Historia de la deuda argentina: de Alfonsín al desendeudamiento de Milei
En cuatro décadas, todos los gobiernos aumentaron la deuda estatal neta —Tesoro y Banco Central— alimentados por déficits crónicos y el financiamiento inflacionario, salvo uno: el de Javier Milei. Mientras el kirchnerismo construyó el mito del “desendeudamiento” con operaciones mediáticas, la realidad es que Néstor y Cristina incrementaron el pasivo y dilapidaron activos. Hoy, con el mayor ajuste fiscal de la historia, Milei logra lo que nadie hizo: reducir en USD 40.000 millones la deuda neta real, devolviendo recursos al sector privado y rompiendo con la lógica estatista que asfixió a la Argentina.
Javier Milei y el “desendeudamiento” de US$40.000 millones (2024-actualidad)
El gobierno de Javier Milei inició un drástico giro en la política económica argentina, proclamando un “desendeudamiento” de alrededor de US$40.000 millones en su primer año. En términos netos (contabilizando la deuda del Tesoro más los pasivos del Banco Central), la gestión Milei efectivamente logró reducir el stock de deuda en cerca de US$18.400 millones durante 2024. Esta reducción provino principalmente de la licuación de los pasivos del Banco Central vía devaluación e inflación – se desarmó una enorme masa de Leliqs y pases cuyo equivalente en dólares cayó unos US$59.500 millones– mientras que la deuda del Tesoro aumentó alrededor de US$41.100 millones, financiada en parte con nuevo endeudamiento externo. En paralelo, Milei negoció un nuevo acuerdo con el FMI bajo la modalidad de Facilidades Extendidas, por el cual se tomarían préstamos para cancelar deuda intra-Estado (letras intransferibles en poder del BCRA) sin incrementar la deuda bruta total. Es decir, se cambia deuda “con uno mismo” por deuda externa, mejorando el balance del BCRA al canjear títulos ilíquidos por dólares. Según explicó el ministro de Economía, Luis Caputo, los fondos del FMI se usan para recomprar bonos del Tesoro en manos del Banco Central (“letras” emitidas años atrás para usar reservas) y extinguirlos. De este modo, Milei busca aliviar la carga cuasifiscal y respaldar la base monetaria con dólares reales, preparando el terreno para una eventual dolarización. El resultado inmediato fue una caída de la deuda consolidada equivalente a un desendeudamiento neto cercano a US$40 mil millones en términos contables, conseguido a costa de una fuerte devaluación inicial (con su impacto inflacionario) y de reemplazar deuda doméstica por compromisos con el FMI a 10 años. Milei presenta este ajuste como un hito de su gobierno libertario, poniendo fin a décadas de endeudamiento creciente mediante un shock de disciplina fiscal y monetaria.
Raúl Alfonsín (1983-1989)
El regreso a la democracia encontró a la Argentina con una pesada deuda heredada de la última dictadura. Raúl Alfonsín asumió en 1983 con una deuda pública cercana a US$46.000 millones. Durante sus cinco años y medio de gobierno, esa deuda aumentó en unos US$17.000 millones, alcanzando aproximadamente US$63.000 millones en 1989. Gran parte del incremento se debió a los intereses acumulados de la deuda previa y a nuevos desembolsos de organismos internacionales, en un contexto de bajo crecimiento y continua necesidad de financiamiento. Alfonsín enfrentó crónicos déficits fiscales (en 1989 el rojo fiscal llegó a 7,6% del PBI) e hiperinflación que erosionó los ingresos.
Sin acceso fluido al crédito y con el peso de los servicios de la deuda (a fines de los ’80 el pago de intereses consumía cerca del 50% de las exportaciones), su gobierno debió aplicar planes de ajuste (Plan Austral, Primavera) que fracasaron en estabilizar la economía. Paradójicamente, la crisis de la deuda de los ’80 obligó a Argentina a mantener superávits comerciales cada año entre 1982 y 1991 por un total de US$38.000 millones – logrados vía recesión y contracción de importaciones – cuyos dólares se iban en atender los vencimientos externos. Aun así, en 1988 Alfonsín declaró la moratoria de la deuda externa, al suspender pagos sobre préstamos bancarios, y en 1989 la situación explotó en una hiperinflación superior al 3.000% anual que precipitó la entrega anticipada del poder. En síntesis, Alfonsín debió lidiar con la “mochila” de la deuda dictatorial: no logró reducirla –más bien subió de ~US$46 mil MM a ~US$60 mil MM– y el déficit fiscal financiado con emisión desembocó en la peor crisis inflacionaria de la historia argentina.
