España bajo Sánchez: las violaciones se cuadruplicaron en ocho años de gobierno “feminista”
La farsa del feminismo progresista: más violaciones, más femicidios y más inseguridad para las mujeres bajo gobiernos de izquierda
Hay una escena que se repite cada 8 de marzo en Madrid, Buenos Aires, Santiago de Chile y cada capital donde la izquierda tiene o tuvo poder: ministras, diputadas, secretarias de Estado y funcionarias de todo rango salen a la calle con pañuelos violetas, cantan consignas contra el patriarcado, se abrazan frente a las cámaras y juran que están construyendo un mundo más seguro para las mujeres. Al día siguiente, vuelven a sus despachos. Las violaciones siguen subiendo. Los femicidios no bajan. Las pulseras antimaltrato fallan. Los agresores sexuales consiguen rebajas de pena gracias a las leyes que esas mismas funcionarias aprobaron. Y nadie rinde cuentas.
Lo que acaba de ocurrir en España con la publicación del Balance de Criminalidad 2025 del Ministerio del Interior no es un dato más. Es la demolición empírica, con números oficiales del propio gobierno, del mayor fraude político de las últimas décadas: el feminismo de Estado progresista.
Las cifras que el gobierno de Sánchez no puede esconder
Los números son del Ministerio del Interior español. No de la oposición, no de un medio conservador, no de un think tank liberal. Son los datos que el propio gobierno de Pedro Sánchez se vio obligado a publicar:
- Violaciones en 2017: 1.382.
- Violaciones en 2025: 5.363.
- Incremento: 288%.
Es decir, las agresiones sexuales con penetración se han casi cuadruplicado en los ocho años de gobierno socialista. En ese mismo período, los delitos contra la libertad e indemnidad sexual subieron un 85%, pasando de 11.692 a 21.659. El denominado «resto de delitos contra la libertad sexual» pasó de 10.305 a 16.296, un incremento del 58%.
Y no se trata de una tendencia que se haya estabilizado. Respecto a 2024, las violaciones en 2025 aumentaron en 148 casos más. Los delitos contra la libertad sexual subieron en casi 500. La curva no se aplana. Sigue subiendo.
Mientras tanto, Pedro Sánchez declaró las manifestaciones del 8M «lugar de Memoria Democrática». Las ministras marcharon. La titular de Igualdad, Ana Redondo, agradeció al presidente su «compromiso feminista». Y las mujeres españolas siguieron siendo violadas a un ritmo que habría escandalizado a cualquier gobierno que se tomara en serio la seguridad femenina.
España cae 20 puestos en el ranking mundial de seguridad para la mujer
El informe Women, Peace and Security Index de la Universidad de Georgetown, una de las referencias académicas más respetadas a nivel mundial, ubicó a España en el puesto 5 del mundo en 2017, solo detrás de Islandia, Noruega, Suiza y Eslovenia. Era uno de los países más seguros del planeta para ser mujer.
En 2025, España cayó al puesto 25. Detrás de Estonia, Singapur y, en una ironía que debería avergonzar a todo el feminismo institucional español, detrás de Emiratos Árabes Unidos.
Veinte puestos de caída en ocho años de gobierno que se autoproclama el más feminista de la historia de España. Veinte puestos mientras se creaban ministerios de Igualdad, se aprobaban leyes con nombres rimbombantes, se financiaban campañas publicitarias millonarias y se destinaban recursos astronómicos a un aparato burocrático que, a la luz de los resultados, no sirvió para proteger a una sola mujer más.
La percepción de seguridad de las mujeres españolas bajó del 78% al 75%. Parece poco en términos porcentuales. En términos humanos significa que cientos de miles de mujeres que antes se sentían seguras caminando por sus ciudades ahora ya no lo sienten.
La ley del «solo sí es sí»: cuando el feminismo legislativo beneficia a los violadores
Si existe un monumento a la incompetencia legislativa disfrazada de progresismo, ese monumento es la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida popularmente como la ley del «solo sí es sí», impulsada por Irene Montero desde el Ministerio de Igualdad.
La ley, celebrada como una conquista histórica del feminismo, suprimió el delito de abuso sexual y unificó todas las conductas bajo el tipo de «agresión sexual». Lo que sus impulsoras no calcularon —o no quisieron calcular— fue el efecto sobre las penas.
El resultado fue devastador: el Consejo General del Poder Judicial documentó que la norma rebajó la pena a 1.233 agresores sexuales y excarceló a 126 en apenas un año y un mes desde su entrada en vigor.
Las pulseras antimaltrato que no funcionan
Como si la rebaja de penas a agresores sexuales no fuera suficiente, el gobierno de Sánchez llegó al 8M de 2026 con otro escándalo: los fallos sistemáticos en las pulseras antimaltrato, los dispositivos telemáticos que supuestamente garantizan que los condenados por violencia de género cumplan las órdenes de alejamiento.
