Concejal libertario de Sastre creó un fondo para ayudar sin punteros ni intermediarios
El Concejo aprobó una iniciativa de Mariano Trossero, de La Libertad Avanza, para crear un fondo integrado por aportes voluntarios de los concejales. Los recursos deberán tener destino social, educativo, cultural, deportivo o solidario, con rendición de cuentas y publicación mensual.
El Concejo Municipal de Sastre y Ortiz aprobó la creación del Fondo de Devolución a la Comunidad, una herramienta impulsada por el concejal Mariano Trossero, de La Libertad Avanza, que permitirá canalizar aportes voluntarios de los ediles hacia instituciones, proyectos y acciones de interés comunitario.
La iniciativa apunta a introducir un mecanismo concreto de austeridad, transparencia y responsabilidad pública: los concejales que así lo decidan podrán destinar parte de sus ingresos a un fondo específico, administrado dentro de los circuitos oficiales del Concejo y sujeto a controles, rendición de cuentas y publicidad activa.
Según establece la ordenanza, el fondo tendrá como finalidad financiar acciones de interés social, educativo, cultural, deportivo y solidario, en beneficio de personas o entidades sin fines de lucro. Los aportes serán estrictamente voluntarios, expresos e individuales, y deberán realizarse una vez percibidos los haberes, viáticos, asignaciones u otros ingresos legítimos de cada concejal.
Uno de los puntos centrales del proyecto es que no se permitirá ningún tipo de retención automática, compulsiva o indirecta sobre las remuneraciones de los ediles. Cada aporte deberá formalizarse por escrito y ejecutarse mediante transferencia bancaria o un mecanismo financiero verificable.
La ordenanza también establece que el Fondo será administrado por la Presidencia y la Tesorería del Concejo Municipal, con intervención de la Secretaría Administrativa y control de una comisión de seguimiento integrada por representantes de todos los bloques con representación legislativa.
El objetivo, según la iniciativa, es evitar que los recursos se manejen de manera discrecional o fuera de los canales institucionales. Por eso, el dinero deberá depositarse en una cuenta bancaria oficial específica del Concejo, registrarse de manera diferenciada y quedar sujeto a conciliaciones y controles periódicos.
Las solicitudes de asistencia deberán presentarse por escrito y con carácter de declaración jurada. Los interesados tendrán que identificar al solicitante, describir el destino de los fondos, fundamentar el interés social o comunitario y acompañar un presupuesto estimado de aplicación.
La asignación de recursos será dispuesta por el Concejo Municipal mediante resolución fundada, aprobada por mayoría simple y con intervención de la comisión competente. Para evaluar cada pedido, la norma establece criterios objetivos como impacto social, vulnerabilidad del beneficiario, interés público comprometido y razonabilidad del monto solicitado.
Otro punto clave es la rendición de cuentas. Los beneficiarios deberán presentar documentación dentro de los 30 días corridos desde la percepción de los fondos, incluyendo comprobantes válidos, detalle de gastos e informe de ejecución e impacto. En caso de incumplimiento, quedarán inhabilitados para recibir futuras asistencias, deberán reintegrar los fondos y podrán ser derivados a los órganos de control o a la Justicia.
La ordenanza incorpora además reglas para prevenir conflictos de intereses. Queda prohibida la asignación de recursos a concejales en ejercicio, sus cónyuges, convivientes, familiares directos hasta segundo grado o personas jurídicas vinculadas a ellos. También se prohíbe expresamente utilizar el fondo para promoción personal o partidaria, financiamiento de campañas electorales, actividades con fines de lucro o cualquier finalidad ajena al interés público.
En materia de transparencia, el Concejo deberá publicar mensualmente el listado de beneficiarios, los montos otorgados, el destino declarado, el estado de las rendiciones y el detalle individualizado de los concejales aportantes, con indicación del monto aportado por cada uno.
Además, deberá elaborarse un informe anual consolidado con el total de aportes recibidos, la identificación de los aportantes, los recursos asignados, los beneficiarios, el estado de las rendiciones y el saldo disponible al cierre del ejercicio. Ese informe tendrá que estar disponible en formato digital para consulta pública.
Durante el tratamiento de la iniciativa, Trossero sostuvo que el proyecto busca fortalecer el vínculo entre la función pública y las necesidades concretas de la comunidad. “La idea es que los vecinos puedan conocer quién aporta, cuánto aporta y cuál es el destino de cada recurso”, señaló consultado por El Liberador.
La aprobación del Fondo de Devolución a la Comunidad representa uno de los primeros avances legislativos del edil libertario desde su ingreso al Concejo y se inscribe dentro de una agenda enfocada en la austeridad, la transparencia y el control ciudadano sobre el uso de los recursos públicos.
Con la ordenanza ya aprobada, el próximo paso será la reglamentación de los procedimientos para su puesta en marcha, administración y funcionamiento. El desafío será que la herramienta no quede sólo en una declaración de principios, sino que se convierta en un mecanismo efectivo para que parte de los recursos políticos vuelvan, con controles y sin intermediarios, a la comunidad.
