Negocios peligrosos: HLB Pharma, fentanilo y la sombra política sobre Rosario
La tragedia del fentanilo contaminado en Rosario destapó un entramado de negligencia, corrupción y vínculos incómodos entre HLB Pharma —con dueños ligados a incidentes y escándalos previos— y la política local. Compras públicas sin control, licitaciones avaladas por el municipio y un bloqueo legislativo para evitar una comisión investigadora alimentan las sospechas de encubrimiento.
15-05-2025 Buenos Aires - Allanamiento en Av. Int. Tomkinson 2054 San Isidro, Provincia de Buenos Aires. Foto: Luciano Thieberger.
Entre 2024 y 2025, Argentina atravesó una de las crisis sanitarias más graves de su historia reciente: la distribución de fentanilo contaminado fabricado por el laboratorio HLB Pharma. El episodio dejó al menos 76 muertes confirmadas en todo el país, más de la mitad en la provincia de Santa Fe y, en particular, en la ciudad de Rosario.
Los responsables de HLB Pharma, Ariel García Furfaro y Jorge Salinas, son los mismos empresarios que estuvieron al frente del Laboratorio Apolo en Rosario. Esta firma había sido protagonista de un hecho grave en 2016, cuando una explosión sospechosa en la caldera de su planta provocó heridos y daños materiales. Aquella tragedia derivó en una causa judicial por estrago culposo agravado y lesiones graves culposas contra cuatro de sus gerentes, en medio de denuncias por condiciones de seguridad deficientes, negligencia y presuntos actos de corrupción en la concesión de permisos y auditorías laxas.
La permanencia de este mismo grupo empresarial en el rubro farmacéutico, ahora bajo el nombre HLB Pharma, expone la falta de controles efectivos y alimenta sospechas de encubrimientos institucionales. En 2025, el fentanilo contaminado fue distribuido en hospitales públicos y privados de Santa Fe, entre ellos el Hospital HECA y varios sanatorios rosarinos. La Municipalidad de Rosario adquirió estos insumos mediante licitación pública, sin realizar controles exhaustivos que pudieran detectar la contaminación antes de llegar a los pacientes.
Fue la ANMAT quien finalmente identificó la adulteración y emitió una alerta sanitaria nacional. La provincia prohibió el uso de esos productos y ordenó el retiro inmediato de los lotes contaminados. Sin embargo, las muertes continuaron, lo que revela un retiro tardío y deficiente.
En este contexto, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, autorizó y supervisó las licitaciones para abastecer a los hospitales públicos. Su gestión es cuestionada por no impedir la contratación de laboratorios con antecedentes negativos ni garantizar controles rigurosos.
En marzo de 2025, la Municipalidad fue señalada por su presunta responsabilidad en el caso. Pero en julio, adoptó un giro llamativo: decidió presentarse como querellante en la causa penal. Este cambio de postura —de acusada a acusadora— generó críticas y sospechas, ya que se interpreta como una maniobra para deslindar responsabilidades y mostrarse proactiva, pese a haber sido quien compró los medicamentos contaminados.
La causa principal tramita en el Juzgado Federal Nº 3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak, con querellas de familiares de víctimas, la Municipalidad de Rosario, el Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de Seguridad y otros actores. Se investigan delitos por producción y distribución de medicamentos adulterados, homicidio culposo múltiple y asociación ilícita. En paralelo, en Comodoro Py se instruye otra causa sobre presunta falsificación de certificados municipales utilizados para habilitar HLB Pharma.
En el plano político, la oposición y familiares de víctimas impulsaron la creación de una comisión investigadora legislativa para esclarecer las responsabilidades políticas y administrativas. Sin embargo, el proyecto fue bloqueado principalmente por el kirchnerismo, que argumentó que ya existen investigaciones judiciales y que una comisión podría “politizar” el caso. El bloqueo generó fuerte rechazo social y reforzó la percepción de opacidad y protección política.
El caso del fentanilo contaminado en Rosario y Santa Fe es un entramado de negligencia empresarial, corrupción y fallas de control público, con un costo humano estremecedor. La continuidad de empresarios con antecedentes cuestionables, la falta de auditorías serias y el freno a mecanismos legislativos de control profundizan una crisis de confianza institucional que aún no encuentra respuesta ni justicia.