OKDIARIO reveló en exclusiva los fallos. La ministra Ana Redondo los calificó de «bulos», «falsedades» y «mentiras». Semanas después, el propio gobierno multó a la concesionaria Vodafone con 25.285 euros —una cantidad irrisoria— admitiendo implícitamente lo que la ministra había negado.
Pero la multa no resucita a las muertas. En lo que va de 2026, diez mujeres han sido asesinadas por violencia de género. La mitad había presentado denuncia. Cuatro tenían medidas de protección vigentes. Es decir, estaban supuestamente protegidas por el sistema. El sistema falló. Ellas pagaron con su vida.
El 11 de noviembre de 2025, el sistema de seguimiento telemático se cayó durante más de 12 horas, dejando a miles de mujeres completamente desprotegidas. El Ministerio de Igualdad activó un «protocolo de emergencia». Las mujeres que llevaban meses confiando en que un dispositivo electrónico mantendría a su agresor lejos descubrieron que su seguridad dependía de una tecnología que podía dejar de funcionar en cualquier momento.
Actualmente hay 103.461 casos activos de mujeres víctimas de violencia de género con seguimiento policial en el Sistema VioGén. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer registraron una media de 579 denuncias diarias durante el tercer trimestre de 2025. España, el país del gobierno más feminista de su historia, es una máquina de producir víctimas de violencia sexual y de género que después no puede proteger.
El factor que nadie quiere mencionar: inmigración y delitos sexuales
Hay un dato en el Balance de Criminalidad que la izquierda española prefiere ignorar, pero que los números hacen imposible de soslayar: el 39,24% de los delitos contra la libertad sexual en España son cometidos por extranjeros, lo que supone un incremento de dos puntos respecto al año anterior.
La población extranjera representa el 13% de los residentes en España. Si se considera solo a los hombres, el porcentaje baja al 7%. Es decir, un 7% de la población masculina comete casi el 40% de los delitos sexuales. La sobrerrepresentación es de proporciones alarmantes.
El sindicato mayoritario de la Policía Nacional, Jupol, viene advirtiendo que la regularización masiva de inmigrantes ilegales que planean el gobierno y Podemos «es un riesgo». Inmigrantes ilegales argelinos y marroquíes están solicitando sus antecedentes policiales en España para simular que residen en el país y acogerse a la regularización extraordinaria, lo que Jupol ha denunciado como un «fraude masivo» y un «coladero de delincuentes, incluso por delitos muy graves».
La paradoja es grotesca: el mismo gobierno que marcha el 8M contra la violencia machista impulsa una política migratoria de puertas abiertas que, según sus propios datos, está alimentando la espiral de violencia sexual contra las mujeres. No es xenofobia señalarlo. Es aritmética.
Las culturas de origen de una parte significativa de la inmigración que recibe España tienen concepciones sobre la mujer, sobre su autonomía, sobre su derecho a decir no, que son radicalmente incompatibles con los valores que supuestamente defiende el feminismo occidental. Los países de mayoría musulmana ocupan sistemáticamente los últimos puestos en todos los índices internacionales de igualdad de género. Pretender que personas socializadas en esos marcos culturales van a adoptar automáticamente los valores de igualdad al cruzar una frontera es una fantasía ideológica que las mujeres españolas están pagando con su cuerpo.
Pero decir esto en España te convierte automáticamente en fascista, en xenófobo, en ultraderechista. Y así, protegidos por el escudo moral del antirracismo, los agresores siguen llegando y las estadísticas siguen subiendo.
Argentina: cuando se cierra el ministerio y bajan los femicidios
Al otro lado del Atlántico, el caso argentino ofrece un contrapunto que debería incomodar profundamente a los defensores del feminismo de Estado.
Cuando el presidente Javier Milei asumió el poder en diciembre de 2023 y disolvió el Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad, el progresismo global profetizó una catástrofe. Sin ministerio, sin presupuesto, sin las miles de funcionarias que supuestamente sostenían la red de protección, las mujeres argentinas quedarían a merced de sus agresores. Sería una masacre.
No ocurrió.
Los datos disponibles muestran que los femicidios en Argentina no aumentaron tras la disolución del ministerio. De hecho, la tendencia fue a la baja. El Observatorio de Femicidios «Adriana Marisel Zambrano», dirigido por la Asociación Civil La Casa del Encuentro, y el registro de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, registraron una disminución en los casos.
¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser que la eliminación de todo un ministerio dedicado a la mujer no produzca un aumento de la violencia? La respuesta es incómoda para quienes han construido carreras y presupuestos sobre el feminismo institucional: porque los ministerios de la mujer no protegen a las mujeres.
Lo que protege a las mujeres es un sistema judicial que funcione, una policía que llegue a tiempo, condenas que se cumplan, pulseras que no fallen y fronteras que no sean un colador de delincuentes. Nada de eso requiere un ministerio con nombre feminista. Requiere un Estado que funcione.
