responsabilidad: determinó que los demandantes demostraron un contrato violado “contra la República, pero no contra YPF”, por lo que la petrolera no debe afrontar los pagos. En otras palabras, la responsabilidad recae directamente en el Estado argentino como accionista mayoritario que no honró las condiciones establecidas al inversor.
La defensa argentina intentó sin éxito varios argumentos jurídicos: alegó falta de jurisdicción de Nueva York (pretendiendo que el caso se litigue en Argentina), y tildó de “fraudulenta” la compra original de Petersen (por financiarse con dividendos de YPF) para negar legitimidad a la demanda. Estas defensas fueron rechazadas; la Corte Suprema de EE.UU. ya había ratificado la jurisdicción neoyorquina en 2019. También se intentó argumentar que la expropiación, al ser un acto soberano bajo la Constitución argentina, prevalecía sobre un estatuto comercial privado. El equipo legal de Kicillof sostuvo que el Congreso aplicó un proceso constitucional de expropiación por interés público estratégico, por encima de las reglas corporativas de YPF. Sin embargo, la jueza Preska determinó que la promesa a los inversores extranjeros (sujeta al derecho de Nueva York por cotizar YPF en Wall Street) era exigible: Argentina renunció a su inmunidad en contratos comerciales y debía atenerse a las consecuencias de incumplir las condiciones ofertadas a los accionistas.
Montos de la indemnización millonaria y actores involucrados
En septiembre de 2023, tras un proceso para determinar los daños, Preska estableció la indemnización en aproximadamente US$ 16.090 millones. Este monto incluye ~US$ 8.430 millones de daño emergente más ~US$ 7.600 millones en intereses acumulados (al 8% anual) desde mayo de 2012. La sentencia desglosa US$ 14.385 millones para Petersen y US$ 1.705 millones para Eton Park. Dado el acuerdo de financiamiento, Burford Capital recibiría una parte sustancial: el 70-75% de las compensaciones de Petersen/Eton, lo que los analistas estimaron en torno a US$ 6.3 mil millones para Burford. Burford celebró el fallo como “una victoria completa”, viendo cómo sus acciones subían más de 20% tras la noticia.
Desde entonces, los intereses continúan corriendo. Para mediados de 2025, los demandantes afirman que la deuda ya supera los US$ 17.000 millones, con intereses post-fallo que suman alrededor de US$ 2 a 2.5 millones por día. El fallo también ordena que, si Argentina no paga voluntariamente, los acreedores pueden buscar embargos contra activos argentinos en el exterior. De hecho, Preska autorizó medidas de ejecución: en junio de 2025, ordenó a la Argentina entregar su 51% de las acciones de YPF (clase D en manos del Estado, vía ANSES y el Tesoro) a una cuenta administrada por BNY Mellon, para transferirlas luego a los demandantes como pago parcial de la sentencia. Esta drástica medida implicaría que el país pierda el control mayoritario de YPF para satisfacer la deuda. Argentina argumentó que esas acciones gozarían de inmunidad soberana (FSIA) por estar fuera de EE.UU., pero la jueza rechazó ese argumento aplicando la excepción comercial: “Los gobiernos extranjeros no pueden invocar su propia ley para blindar sus activos de la ejecución en EE.UU.”, sentenció Preska, enfatizando que “la cortesía internacional no es un camino de una sola vía” y que a EE.UU. le interesa que sus sentencias se cumplan.
Actores clave: además de Burford y los fondos Petersen/Eton Park, en este caso ha intervenido el propio Gobierno de EE.UU.. El Departamento de Justicia estadounidense apoyó a la Argentina en oponerse a la entrega forzosa de las acciones de YPF, advirtiendo sobre posibles conflictos con la política exterior. Sin embargo, la jueza avanzó con la orden de embargo. Del lado argentino, la defensa estuvo liderada sucesivamente por procuradores del Tesoro de distintas administraciones (por ej. Bernardo Saravia Frías bajo Macri, y abogados externos como Skadden Arps) sin cambiar sustancialmente la estrategia. Los demandantes, por su parte, fueron representados por estudios jurídicos financiados por Burford. En síntesis, los protagonistas clave son: Argentina (demandado), YPF S.A. (demandada pero desligada del pago), Burford Capital (fondo litigante), los ex accionistas Petersen y Eton Park, y la jueza Loretta Preska, además de las figuras políticas implicadas en la decisión original (Cristina Kirchner y Axel Kicillof).