Carlos Menem (1989-1999)
El gobierno de Carlos Menem marcó una etapa de reformas económicas de libre mercado, pero también de rápida acumulación de deuda externa. Menem recibió un país al borde del colapso hiperinflacionario y tras la implementación de la Convertibilidad (1 peso = 1 dólar) logró estabilizar los precios. En sus primeros años, gracias a las privatizaciones masivas y la quita del Plan Brady (1993), la deuda tuvo un respiro: a fines de 1996 la deuda pública neta rondaba los US$91.600 millones, ligeramente por debajo del nivel de 1989. Sin embargo, en la segunda mitad de los ’90 la tendencia se revirtió. Menem terminó su década con la deuda pública bruta duplicada, pasando de unos US$60.000 millones en 1989 a alrededor de US$146.000 millones hacia 1999-2000 (un alza del 123%). Este salto sucedió aun habiendo ingresado cerca de US$24.000 millones por privatizaciones en el periodo. La explicación está en los persistentes déficits fiscales y desequilibrios externos: tras el “veranito” inicial, el Estado volvió a gastar más de lo que recaudaba a partir de 1995 (crisis Tequila) y tuvo que financiar ese déficit con endeudamiento. Los intereses de la deuda crecieron exponencialmente –pasaron de representar 1,8% del PBI en 1993 a más del 5% en 2001– alimentando un círculo vicioso de más deuda. Al mismo tiempo, la Convertibilidad y la apertura comercial provocaron fuertes déficits comerciales: entre 1992 y 1999 Argentina acumuló US$22.000 millones de déficit en bienes. La entrada de capitales financieros y las privatizaciones taparon transitoriamente ese bache, pero hacia fines de los ’90 el país registraba también un déficit de cuenta corriente récord (US$14.000 millones en 1998). En resumen, Menem estabilizó la economía pero a costa de endeudarse aceleradamente para sostener el tipo de cambio fijo y el gasto, dejando al país con una deuda impagable y vulnerable a cualquier shock externo. La carga de intereses y la sobrevaloración del peso minaron la competitividad, preparando el terreno para la crisis que estallaría poco después.
Fernando de la Rúa (1999-2001)
La Alianza encabezada por Fernando de la Rúa heredó una economía en recesión (desde mediados de 1998) y un esquema de Convertibilidad ya frágil por la acumulación de desequilibrios. De la Rúa asumió con la promesa de “ordenar” las cuentas, pero no logró evitar el default. Durante su breve gobierno, la deuda pública siguió incrementándose ligeramente –de unos US$124.000 millones a fines de 1999 a aproximadamente US$144.000 millones a fines de 2001– pese a esfuerzos desesperados por recuperar la confianza. En 2000 se contrató el famoso Blindaje financiero por US$39.700 millones, con apoyo del FMI y bancos privados, para garantizar pagos hasta 2001. Aun así, la actividad continuó cayendo y la recaudación se desplomó, manteniendo un déficit fiscal elevado (alrededor de 3% del PBI en 2000). En marzo de 2001 llegó Domingo Cavallo al Ministerio de Economía y ejecutó el Megacanje: un canje de bonos por ~US$30.000 millones que extendió vencimientos pero a costa de elevar significativamente los intereses futuros (incrementó en 63% el servicio de deuda entre 2001-2031). El alivio resultó efímero. Para fines de 2001, tras meses de fuga de capitales y con las reservas exhaustas, Argentina declaró el default sobre US$85.000 millones de bonos soberanos (el mayor default de la historia hasta entonces). Cabe señalar que, paradójicamente, el colapso de la demanda interna generó superávit comercial en 2000-2001 – se pasó de un ligero saldo positivo de US$1.000 millones en 2000 a más de US$6.000 millones en 2001– pero ese excedente no alcanzó para cubrir la gigantesca salida de capitales ni restaurar la credibilidad en la solvencia nacional. El gobierno de De la Rúa terminó abruptamente en diciembre de 2001, en medio de una profunda crisis política y social, con la deuda impaga rondando los US$144.000 millones y el país sumido en una cesación de pagos generalizada. En síntesis, la administración De la Rúa fue incapaz de revertir la inercia de endeudamiento: tomó deuda para ganar tiempo, pero el déficit y la recesión hicieron inevitable la moratoria.
