Pullaro recauchuta a Chuchi Molina: de inventarle la “Secretaría de Cercanía” al Tribunal de Cuentas
Tras dejar su banca y la presidencia del Concejo Municipal, Adriana “Chuchi” Molina pasó de sonar como la beneficiaria de una “Secretaría de Cercanía” inventada a medida a ser propuesta para el Tribunal de Cuentas. El enroque expone la lógica del poder provincial: el Estado como botín, cargos públicos para contener a los propios y organismos que deberían controlar el gasto convertidos en refugio político pagado por todos los santafesinos.
Tras dejar el Concejo Municipal de Santa Fe, la ex presidente del cuerpo Adriana “Chuchi” Molina pasó de sonar como titular de una nueva “Secretaría de Cercanía” en el gabinete provincial a ser propuesta formalmente para una vocalía del Tribunal de Cuentas. El enroque expone un problema viejo: el Estado como agencia de empleo político y los organismos de control como premio de consolación.
La “Secretaría de Cercanía” con olor a cargo de contención
A comienzos de diciembre, medios provinciales (esos que reciben plata del Estado santafesino como pauta publicitaria) informaron que el gobierno de Maximiliano Pullaro evaluaba sumar a Adriana “Chuchi” Molina al gabinete y que su destino sería una “secretaría provincial de Cercanía” cuya misión sería “bajar” programas al territorio, con decreto aún sin firmar en ese momento.
Molina venía de terminar su mandato como concejal y de presidir el Concejo Municipal, y su nombre empezó a circular fuerte cuando quedó fuera de la disputa electoral local.
El giro: propuesta al Tribunal de Cuentas
En los últimos días, el escenario cambió. El Ejecutivo provincial activó el mecanismo para cubrir vacantes y, en paralelo, anunció que remitiría a la Legislatura el pliego para cubrir una vocalía en el Tribunal de Cuentas, proponiendo a Adriana Molina para reemplazar a Lisandro Villar.
La información fue replicada por otros medios, que precisaron que el pliego ingresó bajo el procedimiento del Decreto 1655/2014, con un plazo para observaciones ciudadanas antes del tratamiento legislativo.
Aire de Santa Fe agregó un detalle revelador sobre el “plan B”: había trascendido que el destino de la dirigente estaría ligado al Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, pero finalmente se definió la postulación al organismo de control.
El problema institucional: cuando el control parece parte del reparto
El Tribunal de Cuentas no es una secretaría “de cercanía”: es un organismo de control que, por definición, debería estar blindado de la lógica de premios partidarios. Sin embargo, el mecanismo político suele convertir estos espacios en piezas de negociación, donde el currículum pesa menos que la pertenencia.
Y ahí aparece la discusión incómoda que el oficialismo provincial evita: si el relato es “austeridad” y “gestión”, ¿por qué la prioridad es garantizar continuidad de cargos a cuadros propios? Cuando radicales, socialistas y kirchneristas se alternan el poder en Santa Fe, tienden a parecerse en lo esencial: el partido del Estado con distintos colores, administrando estructuras y sueldos como botín.
Lo que viene
El trámite ahora sigue en la Legislatura: comisión, entrevistas y eventual aprobación por Asamblea.
Mientras tanto, la discusión de fondo queda abierta: ¿se están fortaleciendo los controles o se está acomodando gente? Porque si el control se politiza, el contribuyente pierde dos veces: paga el cargo… y pierde la garantía de que alguien controle de verdad.
