Papelón en Pueblo Esther: el intendente quiso vetar la transparencia y ni los plazos le cierran
La concejal Marcela Elena, de La Libertad Avanza, denunció que el Ejecutivo municipal devolvió fuera de término el veto a una ordenanza aprobada por unanimidad.
El intendente de Pueblo Esther, Martín Gherardi, quedó en el centro de una fuerte polémica institucional después de vetar una reforma a la Ordenanza de Acceso a la Información Pública y Transparencia Activa que había sido aprobada por unanimidad en el Concejo Deliberante.
Pero el escándalo no pasa sólo por el intento de frenar una norma de transparencia. Según denunció la concejal Marcela Elena, de La Libertad Avanza, el Departamento Ejecutivo habría enviado el veto fuera del plazo legal, por lo que el rechazo sería extemporáneo y la ordenanza debería considerarse aprobada de pleno derecho.
La discusión ahora se concentra en una línea de tiempo que, para la oposición, deja expuesto al Municipio. El 14 de mayo pasado se realizó la sesión del Concejo Deliberante en la que se aprobó por unanimidad la modificación de la Ordenanza N°31/2023 de Acceso a la Información Pública y Transparencia Activa. El 20 de mayo, la norma fue entregada al Poder Ejecutivo municipal. Recién el 8 de junio, el Ejecutivo devolvió el veto al Concejo.
Ese recorrido es central. El artículo 42 de la Ley Provincial N°14.436 establece que todo proyecto que no sea vetado por el Departamento Ejecutivo dentro del plazo de diez días hábiles contados desde su recepción se considera aprobado y debe ser promulgado y publicado.
Con esa base, Elena sostiene que el veto de Gherardi llegó tarde. Si la ordenanza fue recibida por el Ejecutivo el 20 de mayo, el plazo de diez días hábiles habría vencido antes del 8 de junio. Por eso, desde La Libertad Avanza plantean que el veto no tendría validez.
“El 14 de mayo se hizo la sesión y se aprobó por unanimidad. El 20 de mayo se entregó al Poder Ejecutivo. El 8 de junio recién devuelven el veto al Concejo. Es imposible que les cierren los diez días hábiles que marca la ley provincial”, señaló la concejal en diálogo con El Liberador.
La iniciativa había sido impulsada por el bloque de La Libertad Avanza Pueblo Esther y presentada originalmente el 22 de diciembre de 2025. El objetivo era avanzar hacia un esquema de transparencia activa: que el Municipio no sólo responda pedidos de información cuando un vecino los solicita, sino que publique de oficio datos relevantes sobre la gestión, el uso de recursos públicos y el funcionamiento del Estado local.
El dato político más incómodo para Gherardi es que el veto apunta contra una ordenanza aprobada por unanimidad. Es decir, no se trató de una imposición de un solo bloque ni de una maniobra opositora aislada: todos los concejales presentes acompañaron la reforma.
A la irregularidad temporal se suma una contradicción de fondo. En el mismo acto administrativo donde rechaza la ordenanza, el Departamento Ejecutivo reconoce que comparte los objetivos generales de transparencia y publicidad de la gestión pública, y que el principio de transparencia activa constituye un pilar esencial del Estado democrático de derecho.
Pero después de esa declaración, el Ejecutivo vetó la herramienta concreta que permitía avanzar justamente en ese sentido.
“Es la contradicción más clara: dice que comparte los objetivos, pero veta las herramientas. Dice que la transparencia es un pilar esencial, pero saca los ladrillos”, cuestionó.
Para la concejal libertaria, el caso expone una doble falla del Ejecutivo: primero, la decisión política de bloquear una norma de transparencia; después, la falta de prolijidad legal para cumplir con los plazos de un veto municipal.
“Cuando un gobierno dice que está a favor de la transparencia pero veta la ley de transparencia, el mensaje es uno solo: le tiene miedo al vecino. Gherardi vetó porque quiere ocultar información”, agregó la concejal.
La reforma aprobada por el Concejo buscaba que Pueblo Esther dejara atrás un esquema de información pasiva, donde el vecino debe pedir datos, para pasar a un modelo en el que el Municipio esté obligado a publicar información de manera permanente, clara y accesible.
Desde La Libertad Avanza sostienen que el Ejecutivo estaba acostumbrado a un Concejo afín y con bajo nivel de control. Pero con la incorporación de Marcela Elena, plantean que el cuerpo deliberativo empezó a recuperar un rol más activo en materia de debate, fiscalización y defensa del vecino.
“Antes se aprobaba todo sin preguntar. Hoy el Concejo debate, controla y legisla pensando en el vecino. Eso le molesta a quien estaba acostumbrado a decidir solo. El veto fuera de término es el reflejo de no aceptar que el poder se equilibra”, planteó la edil.
La tensión institucional gira ahora en torno a una pregunta concreta: si el plazo legal ya estaba vencido, ¿puede el intendente frenar una ordenanza que, según el planteo opositor, ya debía considerarse aprobada?
El escándalo golpea directamente sobre uno de los temas más sensibles para cualquier gestión municipal: el acceso de los vecinos a la información pública. En una localidad donde el Ejecutivo maneja recursos, contrataciones, obras, tasas y decisiones administrativas, la transparencia activa no es un detalle técnico, sino una herramienta básica de control ciudadano.
El veto de Gherardi dejó una postal difícil de explicar: el intendente dice compartir la transparencia, pero bloquea la ordenanza que obligaba a transparentar. Y, según denuncian desde el Concejo, además lo hizo tarde.
“El 14 de mayo el Concejo aprobó por unanimidad. El 20 de mayo la ordenanza fue entregada al Ejecutivo. El 8 de junio Gherardi intentó vetar algo que, por plazo vencido, ya debía considerarse aprobado. La transparencia en Pueblo Esther no se veta: se aplica”, concluyó Elena.
Ahora será el Concejo el que deberá definir cómo continúa el trámite institucional. Pero el mensaje político ya quedó instalado, en Pueblo Esther, la discusión dejó de ser sólo sobre una ordenanza. Es sobre si el Ejecutivo acepta o no que los vecinos tengan derecho a mirar de cerca cómo se gobierna.