Eduardo Duhalde (2002-2003)
Designado Presidente tras el caos del 2001, Eduardo Duhalde condujo la transición de la pos-default y la devaluación. Bajo su gestión, Argentina abandonó la Convertibilidad y sufrió una brutal devaluación a comienzos de 2002 (el peso pasó de 1 a 3,5 por dólar en meses), lo que disparó la inflación pero sentó las bases para la recuperación exportadora. Duhalde recibió una deuda en default cuyo valor nominal era enorme – unos US$178.000 millones en 2003 contando todo el pasivo público– pero de la cual el país sólo reconocía formalmente una parte mientras negociaba con acreedores. En la práctica, durante 2002 no se pagó la deuda con bonistas privados, aunque sí se continuó pagando a organismos como el FMI y Banco Mundial. El gobierno de Duhalde incluso emitió nuevos bonos para enfrentar la crisis bancaria: por ejemplo, los Bonos Boden en dólares para compensar a ahorristas por la pesificación asimétrica. Esto significó contraer deuda interna en medio de la crisis, incrementando obligaciones futuras a pesar de estar en default con gran parte de los acreedores. No obstante, la combinación de devaluación + default produjo inicialmente un alivio de caja: el gasto público en dólares se contrajo drásticamente y los ingresos fiscales se licuaron menos (por la inflación). Así, el déficit fiscal se redujo y hacia 2003 Argentina volvió a tener superávit primario (impensable pocos años antes). Duhalde también aprovechó la devaluación para impulsar exportaciones; de hecho, el comercio exterior pasó a superávit récord: +US$16.000 millones en 2002, ya que las importaciones se derrumbaron más de 50% y las exportaciones se mantuvieron. Ese excedente comercial y el control de cambios (cepo) permitieron acumular reservas modestas y estabilizar el tipo de cambio alrededor de 3 $/US$. En síntesis, Duhalde no “desendeudó” al país en términos nominales –la deuda permaneció impaga más que reducida–, pero sentó las bases para la reestructuración posterior, restaurando cierto orden fiscal (bajo estricta austeridad) y aprovechando un contexto internacional favorable para las exportaciones. Entregó el mando en mayo de 2003 con la economía en rebote, superávit gemelos (fiscal y comercial) y el terreno listo para renegociar la deuda en default.
Néstor Kirchner (2003-2007)
La presidencia de Néstor Kirchner se caracterizó por la política de “desendeudamiento” discursivo, apoyada en superávits gemelos y crecimiento acelerado. Al asumir en 2003, Kirchner enfrentó la enorme deuda en default heredada y una sociedad exhausta por la crisis. Su estrategia fue aprovechar la bonanza económica pos-devaluación para cancelar y reestructurar pasivos, disminuyendo la dependencia del financiamiento externo. En 2005 llevó a cabo un canje de deuda con los bonistas en cesación de pagos, logrando una aceptación del 76% de los acreedores con una quita promedio del ~65%. Esto significó que alrededor de US$67.000 millones en bonos viejos se intercambiaran por unos US$35.000 millones en nuevos títulos, alargando plazos y reduciendo capital e intereses. Luego, en enero de 2006, Kirchner tomó una decisión emblemática: canceló por completo la deuda con el FMI de un solo pago (unos US$9.500 millones), utilizando reservas del Banco Central. Estas acciones, sumadas a un crecimiento económico anual superior al 8% y a una inflación que licuaba obligaciones en pesos, resultaron en un marcado descenso de la deuda pública medida en % del PBI. De hecho, la deuda externa bruta pasó de representar 153,6% del PBI en 2003 a apenas 34,7% en 2010. Kirchner gobernó con superávit fiscal primario promedio de ~3% del PBI y superávit financiero (después de intereses) en varios años, algo inédito en décadas. Asimismo, gracias al dólar alto y al boom de commodities, la balanza comercial fue muy favorable: entre 2003 y 2011 Argentina acumuló US$115.000 millones de superávit comercial. Sin embargo, en términos nominales la deuda no dejó de crecer ligeramente. Según datos oficiales, la deuda bruta pasó de US$152.587 millones en 2003 a US$165.206 millones en 2007 (un aumento de ~US$12.600 millones). Si se incluye la deuda intra-sector público (por ejemplo, títulos en manos de la ANSeS o BCRA), la suba fue mayor. Es decir, el gobierno de Kirchner redujo la deuda con el sector privado y el FMI, pero simultáneamente aumentó la deuda interna con organismos del propio Estado y empleó reservas para pagar compromisos. Por eso, algunos analistas sostienen que el “desendeudamiento” kirchnerista fue en parte una ilusión estadística: la relación deuda/PBI bajó fuerte (gracias al crecimiento económico y la quita a privados), pero la deuda nominal en dólares apenas se estabilizó, cambiando de mano más que desapareciendo. Pese a la retórica, Kirchner terminó su mandato con una deuda pública significativa (alrededor de US$165 mil millones) aunque mucho más sustentable que la de 2001, y con la ventaja de un Estado desahogado financieramente por los superávits gemelos.
