Rafaela faro liberal: concejales de La Libertad Avanza congelaron el aumento automático del impuesto municipal
Con el impulso de Fabricio Dellasanta y Milagros Zafra, el Concejo prorrogó el congelamiento de la Unidad de Cuenta Municipal y exigió al intendente Leonardo Viotti presentar un plan de racionalización del gasto público. La ciudad empieza a convertirse en uno de los faros liberales de Santa Fe.
La Libertad Avanza logró en Rafaela un avance político y económico de alto impacto: congelar el aumento automático de la Unidad de Cuenta Municipal (UCM) y obligar al Departamento Ejecutivo a presentar un plan de reducción y optimización del gasto público.
La medida, impulsada por los concejales libertarios Fabricio Dellasanta y Milagros Zafra, ambos parte del armado provincial que responde a la diputada nacional Romina Diez, representa mucho más que una discusión técnica. Marca un cambio de lógica: por primera vez en años, el ajuste no cae automáticamente sobre el vecino, el comerciante o el productor, sino que empieza a trasladarse hacia el propio Estado municipal.
El dato político no es menor: lo lograron siendo apenas dos concejales libertarios frente a ocho concejales estatistas, entre peronistas y socialistas alineados al oficialismo provincial de Maximiliano Pullaro. En un recinto donde La Libertad Avanza es minoría, Dellasanta y Zafra consiguieron marcar la agenda, condicionar la discusión presupuestaria y obligar al poder municipal a debatir lo que durante años evitó: cómo achicar el gasto antes de volver a meterle la mano en el bolsillo al vecino.
La UCM es el parámetro que se utiliza para actualizar numerosas tasas y tributos locales. Por eso, su congelamiento implica frenar incrementos automáticos de la presión fiscal que la Municipalidad venía aplicando sobre los contribuyentes.
En Rafaela, esa carga había crecido de manera desproporcionada. En 2024, la tasa llegó a aumentar un 305%, mientras la inflación anual fue cercana al 115%. Es decir: los vecinos sufrieron un incremento muy por encima del aumento general de precios, bajo una lógica donde el Estado siempre se protege a sí mismo y descarga el costo sobre la sociedad.
Durante su intervención, Zafra defendió el congelamiento de la UCM como una medida “sensata” y “moralmente necesaria”. La concejal explicó que, entre abril de 2023 y abril de 2026, el IPC acumuló un 658%, mientras que la UCM acumuló un 860%, producto de las distorsiones generadas por la inflación del último gobierno kirchnerista.
“Congelar los impuestos no es un acto de rigidez ideológica: es poner un límite claro al tamaño del Leviatán”, sostuvo Zafra, al remarcar que los vecinos no tienen por qué pagar con su esfuerzo los caprichos ni las malas decisiones de la burocracia municipal.
En ese sentido, mencionó gastos que reflejan esa lógica, como la estatización de la Recova, que según señaló ya implicó costos cercanos al millón y medio de dólares; los más de 63 millones de pesos en piedritas rojas para la plaza; o los 129 millones destinados a programas de violencia de género sin resultados evidentes. “Los gobernantes deciden gastar, total otros pagan la cuenta”, resumió.
La frase central de su discurso sintetiza el espíritu de la medida: “El Estado nunca tiene un problema de ingresos, tiene un problema de gasto”. Para Zafra, el problema no es que la gente pague poco, sino que el Estado “gasta mal, gasta tarde y gasta en lo que no debe”.
La ordenanza aprobada establece que el Departamento Ejecutivo deberá remitir al Concejo, dentro de los 180 días corridos desde su promulgación, un Plan de Optimización y Racionalización del Gasto Público, con el objetivo de reducir créditos presupuestarios y alcanzar el equilibrio fiscal, sin afectar los servicios públicos esenciales.
Además, el Municipio deberá realizar licitaciones públicas para servicios de internet, telefonía y televisión, revisar gastos corrientes de la Administración Central y exigir a los organismos descentralizados un plan para reducir progresivamente la necesidad de transferencias municipales.
El mensaje político es claro: si el Municipio necesita recursos, deberá buscarlos primero dentro de su propio gasto, no en el bolsillo de los rafaelinos.
Rafaela empieza así a consolidarse como uno de los faros liberales de la provincia de Santa Fe, junto con experiencias como la de Villa Constitución, donde la presencia libertaria también comenzó a cambiar la discusión pública. Ya no se trata solo de denunciar el gasto político: ahora se trata de obligar institucionalmente al poder a recortar.
La aprobación de esta medida demuestra que la presencia de La Libertad Avanza en los concejos municipales puede tener efectos concretos: frenar aumentos, condicionar al Ejecutivo, revisar gastos y defender al contribuyente.
Rafaela marca un punto de inflexión. Por primera vez, la política local empieza a discutir cómo ajustar al sector político y no al vecino.
