Funcionario de Pullaro condenado a prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos
La Justicia santafesina condenó a Horacio Daniel Bertoglio, exconcejal de Sunchales (PDP) y funcionario del gobierno de Maximiliano Pullaro, a 1 año y 3 meses de prisión condicional y a inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
El fallo, dictado por el juez Gustavo Bumaguin en los tribunales de Rafaela, concluyó que Bertoglio usó su banca de concejal para intervenir en un expediente municipal vinculado a un loteo privado del cual él mismo era administrador/apoderado, beneficiándose a sí mismo y a su poderdante.
Lejos de ser un cuadro menor, Bertoglio se desempeñaba como Asistente Técnico en Ordenamiento Territorial de la Provincia, dentro de la estructura del gobierno de Pullaro, al momento de conocerse la condena.
El origen del conflicto: un poder amplio para lotear campos
La historia arranca años antes de la banca y del cargo en la provincia. Según la fiscal Fabiana Bertero, en julio de 2013 Bertoglio fue designado apoderado de un propietario de Sunchales para realizar trámites ante organismos oficiales vinculados al loteo de una propiedad rural, el denominado “Loteo Solaro”.
Ese poder le permitió:
- Representar al dueño frente a la Municipalidad y otros organismos.
- Gestionar habilitaciones, subdivisiones y toda la ingeniería administrativa del negocio inmobiliario.
Hasta ahí, una relación privada –y asimétrica– de confianza: un propietario que le firma un poder amplio a un profesional para que “se encargue de todo”.
El problema aparece cuando, años después, ese mismo apoderado pasa a ser concejal en la ciudad… y no suelta el negocio.
Dos sombreros al mismo tiempo: apoderado privado y concejal público
Según la acusación del Ministerio Público de la Acusación, los hechos ilícitos se cometieron entre el 10 de diciembre de 2019 (cuando Bertoglio asume como concejal) y el 15 de abril de 2021.
Pese a haber comunicado formalmente que dejaba su rol en el loteo, en los hechos:
- Mantuvo el poder para gestionar el emprendimiento inmobiliario.
- Participó desde el Concejo en decisiones sobre habilitación y desarrollo del loteo.
- Intervino en el expediente municipal con interés directo, algo prohibido para un funcionario.
La fiscal Bertero fue categórica:
“Actuó como funcionario público y, al mismo tiempo, como apoderado del loteo, orientando sus decisiones para beneficio propio y de su poderdante”.
En criollo: estaba de los dos lados del mostrador. Y usó la lapicera pública para empujar un negocio privado en el que tenía participación previa y directa.
Un caso conocido en Sunchales que no impidió su llegada al gobierno provincial
El conflicto por el loteo no era un secreto en Sunchales. Desde 2021, cuando la fiscalía lo imputó, el caso era tema de conversación en la ciudad y llegó al Concejo local a través de presentaciones formales que advertían el conflicto de intereses.
A pesar de eso:
- Bertoglio completó gran parte de su mandato como concejal (2019–2023).
- Luego fue incorporado como funcionario en el gobierno de Pullaro, en un área tan sensible como Ordenamiento Territorial, es decir, donde se decide sobre tierras, loteos, usos del suelo y desarrollo urbanístico.
Es decir:
un dirigente acusado de mezclar negocios inmobiliarios con su banca fue premiado con un cargo en la estructura provincial encargada de ordenar el territorio.
El fallo llega recién ahora, en 2025, con una condena que incluye inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Pero el dato político queda flotando:
- Pullaro tuvo sentado en su gobierno a un funcionario con una causa abierta por corrupción y conflicto de intereses absolutamente conocida en su ciudad de origen.
El loteo, la confianza traicionada y una ciudad que sabía
El expediente judicial se concentra en el aspecto técnico–penal: el conflicto de intereses y las negociaciones incompatibles. Pero detrás hay una trama humana y social más densa:
- Un propietario que entrega un poder amplio confiando en que un profesional va a defender sus intereses en el loteo.
- Un apoderado que, según la acusación, aprovecha esa herramienta legal para avanzar en decisiones que terminan favoreciéndolo a él mismo y al negocio inmobiliario.
- Una ciudad chica, donde todos se conocen, que desde hace años comenta cómo ese vínculo de confianza terminó en un conflicto profundo alrededor de esas tierras.
Mientras la causa judicial se enfocó en el punto estrictamente penal (uso indebido del cargo público), el trasfondo revela algo que excede lo jurídico: qué tipo de personas se sientan en las bancas y luego son promovidas a la función provincial, y cómo el Estado se vuelve herramienta para negocios particulares de quienes deberían controlarlos.
Los valores del “partido del Estado”: radicales, socialistas y la vara baja para elegir funcionarios
El caso Bertoglio no ocurre en el vacío. Llega en una provincia donde el frente hoy gobernante —con Pullaro a la cabeza y una mezcla de radicales, socialistas y aliados— se presenta como renovación institucional, pero:
- Tolera en su estructura a funcionarios con causas abiertas por corrupción, hasta que la Justicia los condena y los saca a la fuerza.
- Reproduce el clásico esquema del “partido del Estado”: rotación de los mismos nombres entre Concejos, ministerios, direcciones y asesorías, más allá de sus antecedentes.
En contraste, el fallo contra Bertoglio —marcado como “histórico” por varios medios locales— sienta un precedente jurídico claro:
quien usa su cargo para favorecer negocios en los que tiene interés directo no puede volver a ocupar un puesto en la administración pública.
Lo que queda por discutir es por qué ese estándar ético mínimo no fue aplicado antes por el propio Ejecutivo provincial a la hora de nombrarlo.
Un mensaje de fondo: o se cuida la propiedad privada, o se habilita el saqueo “legal”
El caso Bertoglio es mucho más que una “picardía” de concejal de pueblo:
- Es el ejemplo de cómo el poder político, cuando se mezcla con la administración de bienes privados, se convierte en una herramienta letal contra la propiedad y la confianza.
- Muestra que no alcanza con que un loteo tenga planos y firmas: si la autoridad que habilita y regula es la misma que está metida en el negocio, la “legalidad” se vuelve una fachada para legitimar el abuso.
El fallo judicial pone un límite formal. Pero el verdadero debate que debería abrirse en Santa Fe es otro:
- ¿Cuántos otros funcionarios ocupan cargos clave con conflictos de interés similares?
- ¿Cuántas veces el Estado provincial mira para otro lado cuando uno de los suyos aprovecha la lapicera para “acomodar” un expediente?
Por ahora, lo único cierto es que Bertoglio ya no podrá ejercer más cargos públicos. Lo que todavía no está claro es si el gobierno de Pullaro tomará este caso como un llamado de atención sobre sus propios criterios de selección de funcionarios… o si, como tantas veces, todo quedará reducido a un escándalo de unos días en los portales del interior.
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