Cristina Fernández de Kirchner – Primer mandato (2007-2011)
Cristina Fernández de Kirchner asumió en diciembre de 2007 continuando la senda de su esposo en materia económica, pero su primer mandato vio un deterioro gradual de las cuentas públicas tras años de bonanza. En 2007 Argentina aún mostraba un superávit fiscal primario del 2,8% del PBI, pero hacia 2011 ese indicador prácticamente se había evaporado. Durante 2008-2009 ocurrieron dos choques importantes: la crisis financiera global (que contrajo la economía argentina en 2009) y la decisiva nacionalización de las AFJP (sistema privado de jubilaciones) en 2008. Al reestatizar los fondos previsionales, el Estado incorporó activos pero también pasivos futuros; a corto plazo, la ANSeS pasó a comprar bonos del Tesoro, brindando financiamiento que reemplazó el crédito externo cerrado por el default. El déficit fiscal comenzó a asomar: si bien en 2010 la economía rebotó con fuerza (+9% PBI) mejorando la recaudación, el gasto público había crecido aún más rápido en los años previos (aumentando subsidios económicos, empleo público y prestaciones sociales). Para 2011, las cuentas públicas nacionales cerraron con un pequeño déficit financiero en torno al 2-3% del PBI (dependiendo del cálculo), consumando la pérdida del equilibrio fiscal logrado tras la crisis. En cuanto a la deuda, CFK siguió sin tomar deuda externa fresca, pero sí emitió deuda interna. Por ejemplo, en 2010 se realizó un segundo canje de deuda para los holdouts restantes de 2005, elevando la adhesión total al 93% y emitiendo nuevos bonos por unos US$12.000 millones. La deuda pública bruta continuó en ascenso moderado: sumando sus 8 años de gestión, Cristina incrementó la deuda del Tesoro en US$81.943 millones (pasando de ~US$165 mil MM a ~US$247 mil MM entre 2007 y 2015). Una parte importante de ese aumento fue deuda intra-sector público (bonos que el Tesoro colocó en el BCRA, la ANSeS u otros entes estatales) y otra fue deuda en pesos cuyo valor en dólares subía con cada devaluación. Con respecto al frente externo, las exportaciones argentinas tocaron picos históricos en 2011 gracias a los altos precios de la soja y otros commodities, pero las importaciones también crecieron fuertemente con la economía en expansión. Aún así, durante todo el primer mandato de CFK la balanza comercial se mantuvo superavitaria (aunque cada vez más reducida). En 2011, ante la fuga de capitales y la reducción del excedente comercial, el gobierno instauró un cepo cambiario para restringir la salida de dólares. En resumen, el primer mandato de Cristina Kirchner mantuvo la inercia de endeudamiento: la deuda pública siguió creciendo en términos absolutos (financiada internamente) y el fiscal viró de superávit a déficit, marcando el inicio de una etapa de mayor desequilibrio macroeconómico.
