El Gobierno de Milei rechazó el avance petrolero ilegal en Malvinas y anuncia medidas para “salvaguardar los derechos soberanos”
El Gobierno de Javier Milei rechazó el avance del proyecto petrolero en las Islas Malvinas y, a través de un comunicado oficial de Cancillería, calificó la explotación anunciada por empresas británicas e israelíes como “ilegal e ilegítima”.
La Cancillería argentina expresó este lunes un contundente rechazo a la “pretendida Decisión Final de Inversión” anunciada por las compañías Rockhopper Exploration Plc (británica) y Navitas Petroleum Development and Production Limited (israelí), que buscan avanzar sobre el yacimiento Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte, con una proyección de 55.000 barriles diarios. Ambas firmas operan bajo licencias ilegítimas emitidas por el gobierno isleño y sin ningún permiso de la autoridad competente argentina.
En un comunicado oficial, el Gobierno calificó de “ilegal e ilegítima” la explotación y sostuvo:
“La República Argentina expresa su más enérgico rechazo a la pretendida ‘Decisión Final de Inversión’ anunciada por las ilegítimas licenciatarias (…) sin contar con los permisos de la autoridad competente argentina”.
Apoyo al reclamo soberano y advertencia a empresas involucradas
Cancillería recordó que cualquier actividad unilateral en los territorios en disputa viola la Resolución 2065 (XX) de la ONU, que reconoce la existencia del conflicto de soberanía con el Reino Unido y exhorta a ambas partes a negociar una solución pacífica.
El comunicado remarcó que el rechazo “se hace extensivo a todos los actos conexos vinculados al avance hacia la fase productiva del proyecto”, incluyendo la contratación de proveedores, la aplicación de normativas isleñas y la concesión de derechos sobre la plataforma continental argentina.
También subrayó que estas acciones “constituyen medidas unilaterales e ilegítimas del Reino Unido, incompatibles con la Resolución 31/49 de la Asamblea General”, que insta a evitar cualquier modificación unilateral mientras persista la disputa.
Sanciones vigentes y advertencia a privados
Cancillería recordó que las compañías involucradas ya fueron sancionadas por operar ilegalmente en territorio argentino. Rockhopper fue declarada clandestina en 2012 e inhabilitada por 20 años, mientras que Navitas recibió sanciones idénticas en 2022.
Según el comunicado:
“Toda participación directa o indirecta en actividades de exploración o explotación hidrocarburífera no autorizadas constituye un acto ilícito a la luz del derecho internacional y del ordenamiento jurídico argentino”.
El Gobierno advirtió que cualquier empresa, banco, aseguradora o proveedor que participe de estos proyectos quedará expuesto a medidas administrativas, legales y judiciales, tanto en jurisdicción argentina como internacional.
Milei profundiza la política de defensa de la soberanía
El Ejecutivo adelantó que se prepara un plan de acción ampliado para impedir el avance del proyecto Sea Lion.
“La República Argentina profundizará su plan de acción (…) y adoptará todas las medidas necesarias para salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”, sentenció Cancillería.
Finalmente, el Gobierno reafirmó “los legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”, ratificando su compromiso con la defensa de los recursos naturales y del interés nacional en el Atlántico Sur.
