Vergüenza: Cristina Kirchner denunciará al Estado argentino por presunta violación de DDHH
En una maniobra inadmisible, la expresidenta, sentenciada a seis años de prisión por saquear al Estado, demanda a la Argentina. El eterno manual del populismo: victimizarse internacionalmente para no pagar por sus delitos.
Apenas ha pasado un año desde que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena contra Cristina Fernández de Kirchner, y el cinismo de quien fuera la máxima autoridad del país parece no tener límites. La historia es conocida, las pruebas fueron irrefutables y los fallos son claros como el agua: fue hallada culpable de administración fraudulenta en la causa Vialidad, sentenciada a seis años de prisión y, lo que resulta fundamental para la salud moral de la República, inhabilitada de forma perpetua para ejercer cargos públicos.
Sin embargo, en lugar de aceptar su destino, hacer un genuino mea culpa y pedir perdón a los millones de argentinos empobrecidos por el saqueo sistemático de las arcas públicas durante sus gestiones, la exmandataria ha decidido protagonizar un nuevo y dantesco acto de victimización: demandar al Estado argentino ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Es, lisa y llanamente, una vergüenza nacional. Mañana miércoles a las 11 de la mañana, en un lujoso hotel del microcentro porteño, su batallón de abogados —Carlos Beraldi, el exjuez español Javier Borrego y la nueva adquisición, el jurista brasileño Rafael Valim (Abogado de Lula Da Silva) — anunciarán formalmente los detalles de esta «Comunicación Individual». ¿El objetivo de este circo? Cuestionar la validez de un proceso judicial transparente, largo y exhaustivo en el que fiscales valientes como Diego Luciani y Sergio Mola demostraron hasta el hartazgo el desvío de fondos millonarios para favorecer a su socio, cómplice y testaferro, el empresario Lázaro Báez.
El manual de la impunidad: robar y victimizarse
La estrategia que hoy presenciamos es tan predecible como repudiable. Es el modus operandi clásico de la izquierda: cuando la Justicia finalmente los alcanza y la impunidad se resquebraja, los dirigentes del populismo y la izquierda regional siempre recurren a la misma farsa argumentativa. Gritan «¡Lawfare!», denuncian persecuciones políticas ficticias, hablan de absurdos como un «machismo judicial» y, en su acto más bajo, corren a esconderse bajo las faldas de los organismos internacionales de Derechos Humanos.
Utilizar una plataforma histórica diseñada para proteger a verdaderas víctimas de atrocidades, guerras y terrorismo de Estado para intentar salvar a una funcionaria condenada por robarse el dinero de los contribuyentes es un insulto a la memoria y a la inteligencia de los ciudadanos de bien. Al catalogar su proceso por corrupción como una «violación a los derechos humanos», el kirchnerismo bastardea una causa noble únicamente para garantizar su propia supervivencia política.
En su reciente y delirante carta abierta, la expresidenta tiene el tupé de afirmar que «no vienen por ella, sino por el pueblo», por los salarios y por «la voluntad soberana». Es una mentira burda. A Cristina Kirchner no se la juzgó por sus ideas políticas ni por ser mujer; se la juzgó y se la condenó con peritajes, cruces telefónicos y testimonios por liderar una matriz de corrupción que desangró económicamente al país. Intentar disfrazar los delitos tipificados en el Código Penal como un «costo democrático» representa una verdadera traición a la patria y a los intereses de la Nación.
El espejismo brasileño y la realidad argentina
Para orquestar este show internacional, el entorno de Kirchner contrató a Rafael Valim, especialista en la falacia del «lawfare» y abogado que intervino en la defensa de Luiz Inácio Lula da Silva. Pretenden calcar de forma burda el libreto del Lava Jato brasileño, buscando que la ONU emita alguna recomendación favorable para luego presionar y ensuciar a la Justicia local.
Pero los hechos son obstinados y los propios especialistas internacionales ya advierten sobre lo inviable del reclamo. Los casos son diametralmente opuestos. Mientras que en Brasil el máximo tribunal anuló los procesos alegando cuestiones de competencia jurisdiccional, en Argentina, la Corte Suprema de Justicia ha confirmado todo el debido proceso. Hubo absoluto derecho a defensa y un tribunal (el TOF 2) compuesto por jueces probos como Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso que fallaron conforme a derecho. Los dictámenes de la ONU no son jurídicamente vinculantes para anular sentencias en nuestro país, por lo que esta movida no es más que un costoso artificio diplomático.
El insultante privilegio de la prisión domiciliaria
Por si fuera poco, trascendió que esta presentación ante Naciones Unidas también buscaría cuestionar las «restricciones» de su prisión domiciliaria. Recordemos los hechos: Cristina Kirchner cumple su condena cómodamente refugiada en su opulento piso de San José 1111, en el exclusivo barrio de Recoleta.
Quejarse por tener que portar una tobillera electrónica y por las lógicas limitaciones para recibir a su séquito de aduladores en su departamento —mientras millones de argentinos de a pie madrugan todos los días, viajan inseguros y no llegan a fin de mes producto de la ruina inflacionaria que sus gobiernos engendraron— es una provocación imperdonable. Es reírse en la cara de la sociedad.
Un show desesperado para la tribuna
En el fondo, este reclamo ante la ONU no es más que el manotazo de ahogado de un proyecto político en decadencia. Sabiendo que el frente judicial interno está clausurado y que la inhabilitación perpetua la deja fuera del tablero electoral (y de las cajas del Estado) para siempre, busca desesperadamente un salvavidas retórico en el exterior para mantener encendido el fanatismo de su núcleo duro. El comité «Cristina Libre» y estas apelaciones son puro humo para la tribuna: un intento patético de reescribir la historia donde los victimarios más grandes del país exigen ser tratados como mártires.
Pero la Argentina ya despertó y no come vidrio. La condena por administración fraudulenta es una realidad insoslayable y una victoria de la República. Ninguna carta abierta, ninguna queja ante la ONU y ningún bufete de abogados extranjeros podrá borrar el inmenso daño moral, institucional y económico que le infligieron a nuestra Patria. La Justicia ya habló, y el veredicto de la historia y de la sociedad ya los ha condenado.