Cristina Fernández de Kirchner – Segundo mandato (2011-2015)
El segundo mandato de CFK profundizó las tendencias negativas, con mayores desequilibrios fiscales, aceleración inflacionaria y estancamiento económico, lo que derivó en más endeudamiento (aunque con fuentes domésticas). Cristina II comenzó en 2011 inmediatamente tras imponer el cepo cambiario, y enfrentó desde 2012 un contexto internacional menos favorable (la soja bajó de precio a partir de 2014) y cuellos de botella internos. El gasto público continuó en alza, impulsado por la política expansiva: se mantuvieron subsidios elevados a tarifas de energía y transporte, aumentó el empleo público y se lanzaron programas sociales (AUH ampliada, Procrear, etc.). Sin acceso a mercados externos (Argentina seguía fuera del mercado voluntario por el conflicto con los holdouts y la calificación de default selectivo desde 2014), el Tesoro financió sus crecientes déficits principalmente con emisión monetaria y deuda intra-estatal. El Banco Central emitía pesos para cubrir al Tesoro (Transferencias de utilidades y Adelantos transitorios) y luego absorbía parte de esos pesos mediante letras (Lebac), cuyo stock explotó en esos años. El resultado fiscal se deterioró marcadamente: el Gobierno pasó de un superávit primario de 0,3% del PBI en 2008 a un déficit primario de 2,9% en 2015; en términos financieros (incluyendo intereses), se pasó de casi equilibrio en 2010 a un déficit de 3,8% del PBI en 2015. Para 2015, los números oficiales mostraban un abultado rojo fiscal (que el gobierno intentó disimular con contabilidad creativa, como contabilizar renta del BCRA como ingreso). En el frente externo, la balanza comercial se dio vuelta hacia el final de este periodo: tras una década de superávits, en 2015 Argentina registró un déficit comercial de alrededor de US$3.000 millones (causado por la caída de exportaciones –década perdida en producción industrial y agro afectado por sequía– junto con importaciones sostenidas por el atraso cambiario). Consecuentemente, las reservas internacionales siguieron cayendo pese al cepo. En materia de deuda, aunque el relato oficial proclamaba la continuidad del desendeudamiento, la realidad es que la deuda pública bruta creció considerablemente en el segundo mandato. Sumando ambos períodos de CFK, la deuda del Tesoro aumentó ~US$82.000 millones. Si además incorporamos los pasivos del BCRA (Lebacs, etc.), la deuda total subió alrededor de US$101.900 millones entre 2007 y 2015. Es decir, la gestión kirchnerista financió su déficit con emisión y endeudamiento “interno” que luego la inflación licuaba parcialmente, trasladando así el peso al sector privado vía impuesto inflacionario. Hacia 2015, Argentina tenía menor proporción de deuda externa privada que en 2003, pero a costa de tener alta deuda con el propio sector público y un desequilibrio macro (déficit + inflación + brecha cambiaria) difícil de sostener. En síntesis, la “gran mentira del desendeudamiento” –como la llama la oposición liberal– radica en que durante los gobiernos kirchneristas la deuda no desapareció: sólo cambió de forma y acreedores, mientras el Estado incurría nuevamente en déficit significativos que sentaron las bases de la crisis subsiguiente.
