La Justicia reabrió la causa contra Fernando Espinoza y el intendente K irá a juicio por presunto abuso sexual
La Cámara de Casación revocó el sobreseimiento que había favorecido al histórico jefe comunal de La Matanza y ordenó que se realice el juicio oral por la denuncia presentada por su exsecretaria Melody Rakauskas.
La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional revocó el sobreseimiento que había beneficiado al intendente kirchnerista de La Matanza, Fernando Espinoza, y ordenó que la causa por presunto abuso sexual avance a juicio oral.
La decisión también restituyó a Melody Rakauskas, exsecretaria privada del jefe comunal, en su condición de querellante dentro del expediente, luego de que hubiera sido apartada por cuestiones procesales.
El fallo fue dictado por mayoría de la Sala III de Casación, cuyos integrantes concluyeron que el cierre de la causa había sido prematuro y que correspondía garantizar la continuidad del proceso para que los hechos denunciados sean analizados en un debate oral y público.
La denuncia se remonta a 2021, cuando Rakauskas afirmó que Espinoza se presentó en su departamento bajo un supuesto motivo laboral y allí habría intentado abusar sexualmente de ella. El intendente negó desde el inicio las acusaciones y sostuvo que nunca ocurrieron los hechos denunciados.
Los jueces que votaron por reabrir la causa entendieron que la denunciante atravesaba una situación de vulnerabilidad cuando quedó transitoriamente sin representación legal y que esa circunstancia no podía convertirse en un obstáculo para impedir que la investigación llegara a juicio.
En consecuencia, dejaron sin efecto la resolución del Tribunal Oral que había dispuesto el sobreseimiento por una cuestión vinculada con la continuidad de la querella y ordenaron que el debate oral se realice “a la mayor brevedad”.
La resolución representa un nuevo revés judicial para uno de los dirigentes más poderosos del peronismo bonaerense. Espinoza gobierna La Matanza, el principal bastión electoral del kirchnerismo, desde hace más de una década y ha sido una de las figuras de mayor peso político dentro del PJ provincial.
Si bien la decisión de Casación no implica una declaración de culpabilidad, sí deja en claro que existen elementos suficientes para que el expediente sea analizado en un juicio oral, donde deberán producirse las pruebas, declarar los testigos y determinarse si los hechos denunciados ocurrieron o no.
Con este fallo, la Justicia echó por tierra el intento de cerrar definitivamente una causa de alto impacto político y devolvió el expediente al camino que había reclamado la denunciante: que un tribunal oral examine las pruebas y dicte una sentencia luego del correspondiente debate público.
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