Respuesta y acciones del Gobierno argentino tras el fallo
Tanto el gobierno saliente de 2019-2023 como el actual gobierno (2023-2025) rechazaron el veredicto y tomaron medidas para enfrentarlo. Inmediatamente después del fallo de septiembre 2023, la administración de Alberto Fernández presentó una apelación ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. El entonces gobierno calificó la decisión de Preska como “errada en lo jurídico” y afirmó que “se apelará de inmediato” para seguir defendiendo la “soberanía energética y nuestra empresa estatal YPF contra los fondos buitres”, según declaró la portavoz presidencial Gabriela Cerruti.
En febrero de 2024, ya bajo la nueva presidencia, Argentina presentó su primer escrito de apelación detallando los agravios contra la sentencia. A inicios de 2025, las tres partes (Argentina, YPF y los demandantes) habían intercambiado todos los alegatos escritos y se esperaba la asignación de un panel de jueces y la fecha de la audiencia oral. El gobierno argentino solicitó al tribunal de apelaciones la suspensión de la ejecución mientras dure el proceso de apelación, para evitar daños irreparables. En paralelo, los abogados de la Argentina libran una batalla en tribunales de otros países: por ejemplo, en Londres, donde los demandantes pidieron el reconocimiento del fallo estadounidense, Argentina ha pedido postergar la ejecución hasta que se resuelva la apelación en EE.UU.. Los demandantes acusan a Argentina de querer “ganar tiempo”, y han exigido que si se concede una pausa se le imponga al país una garantía de ~US$ 2.500 millones como caución.
El presidente Javier Milei –quien asumió en diciembre de 2023– se mostró desafiante ante la sentencia. En redes sociales anunció: “vamos a apelar este fallo en todas las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales”. Milei incluso apuntó personalmente contra Axel Kicillof y la anterior gestión: calificó la situación como “un fallo contra Kicillof” y atribuyó la responsabilidad directa al “inútil soviético de Axel Kicillof cuando era ministro de Economía durante la segunda presidencia de la condenada de CFK”. Este tono combativo e irreverente, con terminología muy argentina, refleja la estrategia política de desligar al nuevo gobierno de la “herencia” recibida. Pese a su retórica pro-mercado, Milei hasta ahora no ha entablado negociaciones con Burford para un acuerdo, y su ministro de Economía (Luis Caputo) ha guardado silencio sobre el tema. De hecho, Burford reveló en 2025 que designó un intermediario para dialogar, pero “no ha habido ni una reunión” con las autoridades argentinas. Mientras tanto, el gobierno explora volver a los mercados internacionales, pero la sombra de esta sentencia millonaria complica la confianza de los inversores, dado el riesgo de embargos sobre eventuales nuevas emisiones de deuda argentina.
Adicionalmente, Argentina ha intentado dilatar o minimizar la ejecución de la condena. Por ejemplo, se opuso a revelar información detallada de activos estatales que los demandantes solicitaron para rastrear bienes embargables (como la localización del oro en las reservas del Banco Central), aunque la jueza ordenó entregar esos datos. También se habría ofrecido en algún momento emitir un bono a favor de Burford como forma de pago diferido, pero sin avances concretos. En resumen, la postura oficial hasta la fecha combina apelaciones judiciales, resistencia a los embargos y discurso político confrontativo, antes que una negociación de pago. Las consecuencias de un eventual desacato inquietan: si Argentina se niega a cumplir, podría enfrentar sanciones civiles adicionales y un aislamiento financiero aún mayor.
El rol de Axel Kicillof en la expropiación y sus declaraciones emblemáticas
El economista Axel Kicillof fue una figura central en la decisión de expropiar YPF en 2012. Por entonces viceministro (y luego ministro) de Economía de Cristina Kirchner, Kicillof fue el ideólogo técnico de la movida: argumentó que el Estado debía recuperar YPF para solucionar la caída en producción de hidrocarburos y frenar lo que denominó el “saqueo” de Repsol. Fue nombrado director en YPF tras la intervención y tuvo un rol protagónico en el diseño de la estrategia económica y jurídica de la nacionalización. En su discurso ante el Congreso (17 de abril de 2012), Kicillof dejó claras sus intenciones de no pagar las condiciones exigidas por Repsol ni por el estatuto. Describió el estatuto de YPF como “leonino” –una trampa para osos– diseñado para que nadie pudiera tomar el control sin pagar cifras exorbitantes. En palabras del propio Kicillof ante los senadores: “Si uno quería comprar acciones y pasaba el 15%, pisaba la trampa del oso y tenía que comprar el ciento por ciento a un valor equivalente a US$ 19.000 millones… ¡Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto!”. Esta frase –tildando de “tarados” a quienes creían que el Estado debía acatar las reglas de YPF– se volvió emblemática. En esa misma intervención, el joven viceministro desafió abiertamente a Repsol y sus socios: “No le vamos a pagar lo que ellos dicen [que vale YPF], sino el costo real de la empresa”, aseguró, ratificando que no lanzaría la OPA por el 100%. También lanzó bravuconadas nacionalistas como “no sólo no les vamos a pagar un peso, sino que les vamos a cobrar” a los expropietarios.