Argentina tenía ministerio de la Mujer y los femicidios no bajaban. España tiene ministerio de Igualdad y las violaciones se cuadruplicaron. La evidencia empírica sugiere que la correlación entre feminismo institucional y seguridad de las mujeres es, en el mejor de los casos, inexistente. En el peor, inversa.
Para completar el fracaso, el ex Presidente feminista Alberto Fernandez está denunciado por violencia de género, después de golpear a su mujer estando embarazada.
Los violadores como aliados: la obscenidad del doble estándar
El caso del exDAO de la Policía Nacional José Ángel González, acusado de violación, reveló una verdad que el feminismo de Estado prefiere mantener oculta: los aliados feministas son, con demasiada frecuencia, los peores depredadores.
González era un hombre del círculo de confianza de Sánchez, designado para uno de los cargos más sensibles de la seguridad del Estado. El escándalo estalló en plena campaña del 8M, en un timing que ni el más cínico guionista habría imaginado.
Pero no es un caso aislado. La historia reciente está plagada de «aliados feministas» que resultaron ser agresores, acosadores o cómplices de la violencia contra las mujeres. El patrón se repite en todos los países donde la izquierda ha adoptado el feminismo como bandera electoral: los discursos más encendidos contra el patriarcado provienen, con sospechosa frecuencia, de hombres cuyo comportamiento privado desmiente cada palabra de su retórica pública.
Cómo la izquierda convence a las mujeres de votar contra sus intereses
Quizás el aspecto más perturbador de todo este fenómeno es la capacidad de la izquierda para mantener el apoyo electoral femenino a pesar de su fracaso manifiesto en proteger a las mujeres.
El mecanismo es sofisticado y eficaz. Funciona en tres pasos:
Primero, se establece que el feminismo es patrimonio exclusivo de la izquierda. Cualquier mujer que vote a la derecha está «votando contra sus derechos». Cualquier hombre que cuestione las políticas feministas de la izquierda es «machista». El campo semántico queda cerrado: feminismo = izquierda; derecha = patriarcado.
Segundo, se desvinculan los resultados de las políticas. Los datos de violaciones, femicidios, agresiones sexuales nunca se atribuyen al gobierno en ejercicio. Siempre son culpa de la «cultura patriarcal», del «sistema», de la «herencia recibida» o, en el caso español más reciente, de la «ola reaccionaria y machista». El gobierno nunca es responsable de los resultados de su gobierno.
Tercero, se convierte la crítica en herejía. Quien señale que las violaciones subieron bajo un gobierno de izquierda será acusado de «instrumentalizar» la violencia contra las mujeres. Quien apunte a la relación entre inmigración descontrolada y delitos sexuales será catalogado como fascista. Quien pida datos sobre los efectos de la ley trans será tachado de tránsfobo. El debate racional se vuelve imposible.
El resultado es un sistema de creencias inmune a la evidencia. Las mujeres españolas son violadas cuatro veces más que hace ocho años, pero el gobierno sigue siendo feminista. Los violadores consiguen rebajas de pena, pero la ley sigue siendo un logro del feminismo. Las pulseras antimaltrato fallan, pero la ministra sigue en su puesto. Y cada 8 de marzo, las mismas funcionarias que presidieron este desastre salen a marchar como si la calle les perteneciera.
El feminismo de Estado ha fracasado
Los datos son inapelables. Después de ocho años del gobierno más feminista de la historia de España:
- Las violaciones se cuadruplicaron.
- España cayó 20 puestos en el ranking mundial de seguridad para la mujer.
- Una ley feminista rebajó penas a 1.233 agresores sexuales.
- Las pulseras antimaltrato fallan repetidamente.
- Diez mujeres fueron asesinadas en lo que va de 2026, la mitad con denuncia previa.
- El 39,24% de los delitos sexuales son cometidos por extranjeros que representan el 7% de la población masculina.
- La ley trans ha sido utilizada por más de 100 personas para eludir la ley de violencia de género.
- La ley abolicionista de la prostitución sigue sin aprobarse.
- El movimiento feminista lleva cinco años marchando dividido.
No es un balance feminista. Es un balance de fracaso. Un fracaso pagado con dinero público, vendido con eslóganes vacíos y sufrido en carne viva por las mujeres a las que supuestamente se protege.
La izquierda no odia a las mujeres de forma consciente y deliberada. Hace algo peor: las usa como coartada electoral mientras implementa políticas que las ponen en peligro. Las convierte en símbolo mientras las desprotege como personas. Las invoca en los discursos mientras las abandona en la realidad.
Cada 8 de marzo, la maquinaria se pone en marcha: los discursos, las pancartas, los lazos violetas, los minutos de silencio, las fotos institucionales. Y cada 9 de marzo, todo sigue igual. O peor.
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