Revés para Gherardi en Pueblo Esther: el Concejo rechazó su veto y ratificó la ordenanza de transparencia
El cuerpo legislativo respaldó el proyecto impulsado por la concejal de La Libertad Avanza, Marcela Elena.
El intento del intendente Martín Gherardi de frenar una ordenanza de transparencia en Pueblo Esther terminó en un fuerte revés político. El Concejo Deliberante rechazó el veto del Departamento Ejecutivo y ratificó la Ordenanza 04/2026, impulsada por la concejal de La Libertad Avanza, Marcela Elena.
La iniciativa había sido aprobada por unanimidad y establece la publicación permanente de información vinculada a contrataciones, subsidios, ejecución presupuestaria, planta de personal y otros datos relevantes para que los vecinos puedan controlar cómo se administran los fondos públicos.
La decisión del intendente quedó bajo la lupa porque el veto apuntaba contra los artículos que exigían la publicación de información clave sobre la administración municipal. Aunque el decreto del Ejecutivo sostenía que la transparencia es un valor esencial para la vida democrática, la medida recaía justamente sobre las disposiciones que obligaban al municipio a mostrar cómo administra los recursos públicos.
Para la oposición, la contradicción fue evidente: se reivindicaba la transparencia en el discurso, pero se rechazaban los mecanismos concretos para hacerla efectiva.
En diálogo con El Liberador, la concejal Marcela Elena defendió el proyecto y sostuvo que “los vecinos tienen derecho a saber cómo se administra cada peso de los recursos públicos”. Además, remarcó que la transparencia no puede depender de la voluntad política del gobierno de turno, sino que debe ser una obligación institucional.
Un veto cuestionado por los plazos
El conflicto comenzó cuando Elena recibió el veto enviado por el intendente. Casi de inmediato, la concejal presentó una nota solicitando su anulación, al considerar que había sido remitido fuera de término.
En la sesión siguiente, la edil libertaria intentó que el tema fuera tratado por el Concejo. Sin embargo, según explicó su entorno, la presidenta del cuerpo y el bloque kirchnerista no acompañaron el planteo. Los concejales de Unidos tampoco impulsaron el debate en ese momento, por lo que la discusión quedó postergada.
El tema escaló durante el fin de semana, después de que Gherardi defendiera públicamente su decisión en una entrevista radial. La aparición del intendente generó repercusiones en redes sociales, donde varios vecinos cuestionaron el veto y reclamaron que se garantice el acceso a la información pública.
Tras ese clima de presión política, en la sesión posterior fue la concejal justicialista Capelletti quien pidió tratar sobre tablas el rechazo del veto, al reconocer que el planteo sobre los plazos debía ser abordado.
Finalmente, el Concejo trató el tema y rechazó el veto del Ejecutivo por 4 votos contra 1. La votación dejó en evidencia un nuevo choque entre el intendente Gherardi y la mayoría del cuerpo legislativo. También expuso tensiones internas en el funcionamiento institucional del municipio y del Concejo.
Desde el entorno de la concejal señalaron que durante el debate hubo dudas planteadas por la propia presidenta del cuerpo sobre si el veto había sido presentado en término o no, pese a que —según la oposición— debía garantizar el respeto del procedimiento legislativo.
Uno de los puntos más sensibles fue la discusión sobre los plazos administrativos del veto. Desde el entorno de La Libertad Avanza remarcaron que el debate no debía transformarse en una forma de trasladar responsabilidades hacia los empleados del Concejo o de la Municipalidad, sino en una discusión institucional sobre la actuación del Ejecutivo y de las autoridades políticas.
Para la oposición, tanto el intendente Martín Gherardi como la presidenta del Concejo debieron preservar el rol de los trabajadores administrativos y asumir la responsabilidad política del trámite. En ese sentido, advirtieron que cualquier intento de justificar el veto fuera de término podía terminar dejando bajo sospecha a empleados que sólo cumplen funciones administrativas, cuando la discusión central era otra: si el Ejecutivo había actuado dentro de los plazos legales correspondientes.
Transparencia contra discrecionalidad
El rechazo del veto dejó al descubierto uno de los principales ejes del conflicto político en Pueblo Esther. Mientras el Concejo avanzó con una norma para ampliar el acceso a la información pública, el Ejecutivo intentó dejar sin efecto las obligaciones de publicar datos sobre el manejo de los recursos municipales.
De este modo, la ordenanza ratificada obliga al municipio a transparentar información sensible sobre la gestión, con el objetivo de que los vecinos puedan conocer de manera clara cómo se utilizan los recursos públicos.
El mensaje político que dejó la sesión fue claro, la transparencia no puede ser declamada sólo en los discursos; debe quedar escrita, cumplirse y estar a disposición de los vecinos.