Mauricio Macri (2015-2019)
La llegada de Mauricio Macri supuso un giro pro-mercado: Argentina volvió a los mercados internacionales de crédito después de 15 años, lo que derivó en un fuerte endeudamiento externo en poco tiempo. Macri recibió en 2015 un Estado con serio desequilibrio fiscal (el déficit financiero era ~5,1% del PBI) y un cepo cambiario que estrangulaba la economía. Su gobierno liberó el tipo de cambio, eliminó el cepo, redujo retenciones al agro e intentó un gradualismo fiscal: bajar el déficit lentamente sin ajuste brusco, confiando en financiar la transición con deuda. En 2016, tras acordar con los holdouts (pagando unos US$9.300 millones a los fondos buitre para salir del default técnico), Argentina colocó bonos en los mercados globales por decenas de miles de millones – incluso un bono a 100 años. La deuda pública bruta aumentó en US$53.650 millones durante los 4 años de Macri, pasando de ~US$240 mil MM en 2015 a ~US$293 mil MM a fines de 2019. Esto implicó un ritmo de endeudamiento de ~US$13.400 millones por año. La mayor parte de los nuevos préstamos provinieron de acreedores privados internacionales (bonos en dólares) y organismos multilaterales. Como resultado, la relación deuda/PBI saltó del 52,6% en 2015 al 89,8% en 2019, revirtiendo en pocos años la baja lograda en la era kirchnerista. ¿Por qué se disparó la deuda? Principalmente porque el déficit fiscal persistió: si bien Macri logró reducir el déficit primario de 3,8% del PBI en 2015 a 0,5% en 2019, todavía había necesidad de financiamiento, sumado a que los intereses de la deuda previa crecieron (el déficit financiero apenas bajó de ~5% a ~3,8% del PBI). Además, hubo un severo desequilibrio externo: la combinación de tipo de cambio relativamente atrasado en 2016-17 y apertura de importaciones generó grandes déficits de cuenta corriente (alcanzaron 4,8% del PBI en 2017). De hecho, en 2017 el déficit de cuenta corriente marcó un récord de US$31.000 millones, reflejando importaciones crecientes, turismo emisivo y pagos de intereses al exterior. Dicho agujero se cubrió con el ingreso de capitales financieros (carry trade y endeudamiento), pero esta “bicicleta” paró en 2018 cuando los inversores comenzaron a salir en masa. Argentina sufrió entonces una crisis cambiaria en 2018: el peso se devaluó más del 100% en el año, las tasas de interés se dispararon y el país tuvo que acudir al FMI por un rescate de US$57.000 millones – el mayor préstamo de la historia del Fondo – para evitar el colapso. El acuerdo con el FMI (2018) impuso ajuste: el gobierno aceleró el recorte del déficit, llegando a equilibrar el resultado primario en 2019, pero al costo de profundizar la recesión. Gracias a la recesión y devaluación, la balanza comercial se saneó en 2019, pasando a un superávit comercial (tras déficits en 2016-17) por la caída de importaciones. Sin embargo, la deuda acumulada y la pérdida de confianza forzaron a Macri en 2019 a reperfilar pagos de corto plazo y dejaron al país al borde del default otra vez. En resumen, la era Macri mostró que deuda y déficit van de la mano: el intento de financiar gradualmente el desequilibrio con deuda externa terminó en una nueva crisis, con la deuda pública aumentando más de US$50 mil MM en cuatro años y la economía nuevamente en terapia intensiva.
Alberto Fernández (2019-2023)
Alberto Fernández asumió en diciembre de 2019 en medio de una crisis financiera latente, con el país endeudado y en recesión. Su gestión estuvo marcada por la reestructuración de la deuda privada, la pandemia de COVID-19 y un regreso al alto déficit financiado con emisión, lo que reavivó la inflación. En 2020, el gobierno renegoció con acreedores privados unos US$66.000 millones de bonos bajo legislación extranjera, obteniendo una quita modesta en valor presente (alrededor del 45%) y alivio de pagos por unos años. También en 2022 refinanció el préstamo con el FMI heredado, firmando un nuevo programa a 10 años para refinanciar ~US$45.000 millones. No obstante, la deuda pública siguió escalando. En términos de deuda bruta del Tesoro, durante el mandato de Alberto F. aumentó en US$112.200 millones (de ~US$313 mil MM a ~US$425 mil MM entre 2019 y 2023). Esto equivale a un promedio de US$28.000 millones adicionales por año, el ritmo de endeudamiento más alto desde la crisis de 2001. Si se suma la deuda cuasifiscal del Banco Central (Leliqs, pases pasivos), el panorama es peor: la deuda total “Tesoro + BCRA” saltó