Kicillof llegó a prometer públicamente que la expropiación de YPF “no le costaría un peso al país”. Esa aseveración, hecha con tono desafiante en 2012, hoy resuena irónica: la realidad es que la aventura puede costarle a la Argentina miles de millones de dólares. De hecho, el propio Kicillof reconoció por entonces que el gobierno prefería seguir el camino de la ley de expropiaciones nacional (tasación a cargo del Tribunal de Tasaciones local, pago en bonos, etc.) en lugar de respetar los mecanismos contractuales de Nueva York. Su estrategia jurídica se basó en declarar la expropiación como acto de soberanía –priorizando la Constitución Nacional por sobre estatutos societarios privados–, y en cuestionar la legitimidad de los demandantes (llamándolos especuladores que se aprovecharon de acuerdos “fraudulentos”). Kicillof y su equipo legal argumentaban que, habiendo interés público en juego, el Estado tenía potestad para expropiar sin activar la OPA, y que cualquier reclamo debía dirimirse en Argentina, no en tribunales extranjeros. También minimizaron el reclamo de Petersen, atribuyendo su quiebra a un riesgo empresario mal calculado: “si apalancaron la compra con un contrato privado con un banco, es un riesgo que corrieron ellos”, respondieron desde la órbita de Kicillof, alegando que el Estado (ni YPF) no tenía responsabilidad por la deuda de los Eskenazi.
En retrospectiva, muchas de las frases de Kicillof en 2012 resultan desafortunadas a la luz del fallo de 2023. Cuando expropió YPF “a lo guapo”, enarbolando la bandera de la soberanía energética, Kicillof desestimó las advertencias sobre compromisos legales internacionales. Su célebre declaración de que “no somos tan idiotas como para pagarle lo que ellos dicen que vale” YPFclarin.com se celebró entre sus seguidores en aquel entonces. Hoy, sin embargo, nadie sabe con exactitud cuánto terminará costando la empresa por la “desastrosa manera” en que se nacionalizóclarin.com. Incluso dirigentes que aplaudieron la nacionalización reconocen en privado que “lo que hicimos con la petrolera nacional fue criminal”, al ignorar y atropellar derechos adquiridosclarin.comclarin.com. La factura de ese desafío legal –que Kicillof pensó que Argentina jamás tendría que pagar– finalmente llegó en forma de sentencia. Y la ironía del destino quedó servida: el entonces joven “gurú” nacionalizador que prometía que YPF “no le costaría un peso al país”clarin.com terminó dejando una deuda potencial de más de US$ 16.000 millones que pesa sobre todos los argentinos.
En suma, Axel Kicillof fue el arquitecto intelectual de la expropiación de YPF en 2012. Sus declaraciones incendiarias –desde tildar de idiotas a quienes pretendían cumplir el estatuto, hasta asegurar que Argentina no pagaría un centavo– reflejan la postura dura que adoptó el gobierno en aquel momento. Aquella estrategia de desafiar las “reglas de juego” comerciales ahora pasó la factura en tribunales de Nueva York. Paradójicamente, en 2023 Kicillof (ya gobernador de Buenos Aires) vio cómo sus palabras eran recordadas en la sentencia: la jueza citó que “solo morones pensarían que el Estado sería tan estúpido de seguir las reglas de Repsol”, en alusión directa a lo dicho por Kicillof en 2012. Esas palabras, pensadas para una tribuna local, terminaron siendo prueba en contra de la Argentina en una corte extranjera. La historia, con tintes irónicos, cerró el círculo: lo que se presentó como un acto de soberanía y victoria política, derivó en un multimillonario dolor de cabeza jurídico-financiero para el país, cuyo costo final aún está por verse.