aproximadamente US$164.878 millones en cuatro años. Este fuerte endeudamiento doméstico estuvo directamente ligado a los abultados déficits fiscales que retornaron. En 2020, por la pandemia, Argentina registró un déficit primario de 6,4% del PBI (el mayor desde 1982) y un déficit financiero cercano al 8,5% del PBI. El Estado financió el gasto de emergencia (IFE, ATP, salud) mayormente con emisión monetaria, ya que el acceso al crédito era limitado. La consecuencia fue una inflación que se aceleró a niveles interanuales del 50% en 2021 y más del 90% en 2022. Si bien en 2021-2022 la economía rebotó parcialmente y el gobierno redujo algo el déficit (a ~3% del PBI primario en 2021 y ~2,5% en 2022), la situación fiscal continuó siendo deficitaria y sostenida por la “maquinita” del BCRA. Hacia 2023 la inflación se descontroló superando el 100% anual, lo que irónicamente licuó parte del gasto y de la deuda en pesos, pero también empobreció a la población. En materia externa, durante los primeros años de Alberto F. se disfrutó de superávits comerciales modestos (US$12.000 millones en 2020; ~US$14.000 millones en 2021) gracias a altos precios de exportación y restricciones a las importaciones por el cepo reforzado. Sin embargo, en 2022-2023 las condiciones empeoraron: una histórica sequía en 2023 desplomó las exportaciones agrícolas en unos US$20.000 millones, evaporando el superávit comercial (2023 cerró con déficit comercial). Con reservas escasas y sin crédito externo voluntario, el gobierno debió recurrir a artilugios como el “dólar soja” y swap con China para capear la escasez de divisas. Para fines de 2023, Argentina mostraba un déficit fiscal primario de 2,9% del PBI (6,1% financiero) y una deuda pública rondando el 100% del PBI, una combinación insostenible que explicaba la aceleración inflacionaria y la pérdida de confianza. En esencia, el período de Alberto Fernández repitió la dinámica de endeudamiento vía déficit financiado con emisión: la deuda total creció más de US$160 mil millones en cuatro años, pese a reestructurar parte de la carga heredada, dejando al país al borde de otra crisis de deuda. Su sucesor, Javier Milei, recibiría así una economía desequilibrada, con la tarea de ajustar las cuentas para frenar la espiral deuda-inflación.
En conclusión, la historia económica argentina desde 1983 muestra un claro patrón: cuando el Estado gasta sistemáticamente más de lo que recauda (déficit fiscal), la diferencia se cubre con deuda – ya sea externa o interna, con el Tesoro o vía Banco Central – y esas deudas eventualmente llevan a crisis si no se corrigen a tiempo. Gobiernos de distintos signos políticos han incurrido en endeudamientos masivos: Alfonsín incrementó la deuda en los ’80 en medio de la impotencia ante la hiperinflación; Menem y De la Rúa la llevaron a niveles explosivos en los ’90 para sostener el 1 a 1; los Kirchner proclamaron “desendeudamiento” pero en la práctica también aumentaron la deuda neta (aunque cambiando acreedores y apoyados en crecimiento); Macri volvió a endeudarse velozmente hasta chocar en 2018; Alberto F. emitió deuda interna y dinero sin respaldo para financiar un déficit exacerbado por la pandemia. Ahora Milei apuesta a quebrar esta tendencia con un ajuste de shock y una reestructuración drástica del balance público.
Presidente |
Inicio (Deuda total) |
Final (Deuda total) |
Variación (Δ USD) |
|---|---|---|---|
Raúl Alfonsín (’83–’89) |
≈ US$ 45.1 mil millones |
≈ US$ 65.3 mil millones |
+US$ 20.2 mil millones |
Carlos Menem (’89–’99) |
≈ US$ 60 mil millones |
≈ US$ 146 mil millones |
+US$ 86 mil millones (estimado) |
Fernando de la Rúa (’99–’01) |
≈ US$ 112 mil millones |
≈ US$ 134–144 mil millones |
+US$ 20–30 mil millones |
Eduardo Duhalde (’02–’03) |
Del entorno de 2001 (~US$ 144 mil millones) |
≈ US$ 178 mil millones (nominal) |
+US$ 34 mil millones (curso crisis) |
Néstor Kirchner (’03–’07) |
≈ US$ 152.6 mil millones |
≈ US$ 165 mil millones |
+US$ 12.4 mil millones |
Cristina Fernández I (’07–’11) |
≈ US$ 144.7 mil millones |
≈ US$ 240 mil millones |
+US$ 95.3 mil millones |
Mauricio Macri (’15–’19) |
≈ US$ 240.7 mil millones |
≈ US$ 323 mil millones |
+US$ 82.4 mil millones |
Alberto Fernández (’19–’23) |
≈ US$ 240 mil millones |
≈ US$ 425 mil millones |
+US$ 185 mil millones |
Javier Milei (’23–’25) |
≈ US$ 425.6 mil millones |
N/D (pero neto bajó US$ 40 mil millones) |
–US$ 40 mil millones netos (con gran parte reestructurada) |
